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El anunciado fraude electoral de este 6 de diciembre, con el que Nicolas Maduro se haría nuevamente con el control de la Asamblea Nacional (AN), pone en un escenario complicado al Gobierno interino de Juan Guaidó. Abstenerse de participar y desconocer el resultado de esos comicios no basta. Realizar una consulta popular alternativa tampoco. Para intentar darle piso jurídico a la extensión de su mandato, Guaidó, como presidente de la AN, instalará una Comisión Delegada antes de que el chavismo se apodere en enero del Capitolio.
Fuentes cercanas al parlamento venezolano revelaron a PanAm Post que la estrategia de Juan Guaidó consiste en convocar a la Comisión Delegada –contemplada en la Constitución– e instalarla con diputados del G-4. Se le llama así al grupo de los cuatro principales partidos de oposición conformado por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
El propósito de esta estrategia no es solo político. Además de buscar convencer a la comunidad internacional de que el interinato puede prorrogarse apegándose al ordenamiento jurídico, la oposición dirigida por Guaidó procura mantener su disputa por la administración de los recursos y activos de la nación en el extranjero. Estos bienes se concentran en su mayoría en la petrolera Citgo, en Estados Unidos, y en los lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.
Una muerte anunciada
“Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy”, dijo Nicolás Maduro este miércoles con evidente ironía. Desde el pasado mes de agosto, la coalición opositora, conformada por 27 partidos, anunció que no participará en la elección de este 6 de diciembre por considerarla fraudulenta desde su convocatoria. Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el oficialismo secuestró las tarjetas de las principales organizaciones políticas para dárselas a grupos que se han aliado con el régimen.
Más allá de la cuestionada legitimidad de los diputados que resulten electos este domingo, el próximo 5 de enero vence el actual periodo constitucional de la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas al servicio de la dictadura garantizarán la instalación de los nuevos legisladores.
¿Estrategia constitucional?
El artículo 195 de la Constitución establece que “durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada”, la cual está integrada por el presidente del parlamento y los dos vicepresidentes, así como por los presidentes de cada una de las comisiones permanentes. Las funciones de esta comisión alcanzan gran parte de las funciones de la Asamblea en pleno.
Al repetirse el escenario de 2018 –cuando Nicolás Maduro se proclamó reelecto en unas elecciones no reconocidas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, permitiendo a Juan Guaidó juramentarse como presidente interino– los parlamentarios con facultad para legislar hasta la noche del 4 de enero estarían planteando invocar el vacío de poder en el Legislativo para así decretar el receso e instalar la Comisión Delegada sin tiempo definido. Cabe acotar que el receso legislativo se aplica para tiempos limitados entre los periodos de sesiones ordinarias dentro de un periodo constitucional y el actual periodo constitucional caduca el 5 de enero.
De acuerdo con el artículo 196 de la Carta Magna, la Comisión Delegada tiene entre sus funciones “convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto”. De esta manera se buscaría extender el mandato de la Asamblea en pleno con Juan Guaidó como presidente, lo que le permitiría a su vez prolongar el Gobierno interino.
La incertidumbre sobre el manto de protección de EEUU
Manejar los recursos y activos de la nación en el extranjero es vital para sostener la administración. La continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca garantizaba a Guaidó el reconocimiento de Estados Unidos más allá del 5 de enero. Así lo había garantizado el enviado espacial de EE.UU. para Venezuela e Irán, Elliott Abrams.
El nombre del próximo presidente de la Unión Americano aún no está oficialmente definido. La proyección de los medios da como ganador al demócrata Joe Biden. Sin embargo, Donald Trump sigue adelante con las denuncias de fraude y apuesta por una victoria en la Corte Suprema.
Aunque Guaidó se apresuró a felicitar a Biden antes de la votación definitiva en el Colegio Electoral y confía en que el apoyo de Washington se mantendrá intacto, los asesores del demócrata han declarado lo contrario.
Una Casa Blanca demócrata utilizaría más bien la persuasión antes que la imposición, –refiriéndose a Maduro– dijeron los asesores de Joe Biden en varias entrevistas reseñadas por el New York Times. Según la información, el exvicepresidente de Barack Obama buscaría el restablecimiento de las negociaciones directas con el régimen venezolano, haciendo a un lado a Guaidó.
Recuperar Citgo: una batalla difícil
Citgo, el principal activo en el exterior de la estatal petrolera PDVSA, y el oro depositado en el Banco de Inglaterra constituyen los bienes más valiosos de un país hundido en la miseria. En ambos casos existen procesos en tribunales internacionales en los que el Gobierno interino busca mantenerse como el legítimo reclamante.
La participación mayoritaria de Venezuela en Citgo Petroleum Corporation pende de un hilo. El pasado mes de octubre, una jueza federal de Nueva York dictaminó que los Bonos 2020 de PDVSA son “válidos y exigibles”. Con esto, los acreedores de dichos bonos podrán apoderarse del 50,1 % de la compañía, puesto en garantía por el régimen de Nicolás Maduro para respaldar los bonos. Por el momento, Citgo se mantiene protegida por una medida del presidente Donald Trump, que vence el 21 de enero de 2021.
Banco de Inglaterra: el camino al dorado
El control sobre el oro de la nación depositado en el Banco de Inglaterra se decidirá en el Tribunal Superior de Londres. Las reservas valoradas en unos 1300 millones de dólares estuvieron en manos de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el Gobierno interino hasta el pasado 5 de octubre, cuando el Tribunal de Apelaciones revirtió el dictamen que favorecía a Guaidó, sin dejar claro aún sobre quien recae la administración de los lingotes.
Tras este fallo, la junta chavista del BCV demandó al equipo de Guaidó un pago de 400.000 libras (540.000 dólares) por costas judiciales con el aval del tribunal. La junta designada por Guaidó no se rinde. El pasado 6 de noviembre introdujo un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo británico.
La batalla por el oro venezolano no termina. Dependerá de quién reconozca el gobierno británico ante el tribunal como presidente de Venezuela para que la justicia tome una decisión. Es por esto que a Juan Guaidó le urge aplicar una estrategia jurídica que le permita seguir siendo reconocido como presidente interino. De lo contrario, los acreedores del Bono 2020 emitido por Maduro se quedarán con Citgo y el oro de la nación quedará en manos de los mayores saqueadores de la historia de Venezuela.
