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EnglishDesde que el gobierno cubano anunció en 2006 que el octogenario Fidel Castro había transferido el poder a su hermano Raúl, ha habido especulación sobre cambios políticos y económicos en Cuba. Más recientemente algunos potenciales inversionistas extranjeros parecen creer que el gobierno cubano ha lanzado un proceso de genuinas reformas políticas y económicas. Esos inversionistas desconocen los peligros de invertir en Cuba.
En su “Índice de Libertad Económica” del 2014 la Heritage Foundation clasifica a Cuba como una de las economías menos libres, con una puntuación de 28.7, comparada con el promedio mundial de 60.3 y un promedio de 84.1 para las economías libres del mundo. El ambiente económico de Cuba continúa deteriorándose en términos de la mayoría de los factores considerados en la metodología de la Heritage Foundation, tales como libertad de comercio, libertad fiscal, libertad monetaria, y particularmente libertad frente a la corrupción.
Una importante implicación para las empresas que pretenden hacer negocios con Cuba es la corrupción oficial. Obsérvese que mi expresión no es hacer negocios “en” Cuba, sino hacer negocios “con” Cuba, ya que el gobierno cubano (entiéndase los hermanos Castro y los militares) será obligatoriamente el socio mayoritario en cualquier inversión en Cuba.
Como destaca el Índice, la corrupción oficial en Cuba es un problema serio, “con una cultura de ilegalidad en una economía ampliamente controlada por el Estado en un país donde hay muy poco respeto por el Estado de derecho”. Las empresas americanas, particularmente si cotizan en bolsa y están sujetas a una miríada de regulaciones anticorrupción y transparencia, advertirán que es casi imposible operar legalmente en tal entorno de corrupción sistémica y endémica.
Tomemos un aspecto de hacer negocios “con” Cuba para demostrar como ofende nuestros valores, nuestras leyes laborales, y nuestras expectativas de comportamiento corporativo.
Los inversionistas extranjeros operando en Cuba no pueden establecer relaciones contractuales con trabajadores cubanos. La firma extranjera tiene que negociar con el Ministerio del Trabajo un “contrato para el suministro de fuerza de trabajo”, indicando la cantidad y calificaciones de los empleados que requiere. Entonces la empresa estatal encargada de dotar con personal a las empresas extranjeras envía los trabajadores que seleccione a la firma extranjera. El empleador extranjero paga directamente a la empresa estatal en divisas o el equivalente en pesos convertibles cubanos (CUC), y entonces la empresa estatal paga a los trabajadores cubanos en pesos cubanos no convertibles (CUP). De esta manera, el Estado se queda con más del 90% de los salarios de los trabajadores.
Esta práctica, por supuesto, viola convenios de la Organización Internacional del Trabajo como esclavitud bajo otro nombre, o como el escritor cubano Carlos Alberto Montaner definió acertadamente: Cuba un estado proxeneta.
Las firmas extranjeras son obligadas a ser socios minoritarios en una relación donde el gobierno cubano — el socio mayoritario — es ferozmente hostil a la libre empresa y tiene una historia de actuaciones arbitrarias y caprichosas contra los intereses de sus socios minoritarios.
A comienzos de los años 90, después del colapso de la Unión Soviética, Cuba reestructuró su economía permitiendo limitadas inversiones extranjeras a través de ciertas asociaciones económicas. Algunos inversionistas extranjeros vieron erróneamente esas medidas como el comienzo de una genuina e irreversible transición a una economía de libre mercado.
La misma equivocación podría estar teniendo lugar ahora. A finales de los años 90 el régimen revirtió las medidas de liberalización y recentralizó el poder económico. Es posible que suceda nuevamente.
En el 2009, enfrentando un colapso en los créditos bancarios y un decreciente flujo de caja por parcas exportaciones, Raúl Castro congeló todas las cuentas bancarias de las compañías extranjeras. Al año siguiente, los bancos controlados por el Estado les ofrecieron un plan no negociable de reembolso del dinero en las cuentas congeladas en un período de cinco años. Inversionistas, cuidado.
En Cuba los inversionistas extranjeros tienen que asociarse con el gobierno cubano. Ese gobierno cubano espera que ellos generen ingresos para el Estado según sus propias reglas. Si la aventura no alcanza las expectativas del Estado, el gobierno puede terminar arbitrariamente los acuerdos y buscar otro inversionista ingenuo para el proyecto, y no existe un sistema judicial independiente donde un inversionista pueda presentar sus reclamos.
El Poder Judicial cubano se subordina al, y es dirigido por, el Consejo de Estado y por el Partido Comunista que, en la Constitución cubana, es la “fuerza dirigente superior”. Y como Karl Marx dijo claramente en su Manifiesto Comunista, “el comunismo se puede resumir en una sola frase: abolición de la propiedad privada”. Inversionistas, cuidado.
