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En diciembre de 2017, y después de una larga batalla jurídica por parte de la familia de Álvaro Gómez Hurtado, la Fiscalía decidió declarar de lesa humanidad el magnicidio del político conservador y fundador del Movimiento de Salvación Nacional.
Esa fecha es importante, porque, después de 22 años de “ires y venires” de la justicia, por fin se podría abrir camino la verdad, que apuntaba a un “crimen de Estado” en medio de los escándalos del Proceso 8.000, como relata Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo mataron?
La investigación avanzaba, pero, tres años después y a 25 del magnicidio, se desencadena, como de la nada, una serie de sucesos, por demás sospechosos, que cambiaron el rumbo al caso. El primero fue, en septiembre de 2020, una reunión en casa del exministro Cristo, con su exjefe Santos, el senador Cepeda y los exguerrilleros Timochenko y Lozada, ante la cual salió al baile Piedad Córdoba, con unos trinos sobre la presunta responsabilidad de las FARC en el asesinato.
No había terminado ese septiembre, cuando el entonces partido FARC, como “saliendo al paso” y dizque arrepentido, le envía una carta a la JEP, su “justicia de bolsillo”, asumiendo la responsabilidad del magnicidio. Como quien dice, “caso cerrado”.
En noviembre, y después de un jueguito de sí-digo-pero-no-digo, alias “Teodora” sale con una historia increíble: Cualquier día, toca a su puerta un exguerrillero de las FARC y le suelta, así nomás, que él fue quien disparó y que, por esa razón, Lozada lo quería matar.
Lozada, por su parte, confirmó ante la JEP su escalofriante confesión: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”, que mandaría a cualquiera a la cárcel y no al Senado, al tiempo que desmintió a Piedad, asegurando que los cuatro “gatilleros” estaban muertos. Afirmó, además, que recibía órdenes del “Mono Jojoy” e involucró a otros mandos que supieron del operativo, algo que uno de los mencionados, comandante del frente 22, negó rotundamente.
En fin, que la orden la dio el Secretariado, que la dio Jojoy; todo un juego de contradicciones al que ayudó Timochenko, afirmando que ese tema nunca se discutió en el Secretariado, y algo que ni él mismo puede creerse: que no sabía cómo funcionaba la Red Urbana Antonio Nariño, y solo se enteró por las declaraciones de Lozada ante la JEP en diciembre de 2020.
En marzo de 2021 declaró Piedad Córdoba ante la JEP, pero, ¡oh sorpresa!, la red se dañó y las víctimas –la familia Gómez– no pudieron controvertir, lo que le pareció muy normal a la jueza, que acaba de negar la nulidad del proceso. Entre tanto, en febrero de este año, la Fiscalía abrió investigación y libró orden de captura contra ¡Iván Márquez!, protegido en esa “tierra de nadie” que hoy es Venezuela, donde la Interpol no lo buscará.
Quedan muchas preguntas, pero una sobre todas: ¿A quién protegen las FARC, para que, 25 años después y como “por encargo”, se autoinculpen del magnicidio y de cinco asesinatos más? Igual podían haberse echado encima 10, 15, 20, o los miles que efectivamente cometieron, y hasta crímenes ajenos, porque el Acuerdo de Paz les garantiza impunidad y todo se resuelve sembrando remolachas en cualquier huerta comunal. ¡Vaya castigo para un magnicidio!
Mi solidaridad de siempre con la familia Gómez, que fiel a su compromiso moral con el legado político de Álvaro, ha recuperado la personería jurídica del “Movimiento de Salvación Nacional”, una antorcha que se enciende en la penumbra de la política colombiana, y frente al fantasma del progresismo comunista que amenaza para 2022.
