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Son muchas las preguntas sin respuesta tras de los resultados electorales del 13 de marzo, las mismas que hoy ensombrecen las elecciones presidenciales de mayo, un proceso con demasiados ruidos presagiando desastre, porque “cuando el río suena, piedras lleva”, con el agravante de ser una elección estratégica, para preservar la democracia o, Dios no lo quiera, para darle paso al progresismo comunista que ha fracasado estruendosamente en la región.
Ruidos que vienen de la contratación del proceso ¿Por qué el contrato de compra del software que consolida el escrutinio se entregó, por vía de “selección abreviada” por razones de seguridad nacional, al contratista que lo alquilaba desde hacía varios años, la firma española INDRA?
¿Por qué el estudio de mercado para establecer el valor de ese contrato —27000 millones— se hizo con cuatro empresas, tres sin ninguna experiencia en temas electorales y la ya mencionada INDRA? ¿Por qué no se tuvo en cuenta el antecedente del sabotaje al software de INDRA en 2014, establecido con claridad por el Consejo de Estado?
¿Por qué un exempleado de INDRA y de Thomas Greg, “aterriza” en la Registraduría como director Nacional del Censo Electoral y luego Gerente de Informática? Ante los medios el Registrador respondió que, primero, Campo “…no interviene en la ejecución del software de escrutinios y consolidación de datos”; entonces, ¿Qué hace en la Registraduría un director de Informática?; y segundo, que “no tenía impedimentos” para ser nombrado, algo posible en el país donde poco importan los impedimentos “éticos”.
El contrato, por ¡1,2 billones!, para la logística de las elecciones de 2022, lo ganó la unión temporal DISPROEL, que lo ejecuta desde hace diez años ¿A nadie le parece extraño que nadie pueda competirle? ¿Qué ha pasado con las denuncias de los competidores, siete en este último contrato, sobre condiciones amarradas para que gane DISPROEL?
¿A nadie le parece extraño que DISPROEL, esté controlada por Thomas Greg & Sons, la empresa de la que Santos fue miembro de Junta Directiva entre 2002 y 2006, cuando renunció para asumir el Ministerio de Defensa, del cual salió directo a la campaña y la presidencia, a devolver favores con la continuidad garantizada de billonarios contratos?
Ruidos que vienen de los “aterrizajes”, como el de la “Internacional Progresista”, una ONG de izquierda disfrazada de observadora internacional y traída por Petro para influir en las votaciones, acusando al gobierno de “represión militarizada” y de “campañas de exterminio”. ¿Por qué al CNE le pareció suficiente una “amonestación”? ¿Por qué la Cancillería no la expulsó del país?
¿Por qué también “aterriza” en la embajada rusa en Colombia el señor Tarantsоv, el mismo que el gobierno de Washington echó de su país por interferir en las elecciones presidenciales de 2016? ¿Qué ha hecho la cancillería al respecto?
Y para aterrizajes sospechosos, el del secretario y amigo de Santos a la antípoda ideológica de su patrón, el Pacto Histórico de Petro, principal beneficiario del millón de “errores” del 13 de marzo.
¿Por qué la Procuraduría, que le abrió indagación al registrador, no hace lo propio con los miles de jurados que asaltaron ese proceso, todos funcionarios públicos disciplinables?
Miles de víctimas de la ola invernal —mi solidaridad con ellas— saben que al desastre lo precede el ruido ensordecedor de la avalancha, apenas con tiempo para salvar la vida misma.
Como sucedió en Bolivia y Perú, y como lo viene denunciando María Fernanda Cabal, el ruido sobre las elecciones de mayo es ensordecedor, poniendo a la democracia y la libertad en riesgo de quedar sepultadas por la avalancha de la dictadura.
