English Version
Human Rights Watch (HRW) acusa a la dictadura de Nicolás Maduro de usar las medidas para evitar la propagación del coronavirus como una excusa para arreciar la represión. La organización alerta que las personas detenidas por presuntamente violar la cuarentena están siendo imputadas por delitos previstos en la “ley contra el odio”.
En un comunicado publicado en su portal oficial, HRW indicó que las autoridades al mando de Maduro han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y a políticos desde que se declaró el estado de excepción por la emergencia sanitaria: «A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ‘ley contra el odio’ absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia».
Represión «con mayor ferocidad»
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, recordó que la represión y las torturas no son una práctica nueva en la Venezuela chavista, pero advirtió que durante la pandemia la situación ha empeorado.
«El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tiene facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos».
Uso ilegal de los colectivos
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también ha alertado sobre el empeoramiento de la situación. En julio dijo que había una «aplicación discrecional» del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales.
ACNUDH sostiene que los colectivos al mando del régimen también han intimidado y atacado a opositores, manifestaciones y periodistas durante la pandemia, atribuyéndose labores de control para el cumplimiento de la cuarentena.
Organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en las calles, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles, presuntamente por haber incumplido medidas de la cuarentena.
Decreto inconstitucional
Desde el pasado 13 de marzo rige un decreto de estado de excepción y alarma en todo el país como medida para frenar la propagación del coronavirus. El decreto se ha prorrogado en cinco ocasiones, superando el límite máximo de 60 días que establece la Constitución. Además, dicha orden ejecutiva se aplicó sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como exige la Carta Magna.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar «inspecciones» cuando las «estime necesarias» si existe una «fundada sospecha» de que se están violando las disposiciones del decreto.
Human Rights Watch advierte que en la práctica, además de las Fuerzas Armadas, la policía y las Fuerzas de Acción Especial (FAES), los colectivos también están asumiendo funciones en la aplicación del decreto. Recuerda además que el FAES ha estado implicado en ejecuciones extrajudiciales.
Discusión sobre post