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La publicación del dato de crecimiento económico en Colombia generó desánimo. Aunque sabemos que la medición del PIB es muy limitada para capturar el comportamiento real de creación de riqueza en una sociedad, nos indica la tendencia general.
Ante los malos resultados, ya muchos están pidiendo una mayor intervención del Estado. No obstante, es necesario reconocer que la situación económica actual es resultado precisamente de pequeñas decisiones gubernamentales, bienintencionadas, que se fueron acumulando y que, en el agregado, han generado tales daños, que el resultado puede ser no un par de meses malos, sino una difícil crisis en los próximos años.
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Ahí está el caso del control de tasas de interés por parte del Banco de la República. Hoy se pide que se bajen las tasas, pero la verdad es que las decisiones siempre serán reactivas y, por lo tanto, equivocadas. Por definición, éstas dependen de información pasada. Por definición, no hay flexibilidad sino que todo el país debe esperar hasta la reunión de la Junta. Se teme que si el Banco central no controlase las tasas, podrían ser mayores. Pero no se piensa que esto depende de la competencia, muy limitada por demás, que deben afrontar los bancos comerciales.
Lo dicho. Intervenciones equivocadas, incrementales y generación de inmensos daños y distorsiones.
También están los programas estatales para afrontar la desaceleración (esto es, el mediocre crecimiento). El Plan de impulso a la productividad y el empleo (Pipe I y Pipe II) y más recientemente Colombia Repunta.
Aunque los tres incluyen políticas adecuadas, como alguna reducción arancelaria y tributaria, estas tienen dos problemas. Primero, son concesiones de corto plazo, mientras pasan los problemas. (¡Como si fueran un favor del gobierno y no una inaceptable intromisión en primer lugar!) Segundo, no son generales sino para beneficiar a algunos sectores y en algunos aspectos. Entre otras, por estas razones son suficientes.
(Debe señalarse que, fuera del discurso de justificación, estas medidas demuestran que incluso las autoridades son conscientes de lo indeseable de sus intervenciones. Si en momentos de crisis promueven el libre comercio y disminuyen impuestos es una forma de reconocer que al imponer esas medidas lo que generan es trabas al crecimiento en momentos de no crisis, ¿no?)
Pero los programas no solo incluyen políticas adecuadas – aunque insuficientes. También incluyen recursos estatales directos para ciertos sectores.
Estos no funcionan porque para la asignación de esos recursos no priman las consideraciones técnicas (como cuál empresa merece más los recursos porque, además, no existe ningún criterio adecuado, irrebatible que defina cómo medir el merecimiento) sino las consideraciones políticas (porque ni los políticos ni los burócratas cuentan con la información necesaria para tomar una decisión informada, fuera de las conexiones y las recomendaciones).
Además, esto obliga a que los demás ciudadanos de Colombia paguen por la promoción de algunos sectores o empresas. El gasto público se financia por impuestos, como los generados por la recesiva reforma tributaria aprobada a finales de 2016 o por deuda pública, que algún día tendrá que pagarse vía impuestos. Así, todos pagamos para beneficiar a unos pocos, sin que esto necesariamente se vea reflejado en mejoras en productividad, en más empleo, en mayor creación de riqueza ni en mejoras de calidad de vida.
Incluso se promueve, mucho más en momentos de crisis, una rivalidad negativa entre los empresarios, no por complacer las preferencias de los consumidores, sino por acceder a recursos politizados. En el largo plazo, esto lesiona la frágil confianza entre individuos y la senda hacia la impersonalización, necesaria para que el mercado crezca, sea más complejo y, por lo tanto, satisfaga mejor los deseos y necesidades de los individuos.
Como si fuera poco, estos programas tienen serias debilidades. Se hacen proyecciones alegres, como cuántos trabajos se crearán o cuánto crecerá la economía. Ignoran la incertidumbre, las consecuencias no anticipadas y la no necesaria relación lineal entre intenciones – implementación – resultados.
Se estimulan sectores, los que los políticos y/o burócratas, en su inmensa sabiduría, consideran que deben estimularse.
Justifiquen como justifiquen sus decisiones, el punto es que la fuente del crecimiento no se puede anticipar. Al privilegiarse algunos sectores, no solo se crean incentivos para que éstos se politicen sino que además se perpetúan las fuentes de desigualdad – y de injusticia. ¿Bajo qué criterio de justicia se puede explicar el privilegio de unos sectores a costa de los demás?
Pero la cosa no queda ahí. Además de afectar a los sectores “elegidos”, se puede desestimular el interés por otros sectores que, aunque hoy no sabemos cuáles son, podrían ser creadores de riqueza. Los empresarios actuales y potenciales pueden preferir los beneficios estatales (el menor esfuerzo) a embarcarse en proyectos con un altísimo potencial, pero igualmente sujetos a una altísima – y peligrosa – incertidumbre.
Intervenciones pequeñas, incrementales que desencadenan resultados indeseables que, luego, se asume deben ser solucionados…con nuevas intervenciones.
Entre muchos otros aspectos que han generado la situación económica que ya se está experimentando en el país, está el gasto público. Además de las ya mencionadas ayudas de emergencia ante la crisis, desde los años 90 los gobiernos colombianos se han dedicado a gastar.
Más funciones, más programas. De hecho, en los últimos 16 años (durante los gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos) el gasto se ha utilizado para sobornar a diversos sectores sociales con el fin de crear la ilusión de gobernabilidad y de estabilidad. Cada sector, por minoritario que sea, sabe que al manifestarse puede obtener recursos estatales. Las veces que sea. Cuando sea.
Podría continuarse la lista. No es difícil entender las causas del pobre crecimiento económico en Colombia y de las dificultades de que éste se traduzca en mejores niveles de vida. Lo que es difícil es que se decida hacer algo para remediarlas.
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