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La semana pasada abordé el tema de las decisiones que el Presidente Juan Manuel Santos está anunciando de manera desesperada para asegurar su reelección. Hoy me referiré a otra que no ha tenido mayor difusión en los medios, a pesar de sus implicaciones.
A principios de este año, la Policía Nacional anunció que el robo de teléfonos móviles se ha incrementado en el país. Así, este delito se convirtió en uno de los más recurrentes en Colombia, además de ser uno de los que más inciden en la sensación de inseguridad que sufren los ciudadanos. Y además, el General Rodolfo Palomino señaló que el incremento se explica por dos hechos. Primero, el 98% de las víctimas del robo de un teléfono celular no lo denuncia ante las autoridades. Segundo, cuando los ladrones son capturados, existe una probabilidad del 90% de que sean liberados a las pocas horas.
A pesar de contar con todos estos elementos, el Presidente Santos salió con otra de sus “geniales” ideas. El pasado 3 de abril, ordenó prohibir la importación y exportación de teléfonos móviles usados. De igual manera, señaló su intención de presentar un proyecto de ley en el que se endurezcan las penas a quienes vendan o compren teléfonos móviles robados.
Una vez más, el Estado colombiano decide claudicar en el cumplimiento de sus funciones, además de restringir la libertad de los ciudadanos como falsa solución a un problema social básico. En lugar de presentar un programa que fortalezca, por un lado, la capacidad de acción de las autoridades ante la comisión de delitos como el robo, y por el otro, la efectividad de la rama judicial, el gobierno decide plantear un plan restrictivo, inútil, y cuya implementación generará otros problemas adicionales.
El plan es restrictivo porque señalé anteriormente, en lugar de cumplir las funciones que le corresponden, el Estado prefiere obligar a que sean los ciudadanos los que se encarguen de ellas. Así, los consumidores tendrán que pensar no solo en la calidad del teléfono que quieran adquirir, o en el precio, sino también en su origen. Lo mismo tendrán que hacer los comerciantes. El gobierno prefiere limitar el comercio internacional que dedicarse a lo que en teoría debería estar haciendo.
El plan es inútil porque las prohibiciones tienen una alta probabilidad de no funcionar. Como lo señala el mismo director de la Policía Nacional, las personas no denuncian los robos porque saben que al fin y al cabo, los ladrones no serán castigados. O sesa, en Colombia tenemos un problema de impunidad y de inefectividad de las fuerzas policiales para ejercer sus atribuciones más básicas. No obstante, el presidente cree que sí serán efectivas para controlar todas y cada una de las ventas de teléfonos móviles que se hagan en el país. Y que los que incumplan su «orden» serán castigados por las autoridades judiciales. Es obvio que si el Estado colombiano es incapaz de prestar los legítimos servicios de seguridad y de justicia, mucho menos estará en capacidad de rastrear todas las transacciones internacionales relacionadas al mercado de teléfonos celulares. Por supuesto, los robos continuarán.
Por último, en caso de ser implementada, esta “orden” generará nuevos problemas. Las personas no dejarán de adquirir teléfonos móviles usados. Pero como ahora está prohibido, se abrirá la puerta a un mayor mercado negro, ilegal. Lo mismo sucederá en el comercio internacional: las transacciones que se hagan, no serán reportadas. ¿No traerá esto peores consecuencias en el ámbito de otros mercados negros, como posiblemente el de armas? ¿No afectará esto a las finanzas públicas, disminuyendo la capacidad del Estado para recaudar recursos a través de las transacciones comerciales que se hagan con el exterior?
Vale la pena reflexionar, además, sobre otros dos aspectos. El primero es que el presidente afirma que la prohibición al comercio exterior se debe a que son las bandas de ladrones de móviles las que llevan a cabo este tipo de transacciones. Pero entonces, ¿por qué no los han capturado si los tienen identificados?
Por otro lado, como lo señalé hace una semana, esta decisión también se explica por el afán de generar impacto mediático, sin importar si las políticas propuestas funcionarán o no. El presidente hace el anuncio simplemente porque considera que va a ser bien recibido por los ciudadanos. ¿No es alarmante que los ciudadanos consideren adecuado que el gobierno les quite la libertad de comerciar con quien quieran y sobre lo que quieran, en lugar de exigirle que cumpla con las únicas funciones legítimas para las que fue elegido?
Es necesario que el Estado colombiano solucione problemas como el del robo de teléfonos móviles. Pero definitivamente responsabilizar a los ciudadanos de ello no es la forma de hacerlo. Eso es, sin lugar a dudas, claudicar en cuanto a las responsabilidades que justifican su existencia, y más bien lo convierte en una fuente de tiranía.
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