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Para el hijo de siete años del sargento Luis Durango, el 11/9 ya no será el día en que el terrorismo golpeó a Estados Unidos, sino el día en que el terrorismo lo golpeó a él y a su familia, en Arauquita, Arauca. Nunca volverá a ver a su padre, a quien de nada le valió su experiencia militar de 14 años, frente a la emboscada artera de unos asesinos. Ese 11 de septiembre, el suboficial perdió, además, a cuatro de sus hombres y seis más quedaron heridos.
El 14 de septiembre, en el mismo departamento, la base de Fortul fue literalmente bombardeada con artefactos explosivos, afortunadamente sin éxito.
El 16 de septiembre, dos policías, Víctor y Kevin, fueron asesinados a mansalva por tres hombres, en pleno casco urbano de San Vicente del Caguán, frente a una cámara que le mostró al país las horrendas imágenes.
El 21 de septiembre, otro transporte militar fue atacado con explosivos, dejando un inmenso cráter en un camino rural de Puerto Libertador, Córdoba, y uno más profundo en las vidas de cinco familias humildes. Cinco jóvenes colombianos perdieron la vida y tres más resultaron heridos. Francisco, de 36 años, 15 de ellos sirviéndole a Colombia…, no pudo conocer a su hijo, de apenas cuatro meses en el vientre de su madre.
Al día siguiente, 22 de septiembre, otro video nos muestra a unos bandidos que bajan de una camioneta, en el puesto de control de acceso a otra base militar, también en Arauca, y disparan contra los centinelas que, no por cobardes, sino por sorprendidos, alcanzaron a huir.
El último informe del Ministerio de Defensa revela que, entre enero y agosto, 82 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados y ¡814! heridos en actos del servicio.
¿Quiénes son los victimarios? Los reportes de prensa señalan al Clan del Golfo, al frente oriental del ELN, a las disidencias, a la Héroes y Mártires, la R–40, la Miller Perdomo. ¿Acaso importa? ¿Acaso no son, como dicen en mi tierra, cucarachas del mismo calabazo?, del calabazo hediondo del narcotráfico, aunque el Gobierno las llame con el nombre aséptico de los GAO.
¿Qué enfrentamos? Una amenaza narcoterrorista del mismo nivel o peor, que la doblegada por la Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, hoy resucitada, gracias a Juan Manuel Santos y su Acuerdo ilegítimo con las FARC. Enfrentamos al narcotráfico de última generación, en guerra contra la Fuerza Pública, internacionalizado, violento y corruptor; articulado con las bandas del microtráfico, a las que financia y entrena para sembrar terror en las ciudades, con la complicidad del nuevo comunismo que, desde Cuba y Venezuela, nos empujan al despeñadero por el que ya cayeron, y de los alcaldes progresistas en Cali, Medellín y Bogotá, focos del vandalismo que prosperó con su actitud complaciente y total falta de autoridad.
Los administradores enseñan que “si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?”. Por ello se impone la restauración de la Seguridad Democrática, el fortalecimiento de la Fuerza Pública con énfasis en la inteligencia y la tecnología, y por supuesto, con la cooperación de la sociedad como respuesta a un deber ciudadano.
Los ganaderos hemos retomado ese camino. FEDEGÁN suscribió un convenio con el Ministerio de Defensa para incentivar la denuncia y para que, a través de una aplicación tecnológica, se pueda hacer seguimiento, porque si el Estado espera cooperación y denuncia, el ciudadano espera que esa denuncia avance y tenga resultados.
Nota bene: El cinismo de las FARC no tiene límite. El homenaje al Mono Jojoy es una ofensa al país y a las víctimas.
