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Si existe alguna región que ha servido, infortunadamente, para demostrar los efectos negativos de políticas redistribucionistas a través del mal llamado “Estado de bienestar”, ésta es Europa.
Estos efectos no solo se presentan en el ámbito económico. Es posible afirmar que el Estado de bienestar tiene una relación directa con la pérdida de productividad, la consiguiente baja tasa de crecimiento y la pérdida de competitividad resultante en la mayoría de países europeos. Donde es incontrovertible su impacto económico es en la persistencia de la crisis en este continente. El sobre-endeudamiento de los Estados europeos para sostener su creciente nivel de gasto en el ámbito social es la principal causa de la crisis y la razón de su persistencia en el tiempo.
Pero, como decía, los efectos negativos no solo son económicos. El endeudamiento, además de generar problemas fiscales y financieros también refleja una manera particular de pensar: Las generaciones de hoy gastan, no solo los recursos que producen en el presente, sino los que producirán las generaciones futuras. Esta decisión se justifica a partir de las nociones equivocadas de “derechos sociales” o “ganancias sociales”. Precisamente por entenderlos así, como derechos, los Estados de bienestar tienen una justificación para crecer sin límites. Esto, junto con las políticas intervencionistas que los complementan, resulta en un creciente conflicto intergeneracional. Los europeos del futuro están comprometidos, sin siquiera haber nacido, a no disfrutar de lo que producirán.
En este aspecto, es curioso, por decir lo menos, que, sin embargo, muchos de los defensores de los Estados de bienestar, y por lo tanto del despilfarro presente cuyos pagos se harán en el futuro, son también defensores del denominado desarrollo sostenible. Es decir, culpan al capitalismo —y pretenden regularlo e intervenirlo más— porque éste supuestamente genera una tendencia hacia el despilfarro de recursos y una pérdida de riqueza natural para las futuras generaciones. ¿No es esto paradójico?
La visión detrás de los Estados de bienestar también se refleja al interior de los países. Algunos gobiernos quieren desconocer la ineludible realidad de la escasez de recursos, y conciben la redistribución del ingreso sobre la concepción de que algunos grupos merecen ser compensados —por alguna razón metafísica— por encima de otros. En vez de solucionar la escasez a través de la economía de mercado con la cooperación entre individuos y la división del trabajo; en el Estado de bienestar se resuelve a través de las supuestas buenas intenciones de las autoridades, que solo generan conflictividad. La evidencia más reciente de esta conflictividad doméstica se presenta en el plano electoral.
Cuando se trata de elecciones, existe una tendencia hacia la preferencia por parte de los electores europeos hacia las visiones estatistas. Esto es lo que sucedió el pasado domingo en Francia, donde el partido Frente Nacional (FN), reconocido por exaltar los conflictos entre grupos sociales, logró un éxito jamás visto en el pasado. Estos resultados podrían corroborar la predicción publicada en la revista The Economist hace ya algunos meses, según la cual los partidos semejantes al FN podrían mejorar su representación en el parlamento europeo para las próximas elecciones.
Las propuestas que estas agrupaciones políticas defienden son las relacionadas con el rechazo a la inmigración, tercer ámbito en el que se presenta la conflictividad. No obstante, al parecer, no es necesario esperar a las elecciones para que las movidas en contra de la inmigración se asienten en el continente europeo.
El pasado mes de febrero, los ciudadanos de Suiza aprobaron un referendo para invalidar el acuerdo de libre movimiento de personas entre este país y la Unión Europea. En marzo, el gobierno de Alemania propuso una nueva regulación para excluir el acceso a los inmigrantes, incluidos los europeos, de los “beneficios” del Estado de bienestar, sin trabajar. De igual manera, en España se han presentado sucesivos casos, incluso de violencia, donde intentan repeler la llegada masiva de inmigrantes provenientes de África. De fondo, la justificación de estas políticas que tienden a limitar la inmigración están relacionados con el mismo tema del Estado de bienestar. Todos comparten la misma visión de conflicto: Los inmigrantes son un problema porque pueden, eventualmente, acceder a los recursos de redistribución.
Así, un conjunto de políticas cuya justificación inicial fue la de promover —de manera obligada— la generosidad y solidaridad, se ha convertido no solo en una amenaza para el nivel de vida de todos los ciudadanos, sino en una fuente de conflictividad intergeneracional, al interior de los Estados y entre estados. Lo preocupante es que los europeos parecen no reconocer esta realidad, sino que pretenden defender esas políticas y muchos gobiernos como los latinoamericanos sueñan con llevar este modelo y aplicarlo en sus países. Algunos ciudadanos ya aprendimos la lección, sin embargo, ¿cuándo la aprenderán los gobiernos?
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