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EnglishYa no miramos con respeto a nuestro poder ejecutivo, con afecto a nuestros legisladores, o con deferencia a nuestros magistrados. Una encuesta del 2013 del Pew Research Center dice que solamente el 19% de los estadounidenses cree que el gobierno federal hace lo correcto la mayoría de las veces, y que solo el 28% tiene una opinión favorable sobre el mismo. Las opiniones sobre el Congreso han alcanzado un nivel mínimo histórico, con solamente el 21% calificándolo favorablemente. La percepción favorable sobre la Corte Suprema también ha descendido, y solamente el 48% tiene una opinión positiva de los magistrados.
Una encuesta de Gallup es aún más crítica, mostrando “gran confianza” en la rama ejecutiva de solamente el 18%, en la legislativa 6%, y en la judicial 13%. Estos bajos niveles de aprobación no siempre han sido el caso. Por ejemplo, estadísticas presidenciales realizadas por Gallup en períodos anteriores mostraban un nivel de aprobación del 65% para el presidente Eisenhower, republicano, y 70.1% para el presidente Kennedy, demócrata.
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La desconfianza actual en el gobierno federal no augura nada bueno para el país. Sin un nivel fundamental de confianza pública, los gobiernos democráticos enfrentan notables dificultades para llevar a cabo sus funciones básicas y se les obstaculiza implementar complejas reformas económicas y fiscales.
¿Cómo se explica esta inquietante tendencia? Los derechos individuales son el principio organizacional del marco político americano. No exigimos al gobierno restringir nuestros derechos, sino que nos asegure poder ejercerlos. Así, en lo fundamental, el gobierno debe ser evaluado por la manera en que efectivamente protege y defiende las libertades individuales.
Las ideas políticas son la aplicación de las ideas filosóficas, y en décadas recientes la acción política se ha enfocado más en promulgar ideologías sociales que en reaccionar ante necesidades que amenazan nuestros derechos. En particular, el pensamiento progresista norteamericano argumenta que el poder coercitivo del gobierno debe ser utilizado para abordar directamente problemas sociales. Activistas progresistas en todas las ramas del gobierno buscan utilizar el peso de ese gobierno para lograr sus agendas ideológicas. Sin embargo no se admite que, por definición, un gobierno ampliado requiere libertades disminuidas.
Por ejemplo, todos queremos vivir en una sociedad justa, pero exigirle al gobierno que garantice una predeterminada distribución de bienes solo puede lograrse violando derechos individuales e interfiriendo continuamente en nuestras libertades. Si bajo la lógica de alguna concepción utilitaria de la felicidad, algunos bienes deben ser garantizados a algunos individuos, entonces otros individuos deben ser forzados a pagar por esos bienes. Esta concepción filosófica de los derechos es inherentemente discriminatoria, al requerir que el Estado trate a algunas personas de manera diferente que a otras. Incluso si por un instante fuera posible lograr una distribución ideal de bienes, tal distribución comenzaría a colapsar inmediatamente ante personas que preferirían ahorrar en otras medidas, o intercambiar bienes y servicios entre ellos. De manera que una distribución forzada es un objetivo inasequible.
Además, si ciertamente necesitamos un gran Estado, entrometido, coercitivo y paternalista, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad como individuos para cuidar de nosotros mismos? La concepción americana de una sociedad justa es una en la cual a la ciudadanía se le asegura la libertad de escoger cómo forjar su propio futuro sin interferencia gubernamental. Nuestras creencias sobre igualdad deberían llevarnos ineludiblemente a una política centrada en el individuo, no en colectivos, porque como individuos no aceptamos incondicionalmente una sabiduría supuestamente superior impuesta por otros.
Durante décadas, a medida que el gobierno se ha expandido, los políticos necesariamente han erosionado nuestros derechos con cada nuevo programa de gobierno, y continúan haciéndolo. Olvidan que la tarea del hombre de estado no es conducir la sociedad hacia algún objetivo individual que ellos favorecen. En la tradición americana, la tarea del hombre de estado es crear y mantener constantemente un espacio en el cual la ciudadanía pueda ejercer sus libertades y disfrutar los beneficios de sus esfuerzos.
Si el gobierno existe para proteger nuestra libertad de escoger, entonces nuestra clase política nos ha fallado al buscar satisfacer sus esquemas ideológicos a expensas de nuestros derechos. Con razón han perdido nuestra confianza y nuestro respeto.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Herald.
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