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Los colombianos vimos la realidad de los bloqueos que la CIDH no quiso ver; la brutalidad de encapuchados que, a machete limpio, impedían la movilización de personas, mercancías, alimentos y ambulancias en carreteras y vías urbanas…
…Los colombianos sufrimos y seguiremos sufriendo las consecuencias, porque pagaremos el costo billonario de la quiebra de empresas, pérdida de empleos, desabastecimiento, paralización del comercio exterior y desestabilización económica.
Por eso insulta a la inteligencia que semejante desmadre de “terrorismo económico y social” –aunque el terrorismo no esté en su diccionario– sea calificado con el absurdo eufemismo de “cortes de ruta”, y que, además, se recomiende al Gobierno “abstenerse de prohibirlos de manera generalizada y a priori”. La CIDH no solo legitima los bloqueos y desprecia nuestras leyes, sino que, a su juicio, había que esperar a que murieran más bebés y a la parálisis del país que persiguen esos delincuentes –sí, “delincuentes”–, para prohibir y desmontar unos bloqueos que nunca debieron permitirse.
Los “cortes de ruta” de la CIDH son otro chiste macabro, como las “retenciones” de las FARC, inventadas por la JEP para subvalorar el crimen atroz del secuestro y aplicarle su figura de “mentirillas” de la “justicia restaurativa”, sinónimo de impunidad. Sin duda, dos instituciones que comulgan en el sesgo ideológico de la izquierda y, por lo tanto, ven por un solo ojo.
Para mí, la visita de la CIDH tuvo un tufillo de “trampa”. Solicitada por la izquierda, con la que se reunieron como “amigos y camaradas” en ambiente de conspiración, según relató a los medios la líder caucana Diana Perafán; esperaban que el Gobierno la rechazara, como sucedió inicialmente, para atacarlo ante el mundo. Si la aceptaba, su “evaluación tuerta” y sus recomendaciones imposibles generarían otro rechazo del Gobierno, como terminó sucediendo, para llegar a la misma estrategia de ataque y deslegitimación. De hecho, un Gustavo Petro envalentonado graduó al presidente Duque de “dictador”.
La CIDH pudo ver excesos de fuerza por parte de las autoridades, pero no el vandalismo sistemático que asoló las ciudades; sacó de la manga una presunta violencia de género en el marco de la protesta; hizo acusaciones de violencia étnica, pero no vio la de los indígenas que bloquearon y destruyeron, prevalidos de su “autonomía”; cuestionó la asistencia militar y la jurisdicción penal militar, acuso con falsedad al Gobierno de estigmatizar la protesta y a los jóvenes –un pobrecito para la primera línea– y hasta resultó siendo ¡la Fuerza Pública! la que atacaba misiones médicas y obstaculizaba el paso de ambulancias. ¡No hay derecho!
Y claro, tuvo tiempo para una “manito” descontextualizada a su protegido Petro, reiterando su esperpento jurídico de amarrarle las manos a la Procuraduría y extenderles patente de corso, como “indisciplinables”, a los funcionarios de elección popular.
Ni que decir de las recomendaciones, que parecen las exigencias del Paro, con la “neutralización” del ESMAD y el traslado de la Policía al Ministerio de Interior, como arrogantes intromisiones en los asuntos internos del país.
Con la actitud “tuerta” de la CIDH, el mundo queda con la imagen de una dictadura a lo Maduro y Ortega, que interesa a quienes promovieron la destrucción para erigirse en salvadores con el populismo socialista, algo que, después de la pandemia y el paro, el país no resistiría.
Algo que la CIDH, por supuesto, tampoco quiso ver, fue el papel de los intereses transnacionales que quieren implantar el comunismo en esta parte del mundo… y tienen a Colombia en la mira.
¡Rescatemos hoy la imagen de Colombia y, en 2022, salvemos a la patria en las urnas!
