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El nombre del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue pisoteado, satanizado y muy probablemente difamado durante los últimos dos años, todo con el objetivo de sepultar al uribismo como el movimiento en torno al cual se agrupaba la derecha colombiana para abrirle camino a la izquierda en su propósito por hacer con el poder. Logrado el objetivo político comienza a caerse lo que podría calificar como un montaje, guerra jurídica o venganza contra el hombre que acorraló militarmente a la narcoguerrilla de las FARC con su política de Seguridad Democrática. Este lunes, a menos de una semana para la toma de posesión de Gustavo Petro, la Fiscalía radicó una nueva solicitud de preclusión del caso sobre supuesto soborno y manipulación de testigos por falta de pruebas. La infamia de la serie Matarife también fue puesta al descubierto hace menos de dos semanas por parte de la Corte Constitucional.
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Mediante un comunicado, la Fiscalía de Colombia señaló este lunes que tras haber tomado 14 declaraciones, haber interrogado a Uribe y haber practicado otra serie de pruebas durante más de tres meses, el organismo concluyó una vez más que no hay causas para investigar al exmandatario. El pasado 27 de abril, el juzgado 28 penal del circuito de Bogotá, a cargo de la juez de conocimiento Carmen Helena Ortiz, había negado la preclusión solicitada previamente y había pedido presentar un escrito acusatorio contra el expresidente o apelar la sentencia.
#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/ins4MgON8c
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 1, 2022
Fiscalía no tiene pruebas suficientes contra Uribe
Tras descartar la apelación, la Fiscalía asegura ahora que “atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva”.
De esta manera, el ente acusador reitera que no hay pruebas suficientes para acusar al exmandatario por supuesto soborno y manipulación de testigos y que se debe precluir el proceso, al determinar que las evidencias no han demostrado que Álvaro Uribe hubiera participado activamente en los hecho por los que el senador izquierdista Iván Cepeda pidió investigarlo.
Todo comenzó en 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe interpuso una denuncia contra Cepeda por presuntamente haber ofrecido beneficios a presos para que declararan contra él en procesos relacionados con paramilitarismo. Pero luego de seis años de investigaciones, el caso dio la vuelta y se volcó contra el exmandatario. La Corte Suprema comenzó a investigar a Uribe por el mismo delito que investigaba a Cepeda. Según la Corte, el expresidente habría intentado manipular a testigos por intermedio de su abogado, Diego Cadena, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado contra Uribe.
Irregularidades judiciales e intereses políticos
Se trata de un proceso plagado de irregularidades desde sus inicios. Entre estas destaca el hecho de que el magistrado que llevaba su caso en la Corte, César Reyes, considerado el principal “perseguidor” de Álvaro Uribe, es cercano de la esposa de Iván Cepeda. Adicionalmente, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, denunciante contra Uribe, ha sido apoderado de Iván Cepeda y al mismo tiempo del testigo Juan Guillermo Monsalve, según afirma en una columna la abogada Ana María Abello.
El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema le dictó una medida de aseguramiento que mantuvo al expresidente bajo arresto domiciliario por más de dos meses, hasta que el Juzgado 30 de Control de Garantías falló a favor de su liberación. El caso ha mostrado tener más visos políticos que jurídicos. Sacarlo de juego con miras a las elecciones presidenciales de este 2022 –en las que fue electo el izquierdista Gustavo Petro– era el principal objetivo de la izquierda, pues Álvaro Uribe destacaba como el político con mayor influencia en el país en este siglo. No solo gobernó Colombia en dos periodos (entre 2002 y 2010) sino que también logró llevar al poder a sus sucesores: Juan Manuel Santos (quien posteriormente rompió con Uribe) e Iván Duque.
La infamia de Matarife
La serie audiovisual Matarifeː un genocida innombrable, de Daniel Mendoza, también hizo su parte en estos últimos dos años en el proceso de satanización del uribismo emprendido por la izquierda. El periodista, escritor y abogado colombiano relaciona en su serie la vida del expresidente con redes criminales y lo tilda de «genocida», «asesino» y «narcotraficante». Sin embargo, el pasado 22 de julio, la Corte Constitucional determinó que la información difundida en dicha serie «no satisface los principios de veracidad e imparcialidad», por lo que Mendoza deberá hacer una rectificación de manera personal y pública por orden de la justicia, la cual deberá difundir con el mismo despliegue publicitario con el que promocionó su serie Matarife.
Son dos decisiones de la justicia colombiana en las últimas dos semanas que representan sendas victorias para el exmandatario en su propósito por limpiar su buen nombre en el país. Tras la decisión anunciada este lunes por la Fiscalía, en lo jurídico, el proceso debe volver a una audiencia común y un juez debe volver a decidir si acepta la proposición del ente acusador de precluir el caso o si emite otra orden similar a la dictada por la juez Ortiz; en lo político, solo resta hacer contrapeso democrático durante los próximos cuatro años al gobierno de Gustavo Petro que se posesiona este domingo.
