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EnglishEl pasado 10 de abril, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sorprendió con una inesperada orden. Afirmó que para luchar en contra del tráfico minorista de drogas ilícitas, había decidido mandar a demoler las casas en las que éstas se expenden. Además, justificó esta decisión porque supuestamente estos lugares son focos de todo tipo de delitos.
Parafraseando a Fréderic Bastiat, comencemos por lo superficial, por lo que se ve, para hacer dos objeciones. Por un lado, que esta medida no va a funcionar: ¿En realidad el presidente cree que por demoler los sitios en los que se venden drogas, este comercio se va a acabar, así como su producción y consumo? Si esto es lo que cree, peca por muy ingenuo. Pero la verdad es que no lo es: Queda claro que el objetivo de esta medida es asegurar su reelección. Por ello, no importa si funciona o no. Lo importante es que genere impacto mediático y que le ayude a Santos a contrarrestar su imagen como un mandatario débil en materia de seguridad.
Por otro lado, está el debate legal. Cada decisión que se toma en Colombia genera un profundo, largo y aburrido debate legalista. Cualquiera sea el tema o la acción que se quiera emprender, siempre habrá una discusión sobre si ésta es o no legal. Lo sorprendente es que nunca se definen estos debates, y que por ello, quien toma la decisión inicial puede, siempre, salirse con la suya. La incertidumbre legal en Colombia es asombrosa, y este caso no será la excepción.
Pero la verdad es que la medida no ha generado tanto rechazo ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Sorprendentemente –más sorprendente que la medida misma–, al parecer los colombianos, en este caso, somos el paradigma de “lo que se ve”: Muchos estarán pensando que, en efecto, derribando casas, se disuade a los delincuentes para que dejen de delinquir. Otros estarán satisfechos porque al derribar esas casas, seguramente, luego se construirán otras. Es decir, exactamente el tipo de pensamiento sobre el que nos advirtió hace Frédéric Bastiat más de un siglo.
Es preocupante que el debate no haya trascendido de los dos puntos anteriores. Es decir, que no hayamos comenzado a discutir “lo que no se ve”. La pasividad de los ciudadanos en este caso es preocupante, porque la reacción que se justificaría en este caso es la alarma. Veamos las razones.
Primero, lo que esto demuestra es que a pesar de las mejoras de los años recientes, aun falta mucho para consolidar los derechos individuales como el objetivo central de la acción estatal en Colombia. Esta política representa una vulneración a los derechos de propiedad, fuente del disfrute de todos los demás derechos y, además, principal salvaguarda de la libertad de los individuos frente al Estado. Sin hablar de sus importantes efectos sobre el proceso de creación de riqueza.
Segundo, es indignante que los resultados de esta medida se conviertan en nuevas justificaciones para la acción estatal. Seguramente, el Estado considerará que debe reconstruir lo que destruyó, otorgarlo a las personas que los funcionarios consideren, etc. Es decir, más vulneraciones a los derechos, más intervención en los mercados, menos decisión individual, y más paternalismo del tipo que, al parecer, le gusta a quienes llegan al poder.
Tercero, esta decisión demuestra la mucha –y peligrosa– concentración de poder en una sola persona. El presidente dio la orden y al día siguiente comenzaron a demoler. Pero este poder puede ser usado en ámbitos distintos al de la seguridad. Además, no hay garantía alguna para pensar que siempre se elegirán presidentes que usan todo el poder que concentran para los fines “adecuados”. Los ciudadanos se lamentarán cuando se tomen decisiones con las que la mayoría no esté de acuerdo, y no se pueda hacer nada para impedirlas.
Cuarto, ya he hecho referencia en este espacio a la tensión entre libertad y seguridad que hemos permitido los individuos al no limitar al Estado. Esta decisión es otro ejemplo más de ese problema. De hecho, esto se convierte en una justificación más para la urgente necesidad de acabar con el prohibicionismo frente al tema de las drogas: ¿Qué más tendremos que sacrificar los individuos, además de nuestros derechos de propiedad, para que los gobiernos sigan librando una guerra que nunca podrán ganar? ¡El Estado, incapaz de capturar a los delincuentes, decide destruir la propiedad!
En lugar de ayudarle a reelegirse, esta decisión podría hacer que muchos reconozcan, por fin, que el gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido una transformación hacia lo negativo sin precedentes: L violación a los derechos de propiedad es lo más reciente. Pero antes han sido los subsidios, las denuncias de fraude, o la postura débil frente a países como Venezuela. Estos antecedentes y esta tendencia apuntan a que es mejor no pensar en un segundo gobierno.
