El régimen de Nicolás Maduro tuvo la audacia de despertar un falso e irrisorio triunfalismo en la oposición con la victoria en apenas cuatro estados de un total de 23 –teniendo además estos gobernadores que arrodillarse ante al poder central–, con lo cual consiguió que los supuestos adversarios retomaran un discurso de confianza en la salida electoral para ilusionar a la población con un referendo revocatorio que en Miraflores representa la salvación para bañar de legitimidad a un usurpador. Así se calificó a Maduro desde 2019, cuando apegado al marco constitucional, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino. Ahora reinan la contradicción, la incoherencia, la cohabitación.
La innegable hazaña épica en el estado Barinas pudo haber llevado a algunos incautos a soñar con la posibilidad de replicar estos resultados en todas las entidades federales del país. Haber derrotado dos veces al candidato oficialista en la cuna de Hugo Chávez, derribando todos los obstáculos de la dictadura e incluso ampliando la diferencia –exponiendo así el hastío de los barinenses– fue sin duda el aliento que la oposición necesitaba para volver a creer en el voto. El problema es que bajo un sistema autoritario se vota pero no se elige. Y si bien la oposición ha conseguido algunas victorias, estas solo han servido para preservar un juego político de conveniencia mutua. El régimen se ha permitido ceder algunos espacios solo para proyectar una imagen de aparente normalidad democrática, mientras la oposición a la medida recibe algunos recursos acostumbrándose a ser siempre oposición.
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¿Con un pie en la cárcel?
Pero cuando la permanencia en Miraflores está en juego la historia es otra. El Consejo Nacional Electoral (CNE) designado ilegítimamente por el chavismo aprobó esta semana tres solicitudes de inicio del procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Lo hizo justo después de las elecciones regionales en las que se impuso el oficialismo en 19 de los 23 estados del país y tras haber logrado despertar en la oposición la ilusión de la vía electoral. De más está decir que el régimen no es tonto, pues no permitiría la celebración de una votación que pudiera desalojarlo del poder y enviar a la cárcel a la cúpula chavista solicitada por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Esta es sin duda la principal razón para desconfiar de este revocatorio contra Maduro. Y así lo resaltó esta semana el exrector del CNE, Vicente Díaz, en una entrevista en Globovisión. “¿En qué cabeza cabe que una persona que tiene una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza que le pusieron los gringos –vaya usted a saber por qué– va a aceptar salir del poder mediante un referendo revocatorio sin haber una conversación, una negociación previa, sobre qué viene después?”.
Díaz explicó que este revocatorio contra Maduro no es conveniente ni viable porque sería la oportunidad para el régimen tener a la oposición distraída durante un periodo que podría ir de cuatro a seis meses “persiguiendo a un unicornio que no se va a dar”, lo cual generaría además una diatriba entre por qué ir y por qué no ir a dicho revocatorio.
Promotores de dudosa afinidad
Las solicitudes aprobadas estas semana por el ente comicial fueron impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejuntas. En cuanto a la primera asociación hay varios datos curiosos que vale la pena considerar. Uno de sus principales promotores es el politólogo Nicmer Evans, quien militó en el chavismo hasta 2013.
Llama la atención que entre los usuarios que siegue la cuenta de Twitter del movimiento Mover se encuentra el recién electo gobernador de Barinas, Sergio Garrido, quien tardó menos de 48 horas en reconocer a Nicolás Maduro como presidente. También aparecen en la lista de políticos seguidos por esta cuenta supuestos dirigentes de la coalición opositora como Jesús ‘Chuo’ Torrealba, Pedro Pablo Fernández y César Pérez Vivas. Además despierta suspicacia que entre los promotores de este revocatorio contra Maduro destacan exmilitantes chavistas y organizaciones políticas de izquierda como el Partido Comunista de Venezuela.
Contradicciones e incoherencias
Adicionalmente, promover un referendo revocatorio contra Maduro constituye una contradicción en sí misma para los opositores que forman parte o respaldan el gobierno interino de Juan Guaidó, pues la conformación de esta presidencia encargada surgió del planteamiento contemplado en la Constitución de que existe un vacío de poder y, por lo tanto, en el país no hay presidente sino un usurpador en el cargo.
En esta misma línea habría que considerar que la solicitud de este revocatorio está siendo aprobada por un organismo electoral considerado ilegítimo por haber sido designado de forma irregular por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista y no por la Asamblea Nacional como establece la Constitución. Una contradicción tras otra.
El fantasma de Smartmatic y la larga lista de obstáculos
Y tampoco se puede olvidar la experiencia en materia de revocatorios presidenciales en Venezuela bajo el arbitraje del CNE. Por ejemplo, en 2016, cuando se había cumplido la mitad del primer mandato de Nicolás Maduro, ni siquiera se consiguió convocar al referendo debido a la larga lista de obstáculos puesta por el régimen haciendo uso del Poder Electoral y del Poder Judicial a su servicio.
En 2004 se logró llevar a cabo un revocatorio contra Hugo Chávez, pero los resultados ofrecidos 10 horas después de haber cerrado las mesas de un proceso simple y automatizado, con el que se estrenó la polémica empresa Smartmatic, dejaron un sabor amargo por la sospecha de haberse cometido un fraude masivo con las máquinas de votación que se utilizaban por primera vez.
Aunque no fue posible comprobar la presunta manipulación de datos, el historial de irregularidades que rodea a esta compañía ha avivado a lo largo de los años la desconfianza, sobre todo por el hecho de que en 2017 admitió que durante la elección de la Asamblea Constituyente madurista celebrada ese año el proceso fue manipulado por lo menos en un millón de votos.