La censura impuesta por las Big Tech al expresidente Donald Trump y sus seguidores abrió un intenso debate en el que la libertad de expresión reclama prioridad sobre las reglas del libre mercado. Las empresas que han estado asumiendo un rol de tribunales supremos de la verdad no tendrán la última palabra. Los Estados podrán legislar en esta materia y Polonia dio el primer paso.
Una propuesta legislativa en Polonia permitirá imponer multas de hasta 13,5 millones de dólares a cualquier plataforma que elimine publicaciones o prohíba comentarios por razones ideológicas, a menos que el contenido también sea considerado ilegal por la legislación polaca.
La información la dio a conocer el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, en entrevista concedida Fox News, en la que expresó que la censura de las redes sociales ha apuntado directamente contra los conservadores y contenidos con valores cristianos y tradicionales.
“Hemos visto que cuando los gigantes tecnológicos deciden eliminar contenido con fines políticos, se trata particularmente de contenido que elogia los valores tradicionales o el conservadurismo y se elimina bajo su política de incitación al odio, cuando no tienen derecho legal para hacerlo”.
Esta propuesta de Polonia viene motivada por el hecho de que el país pasó 45 años bajo el comunismo, una experiencia que según el alto funcionario, ha enseñado a los polacos el valor de la libertad de expresión. Sebastian Kaleta sostiene que no les corresponde a moderadores anónimos que trabajan para empresas privadas definir los límites de la libertad de expresión.
“Resulta muy perturbador porque si las Big Tech se ven a sí mismas como organizaciones lo suficientemente empoderadas como para bloquear a un presidente de los Estados Unidos en funciones, están enviando al mundo: ‘podemos prohibir cualquier cosa, cuando queramos’”.
Así empezó la censura
El seguimiento estricto a las publicaciones del expresidente Donald Trump en las redes sociales comenzó durante la campaña electoral. Después que anunciara un presunto fraude en las elecciones del 3 de noviembre aumentó la censura en Twitter. La plataforma de Jack Dorsey se dedicó a etiquetar como “información falsa” casi todos los tuits del entonces presidente en funciones.
Pero fue el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero el episodio que sirvió como excusa a las Big Tech para llevar la censura a su máximo nivel. Twitter eliminó de manera permanente la cuenta de Trump estando aún en la Casa Blanca. De igual manera, Facebook –aunque de una manera más sutil– prohibió de forma indefinida las publicaciones de Trump, lo cual extendió Mark Zuckerberg a Instagram, también bajo su poder. De inmediato se sumaron YouTube y Snapchat con medidas similares.
Silenciar a conservadores
Trump no fue el único afectado. Fueron al menos 70000 cuentas las que Twitter eliminó por presuntamente estar asociadas con el movimiento QAnon. Muchos dirigentes republicanos comenzaron a denunciar como perdían seguidores luego de la medida aplicada contra el ahora expresidente.
“Tristemente, esta no es una táctica nueva de la izquierda. Trabajaron durante años para silenciar las voces de quienes se oponen”, denunció el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo.
El senador republicano, Ted Cruz, también expresó su preocupación por la censura selectiva en las redes sociales. “¿Por qué un puñado de multimillonarios de Silicon Valley tienen el monopolio del discurso político?”.
La persecución fue más allá. Ante la migración de usuarios hacia Parler, una red social alternativa a Twitter creada por conservadores, Google y Apple decidieron eliminar esta aplicación de sus respectivas tiendas de descarga, Google Play y AppStore, ante el temor de que Trump hiciera de esta plataforma su nueva trinchera. Incluso Amazon eliminó a Parler de los servidores, quedando suspendida por varias semanas, hasta que hace poco días logró estar nuevamente en línea, y el presidente interino de la empresa, Mark Meckler, aprovechó para invitar a Donald Trump a sumarse.