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Resignación, hastío, frustración. Esa es la connotación que ha adquirido para los venezolanos lo que solía ser una fecha de celebración. Un 23 de enero –hace 63 años– se abrió un nuevo capítulo en la historia de Venezuela con la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. El llamado Pacto de Punto Fijo dio inicio a un proceso democrático que era ejemplo para la región. Pero la ilusión duró poco.
Aquel rico y pujante país petrolero pronto se infectó con el peor de los males: la corrupción. Añorando la mano dura del último dictador, los venezolanos apostaron nuevamente por un caudillo militar. El remedio resultó peor que la enfermedad. Dos décadas después, con un inepto heredero al mando, lo corrupción no ha dado tregua. Pero ahora no vino sola. Arrastró consigo una aguda escasez, pobreza extrema, desnutrición y hasta la destrucción de la llamada “gallina de los huevos de oro”: la industria petrolera.
Fue otro 23 de enero –pero hace dos años– cuando una decepcionada sociedad civil recobró la esperanza. El opositor Juan Guaidó era el nuevo mesías. Envalentonado por un enorme respaldo internacional, el nuevo líder desafió con admirable coraje al feroz régimen de Nicolás Maduro y –con la Constitución en manos– invocó un vacío de poder generado por una ilegítima elección y se juramentó como presidente interino de Venezuela. Una vez más, la ilusión duró poco. El heredero de Hugo Chávez encontró competencia a su ineptitud. Y la corrupción que tanto se prometía combatir terminó siendo moneda corriente de ambos lados.
Como un mantra, el Gobierno interino repitió una y mil veces que devolvería la democracia a Venezuela en tres pasos: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Nada de eso ocurrió. El periodo de la Asamblea Nacional (AN) venció y el régimen se apoderó nuevamente del parlamento. Por el otro lado, los diputados opositores acordaron extender el mandato de la AN electa en 2015 a través de una Comisión Delegada. Ahora no solo hay dos mandatarios y dos tribunales supremos sino también dos Asambleas, pero una misma corrupción.
Comienzan los escándalos
El motivo de celebración de este 23 de enero sigue estando ausente. La resignación, el hastío y la frustración son los sentimientos que embargan a los venezolanos ante la escasez de democracia y la abundancia de corrupción. La larga lista de irregularidades del chavismo como los casos del maletín de Antonini Wilson, PDVAL y Bariven compiten con los escándalos del interinato como el Cucutazo, Monómeros y las millonarias comisiones con el Gobierno de Paraguay.
El ingreso de la ayuda humanitaria que gestionó Guaidó fue la mayor ilusión y a la vez la gran decepción. El objetivo planteado no se logró. Y para colmo de males, la iniciativa que se presentaba como una solución a la crisis terminó convirtiéndose en el primer caso de corrupción conocido del Gobierno interino.
La organización Transparencia Internacional Venezuela detectó irregularidades en el manejo de los recursos destinados a asistir a los militares y familiares que desertaron del régimen chavista y se refugiaron en la ciudad colombiana de Cúcuta, atendiendo al llamado de Guaidó. Una investigación que se inició a raíz de un reportaje publicado por PanAm Post. En sus conclusiones, la ONG confirmó que hubo inconsistencias en el manejo de los fondos por parte de los enviados especiales del presidente interino.
Un entorno corrupto
Gracias al reconocimiento internacional, Juan Guaidó logró hacerse con el control de una buena parte de los activos del país en el exterior. En Estados Unidos tomó las riendas de Citgo, la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en el extranjero; y en Colombia se puso al frente de la administración de Monómeros, una proveedora de agroquímicos. En el Reino Unido se mantiene una disputa entre la dictadura y el Gobierno interino por el oro de la nación depositado en el Banco de Inglaterra.
Este acceso a los bienes y activos de la nación en el extranjero vino acompañado de irregularidades administrativas. De acuerdo con una investigación de la periodista Patricia Poleo, la junta directiva ad hoc de la empresa colombo-venezolana Monómeros, incurrió en un mal manejo de los fondos, que se evidenció en una rendición de cuentas bastante ambigua y poco realista que mostraba inconsistencias en cuanto a las utilidades de la compañía.
Otro escándalo que involucra a la oposición dirigida por Guaidó salió de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, desde la cual se emitieron cartas de buena conducta a favor de varios empresarios vinculados con el régimen de Maduro, entre ellos su presunto testaferro, Álex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde por solicitud de Estados Unidos. En este caso que involucró a varios diputados, el principal responsable fue Freddy Superlano, militante del partido de Guaidó, Voluntad Popular (VP).
La irregularidad más reciente traspasa fronteras. Una investigación publicada por The Washington Post revela que Javier Troconis, ejecutivo petrolero designado por Guaidó como comisionado especial, propuso al Gobierno de Paraguay rebajar su deuda con PDVSA a cambio de una comisión de 26 millones de dólares por la gestión.
Operaciones fallidas
Al nefasto balance plagado de corrupción habría que sumar los fallidos intentos por lograr el prometido cese de la usurpación que solo acrecentaron los desencantos de la población. La llamada operación Gedeón, con la que supuestamente se pretendía derrocar a Maduro en mayo de 2020, involucró el pago de 50000 dólares a dos exintegrantes de las fuerzas especiales de Estados Unidos contratados por Jordan Goudreau, según reveló Juan José Rondón, quien hasta entonces se desempeñaba como estratega del Gobierno interino.
En abril de 2019 las esperanzas de salir de la dictadura chavista ya se habían ido al piso tras el fracaso de la llamada operación Libertad, que terminó con Leopoldo López refugiado en la Embajada de España en Caracas, hasta que a finales de octubre del año pasado abandonó el país con destino a la capital española, donde el fundados de VP vive hoy en una lujosa urbanización de Madrid pagando un alquiler de 10000 euros.
Abandonaron el barco
La corrupción, los fracasos y las diferencias han llevado a muchos funcionarios del Gobierno interino a presentar la renuncia a sus cargos. Entre estas dimisiones se cuentan la del procurador especial, José Ignacio Hernández; la embajadora ante la República Checa, Tamara Sujú; el embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti; el representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann; el asesor político Juan José Rendón; el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Villasmil; el presidente de PDVSA, Luis Pacheco; y la presidente de la junta directiva de Citgo, Luisa Palacios.
El balance de estos dos años del Gobierno interino de Juan Guaidó no ha sido positivo. Venezuela celebra otro 23 de enero sin haberse logrado el prometido retorno a la democracia. Los casos de corrupción han estado a la orden del día en ambas administraciones: la dirigida por Maduro y la encabezada por Guaidó. Mientras tanto, los venezolanos continúan sumidos en la miseria viendo como dos fracciones de poder que se suponen opuestas cada vez tiene más similitudes y no han hecho más que multiplicar la corrupción sin ofrecer soluciones, caminando de ambos lados sobre una delgada línea de constitucionalidad.
