En mi columna anterior señalé que el presidente Gustavo Petro, no obstante ser neocomunista, es un político serio porque piensa a largo plazo bajo un proyecto y una ideología claramente definidas. También señalé que su moderación en materia económica es táctica a efectos de cumplir sus objetivos políticos estratégicos de izquierda radical pues sabe que no puede hacerlo bajo un país arruinado.
El pasar de los días ha ido corroborando esta tesis. La reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda es muy de izquierda e inconveniente pero no es extremista. Habrá que ver cómo queda luego del debate parlamentario. Pero por lo que se conoce afectará el bolsillo de los colombianos más vulnerables, la inflación, la inversión, y por lo tanto, el crecimiento y el empleo.
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También tiene componentes no solo de la izquierda tradicional de intervenir excesivamente en la economía de la nación sino también de la izquierda progre que pretende intervenir excesivamente en la vida privada de los demás. En este caso, también intentan obligar a punta de impuestos a los colombianos a que consuman lo que ellos quieren.
Pero con todo y ello la reforma tributaria del ministro José Antonio Ocampo, junto a las declaraciones de la ministra de Agricultura Cecilia López para La República, muestran que la política económica y agraria de Petro no es de extrema izquierda. Al menos por ahora. Según La República, la ministra señaló que “la reforma agraria se rige dentro de las reglas del capitalismo y no se quitará la tierra a la fuerza ni decir qué tierra es productiva o improductiva, eso lo dicta el mercado”.
Y no lo es porque no es contraria a la democracia liberal, al capitalismo y a la economía de mercado. Por más de izquierda y equivocada que sea, no es contraria, por lo tanto, a la centralidad o centro político en sentido amplio.
Y ello no obstante, que la nueva ministra de Trabajo es “dirigente del Partido Comunista Colombiano”, tal como ella misma se anuncia en su cuenta de Twitter. Como era de esperarse de cualquier ministro de esa ideología, ha propuesto medidas absurdas para la realidad empresarial colombiana. En su caso propuso eliminar los contratos de prestación de servicios, en donde, por poner un ejemplo, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 97,8 % de las empresas bajo su jurisdicción son micro y pequeñas.
El presidente Petro incluso ha ido moderando su lenguaje. Salvo el ya famoso “no nos reten” con motivo de los cambios en el gobierno de Ecopetrol, que recordó el “no me rete” de Chávez, Petro se ve que ha hecho esfuerzos para enviar mensajes de moderación. Su discurso de posesión fue otra muestra de ello. Creo que sabe muy bien que cualquier otro tono hubiera encendido de nuevo las alarmas, lo cual hubiera disparado de nuevo el precio del dólar, el más eficaz jefe de la oposición que, por ahora, tiene Colombia.
Lo político, por el contrario, pareciera ser a otro cantar. Bajo el escudo de la moderación en materia económica y en el discurso, el presidente de la República pareciera adelantar, al mismo tiempo y desde ya, su agenda política radical.
Ello no solo lo indica ciertos nombramientos sino también algunos anuncios, tal como lo vimos en la columna anterior. Entre los más graves desde entonces está su llamado para que se configure una “asamblea nacional popular”. De acuerdo con Semana, Petro dijo en ese marco que “hay una parte organizada del pueblo, pero es importante para los días que están por venir aumentar la cantidad y calidad de la organización popular”.
Siguiendo con Semana, “en medio del acto ceremonial”, el presidente Petro “recibió el mandato espiritual, así como el mandato político y popular en el que se señalan una serie de peticiones para el nuevo Jefe de Estado”.
Dentro de esas solicitudes están “desmontar todos los tratados de libre comercio, con el objetivo de superar el capitalismo en todas sus versiones”. Tal como lo explico en mi libro Defensa de la libertad y de la democracia: el centro político y los extremos explicados (Editorial Cerezos, 2022), la alternativa al capitalismo es precisamente el socialismo el cual nació para superarlo y reemplazarlo, en donde el comunismo es un socialismo incluso más radical.
Pareciera entonces que la intención de Petro con la “asamblea nacional popular” es organizar “la calle” de modo que le sea lo más efectiva posible para presionar al Congreso y a las cortes para que le aprueben lo que él quiera en caso de que por los canales normales no le sea posible. En otras palabras, para someter a la democracia liberal.
Para arrodillar a las instituciones del Estado de derecho democrático seguramente se inventaría algún tipo de teoría política y jurídica rebuscada como que la “asamblea nacional popular” representa verdaderamente la voluntad popular. Como cuando se robaron el plebiscito en Colombia, y según la experiencia internacional, no habría propiamente escasez de abogados que le ayuden a defender lo indefendible.
Y es que si intentó arrodillar a la democracia liberal estando fuera del gobierno qué puede hacer pensar que no buscará ahora lo mismo ya con todo el poder de la rama ejecutiva. La “asamblea nacional popular” posiblemente será entonces la espada de Damocles de Petro a las instituciones que garantizan la libertad y la democracia en nuestro país.
Con todo, el escenario al que nos enfrentamos es afortunadamente menos dramático a corto plazo del que el entonces candidato Petro planteaba en campaña. El hoy presidente dijo entonces a Blu Radio que “al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica [porque] Colombia está en una situación de hambre”.
Pero a mediano plazo el escenario no pareciera ser mucho menos radical. Mediante la “asamblea nacional popular” el presidente Petro probablemente tendrá listos y mejor organizados sus colectivos en las calles. Como en los paros que ayudó a promover, incluso durante la pandemia, intentarían presionar a las instituciones de la democracia liberal en caso de que “lo reten” en algún aspecto que considere fundamental.
Instituciones que precisamente tienen su razón de ser histórica y filosófica en limitar el poder de cualquier gobernante para evitar que los países sean presas de regímenes extremistas como el socialismo del siglo XXI. Como lo enseña la historia, la agenda política de los comunistas no es otra que la de debilitar hasta el sometimiento a la democracia liberal. Y, ahí sí, intentar imponer el socialismo hasta donde les sea posible.
Del valor, la inteligencia, la moderación, la honradez y la cohesión de los sectores democráticos de cualquier ideología en el Congreso —en oposición o no actualmente al gobierno— y en la Corte Constitucional dependerá entonces que en 2026 sigamos viviendo en Colombia bajo una democracia liberal. Y para ello, la vigilancia e independencia de la población y de la prensa libre también será fundamental.