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Un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentado este miércoles concluye que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa son responsables de crímenes de lesa humanidad, reseñan las agencias EFE y AFP. Como dato curioso e insólito, la ONU reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, lo que le ha permitido tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos del organismo.
El informe lo presentó una misión internacional a la que la ONU le encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esto ocurre justo dos días después de que esta organización anunciara la renovación del Memorando de Entendimiento con la dictadura venezolana para aumentar la cooperación en materia humanitaria.
“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Políticas de Estado
Agrega en el informe la presidente de la misión, Marta Valiñas, que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
Siendo incluso más preciso, la misión afirma que “tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”.
El documento ofrece una amplia información que “demuestra que las autoridades del Estado –tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
Crímenes coordinados
Las entidades de seguridad estatal que perpetraron las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas en el informe fueron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También se incluyen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las policías estatales y municipales.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que por cierto, la dictadura Venezuela tiene un puesto permanente.
Actuación tímida e incoherente
La actuación de la ONU en el caso de Venezuela ha sido tímida e incoherente. El pasado lunes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció la renovación del Memorando de Entendimiento para aumentar la cooperación humanitaria con el régimen de Nicolás Maduro.
El pasado mes de julio, Bachelet criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”. No obstante, dos meses después Bachelet hizo la insólita petición a Maduro de que ofrezca “transparencia y confianza” para que haya una alta participación en el fraude electoral del 6 de diciembre.
La misión internacional presentó en esa oportunidad un exhaustivo informe de 443 páginas en el que se evaluaron 2 891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
El organismo alegó que esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que el régimen no respondió a las reiteradas solicitudes y el extenso informe se quedó como muchos, solo en el papel.
Pese a los graves crímenes y violaciones de la dictadura documentados por la ONU, este organismo sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, quien se proclamó reelecto en unas “elecciones” sin observación internacional ni participación opositora que no avalan más de 60 países.
La mayor contradicción ocurrió en octubre de 2019, cuando gracias al reglamento de la organización y el reconocimiento a Maduro como presidente, la dictadura venezolana se convirtió en estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022.
