La elección presidencial en Estados Unidos enfrenta este 6 de enero un nuevo desafío. Lo que tradicionalmente ha sido un mero trámite, promete en esta oportunidad un intenso debate promovido por una cuarta parte de los senadores republicanos que se oponen a avalar la victoria del demócrata Joe Biden, por considerar que existen serias denuncias de fraude que deben investigarse.
La propuesta de desafiar el resultado del Colegio Electoral ya suma 12 adeptos. El senador por Texas, Ted Cruz, publicó este sábado en su página web la declaración que presentará ante el Congreso con la firma de otros 10 legisladores. Se trata de Ron Johnson (Wisconsin), James Lankford (Oklahoma), Steve Daines (Montana), John Kennedy (Luisiana), Marsha Blackburn (Tennessee), Mike Braun (Indiana), Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Bill Hagerty (Tennessee) y Tommy Tuberville (Alabama). Los cuatro últimos resultaron electos en la elección del 3 de noviembre. Además, Josh Hawley (Misuri) había anunciado previo a esta declaración que objetaría la certificación, según publicó BBC el pasado jueves.
RELEASE: My statement in advance of the Electoral College certification process on January 6, 2021.
— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 2, 2021
“En la votación del 6 de enero tenemos la intención de rechazar como ‘adjudicados regularmente’ y ‘legalmente certificados’ a los electores de los estados en disputa (requisito establecido), a menos y hasta que se complete la auditoria de emergencia de 10 días”, se lee en el comunicado.
Piden nombrar una comisión electoral
La propuesta de este grupo de senadores republicados incluye una solicitud al Congreso para que se designe una comisión electoral, con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos, que se encargue de realizar una auditoría de emergencia de 10 días a los resultados electorales en los estados en disputa.
Una vez finalizada, los estados deberían evaluar los resultados que presente dicha comisión y podrían convocar a una sesión especial legislativa para certificar cambios en la votación, si fuera necesario.
Para este grupo de senadores, las denuncias de fraude en las elecciones, presentadas por el equipo legal del presidente Donald Trump en seis estados, son totalmente válidas y merecen ser investigadas. “Las acusaciones de fraude e irregularidades en las elecciones de 2020 superan a cualquiera que hayamos presenciado en nuestras vidas”.
La objeción a los resultados electorales durante el proceso de certificación en el Congreso no es una novedad. La declaración recuerda que existe un largo precedente de congresistas demócratas que han desafiado la elección. En la historia reciente, esta situación se ha presentado –sin éxito– en 1969, 2001, 2005 y 2017.
No obstante, en 1877 se declaró procedente la objeción por presunto fraude durante la elección presidencial en tres estados (Florida, Luisiana y Carolina del Sur). Y tal como pide ahora este grupo de senadores, el Congreso designó una comisión electoral compuesta por cinco senadores, cinco representantes a la Cámara y cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia para realizar la investigación y resolver la disputa.
El único y último poder constitucional
El proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos se inició el 3 de noviembre con la elección, pero aún no termina. El Colegio Electoral emitió el pasado 14 de diciembre 306 votos para Joe Biden y 232 para Donald Trump, con lo que parecía desvanecerse la lucha que inició en las cortes el líder republicano.
Sin embargo, Donald Trump no ha concedido la victoria a su rival. Pese a haber sufrido varias derrotas en tribunales estatales y en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el presidente en funciones no abandona la batalla judicial en su intento por demostrar que se cometió fraude en las elecciones. Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan y Pensilvania son los estados donde el equipo legal de Trump ha presentado demandas.
Este 6 de enero le corresponde al Congreso someter a votación la certificación de los resultados electorales. El voto de los congresistas es el único poder constitucional que queda para considerar y forzar una resolución sobre las múltiples acusaciones de fraude, admiten los senadores en la declaración.
“No somos ingenuos”
Frenar la certificación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos es un escenario prácticamente improbable. Las objeciones que se presenten este 6 de enero deben ser consideradas por los congresistas en un debate de dos horas, previo a la votación que requiere mayoría absoluta en ambas cámaras.
Esto lo saben los proponentes de esta moción. “No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten de otra manera”. Los senadores aclaran que no toman esta decisión para frustrar el proceso democrático sino para protegerlo.
Si bien los republicanos controlan la mayoría en el Senado, hasta el momento la propuesta de desafiar el resultado solo cuenta con el respaldo de una cuarta parte de la bancada. En la Cámara de Representantes el escenario es incluso más complejo.
Un escenario poco probable
Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, pidió a comienzos de diciembre a los integrantes del partido que evitaran forzar a los congresistas a un “vergonzoso test de lealtad” entre respaldar al presidente Trump o a los votantes, según declaraciones recogidas por BBC. Este medio también agrega que John Thune es otro republicano que ha dicho que el “resultado final es obvio” y, por lo tanto, no tendría sentido objetarlo.
En la Cámara de Representantes es incluso más cuesta arriba contar con los votos necesarios para evitar la certificación de Biden. Aunque el número de escaños demócratas se redujo el 3 de noviembre, este partido sigue manteniendo el control de la Cámara baja. Sería necesario contar con el respaldo de todos los congresistas republicanos y convencer a una docena de demócratas para alcanzar la mayoría absoluta.
La Constitución de Estados Unidos garantiza que el 20 de enero debe haber un presidente certificado para asumir el poder, incluso si el resultado electoral se impugna. Aunque luce poco probable que este 6 de enero se frene la certificación, está garantizado un intenso debate sin la censura de los grandes medios y las redes sociales que han limitado la divulgación de denuncias y opiniones sobre el tema.