Un juzgado de Estados Unidos ordenó protección de identidad de un testigo venezolano por temor a presuntas represalias de funcionarios del Gobierno interino de Juan Guaidó.
La polémica gira en torno a la emisión del bono PDVSA 2020, que comprometía 50,1% de Citgo en garantía a favor de empresas extrajeras. Por tal razón, requería de la previa autorización de la Asamblea Nacional. Esto lo explicó en una entrevista el jurista Román Duque Corredor y lo ratificó el entonces procurador del Gobierno interino, José Ignacio Hernández.
Para que PDVSA pudiera emitir deuda sin la autorización de la Asamblea Nacional, Duque Corredor explica en esa entrevista que los agentes de los bonistas intentarían “repetir los mismos argumentos que los diputados oficialistas formularon en septiembre de 2016”. Agrega que de esta manera tratarían de justificar las acciones del régimen de Nicolás Maduro orientadas a obstaculizar el ejercicio de las competencias del Parlamento.
Un comunicado del Gobierno interino publicado y comentado en la cuenta en Twitter del entonces contralor, José Ignacio Hernández, fue la manzana de la discordia.
El caso del PDVSA 2020 debería ser seguido por la comunidad jurídica venezolana: la defensa de la Constitución de Venezuela ante las Cortes de Nueva York—> https://t.co/H95xUknB6f
— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) January 20, 2020
Esto fue considerado por los defensores como un intento de intimidación de testigos. Inicialmente la jueza Katherine Polk Failla del juzgado del Distrito Sur de Nueva York desestimó el caso. Finalmente el pasado 7 de julio, Polk falló a favor de los defensores, ordenando la protección de identidad del testigo.
Tras haber revisado los documentos consignados por la defensa y considerando que la presunta intimidación proviene de funcionarios de un Gobierno, la corte determinó que había suficientes evidencias de perjuicio potencial.
Panam Post se comunicó con el Gobierno interino pero dar espacio a su versión pero la decisión fue no ofrecer declaraciones al respecto.