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EnglishHace pocas semanas, el Gobierno colombiano sancionó la denominada Ley Anticontrabando. De manera inmediata, los pequeños comerciantes de varias ciudades (también acá y acá) protestaron en su contra. Ante las protestas, Santiago Rojas, quien está al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señaló que detrás de esas manifestaciones podrían estar las mafias de contrabandistas.
En Colombia es fácil afirmar tal cosa. De hecho, se ha convertido en la norma. Ante cualquier grupo de personas que salgan a protestar, por cualquier motivo, quienes están en desacuerdo evaden el debate de ideas y tratan, más bien, de desacreditar la movilización, como motivada por razones oscuras y manipulada por grupos más oscuros —grupos alzados en armas o la más difusa caracterización de mafias—.
Pura falacia ad hominem, con un agravante: al creer que los ciudadanos son, siempre manipulados por actores difusos, sin nombres, se disipan las responsabilidades individuales.
El señor Santiago Rojas tiene la intención de desacreditar las manifestaciones debido a que, como se señaló, es el director de la DIAN. Esta es la entidad encargada del recaudo de impuestos —domésticos y de comercio exterior— del Gobierno colombiano. Es decir, la DIAN es la encargada de convencer a los ciudadanos que los recursos que el Gobierno les quita es por fines superiores, loables; y cuando no puede convencerlos, es que ejerce las acciones coercitivas para obligarlos a entregar esos recursos.
Lo peor es que muchos han sido convencidos. Aún se afirma que los impuestos son la única —o la mejor— forma que tiene una sociedad para resolver sus problemas o para manifestar la solidaridad. Ignoran la importancia de las organizaciones sociales, del altruismo, de la iniciativa fuera de la esfera política, proclive a la corrupción, y a la captura por parte de intereses particulares.
De igual manera, algunos piensan que los aranceles son importantes porque son una fuente de ingresos para el Gobierno, y porque así se protegen algunos sectores económicos. Se les escapa argumentar por qué es importante que el Gobierno tenga el control de recursos, a costa de la actividad económica de los ciudadanos, o por qué se deben proteger algunos sectores, otorgándoles privilegios, a costa de los demás.
No solo esto es lo que tampoco ve el señor Rojas. Al director de la DIAN se le escapa explicarnos la razón de la existencia tanto del fenómeno del contrabando, como de las mafias asociadas a él.
De manera simple, el contrabando existe porque hay las restricciones al comercio. Al existir barreras comerciales, pero ante la necesidad, el deseo y la intención por parte de los consumidores de adquirir bienes provenientes del exterior, se abre una posibilidad para que algunos comerciantes, así sea de manera ilegal y violenta, aprovechen la oportunidad de negocio.
Y esto se ve claramente en Colombia. Según el Doing Business, Colombia no está tan mal ni en número de procedimientos, ni en días para exportaciones e importaciones. En ambos casos, se encuentra en la mitad: está mejor que el promedio de América Latina y el Caribe, pero peor que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En lo que sí está muy mal es en los costos por contenedor. Para exportaciones el precio es de US$2.355 frente a US$1.299,1 de América Latina y el Caribe; y a $1.080,3 de la OCDE. Si se miran las importaciones, los guarismos son: $2,470; $1,691.1 y $1,100.4, respectivamente. Son evidentes tanto las dificultades para las transacciones comerciales externas como el sesgo anti-importaciones.
Lo mismo se observa en el Global Competitiviness Report (2014–2015). En prevalencia de barreras comerciales, Colombia ocupa el puesto 119 de 144 economías; en los aranceles como porcentaje del total de impuestos ocupa el 82; en la carga de los procedimientos aduaneros, el puesto 91.
Además de otros efectos, tanto de las restricciones comerciales como de la carga tributaria, lo anterior lleva a que Colombia ocupe el puesto 127 en los efectos de la tributación sobre los incentivos para invertir, y el 122 sobre los incentivos para trabajar. De igual manera, en la extensión del dominio del mercado —es decir, si hay más o menos competencia—, el país ocupa el puesto 101.
Lo anterior lleva a que en el sexto pilar del informe de competitividad, Colombia ocupe el puesto 109 en el mundo; la segunda peor posición luego del pilar de instituciones (puesto 111).
Así las cosas, en lugar de sancionar las marchas o crear teorías de la conspiración, el señor Santiago Rojas debería pensar que la persecución no es la vía. Los contrabandistas seguirán existiendo porque el consumidor les seguirá comprando. Lo único que puede salir de más persecución es nuevas fuentes de violencia. Más bien la DIAN debería hacer lo que realmente puede: simplificar las cosas.
