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English Un escándalo estalló en Colombia tras el hallazgo de un establecimiento donde fuerzas militares interceptaban comunicaciones de forma irregular. Al parecer, dentro de los dispositivos intervenidos, se encontraban los teléfonos celulares de los actuales negociadores del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso es similar a los recientes escándalos de espionaje en Estados Unidos y otros países. No obstante, en el caso colombiano existen aspectos particulares que deben resaltarse.
En primer lugar, las mencionadas intervenciones no fueron ejecutadas por un ente civil de inteligencia, como la CIA o el FBI en Estados Unidos, sino por fuerzas militares. Esto pone en duda la supuesta subordinación de la organización castrense al poder civil. Segundo, el hecho de que el espionaje se haya hecho a funcionarios del gobierno demuestra claras divisiones al interior de esta organización.
La reacción del presidente Juan Manuel Santos solo sirvió para profundizar aún más las preocupaciones. Ante el escándalo, la respuesta del presidente fue que adelantaría una investigación. De hecho, ese mismo día destituyó a dos altos mandos militares. Sin embargo, un día después, el mandatario cambió el tono y afirmó que las adelantadas allí fueron acciones aprobadas por el gobierno nacional. ¿A qué se debió este cambio? ¿Acaso los militares tuvieron algo que ver? Si esto es así, estaríamos ante una situación en la que los militares colombianos cuentan con un gran poder de arrinconamiento sobre nuestros representantes civiles.
Pero esto no es todo. Algunos incluso justificaron estas irregularidades debido a que las víctimas del espionaje fueron precisamente negociadores del gobierno. Es más, al parecer, uno de los receptores de la información recolectada fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido crítico del proceso de paz. Sus seguidores le restaron importancia a las denuncias, argumentando que si los negociadores se preocupan por haber sido espiados, es porque algo tienen que esconderle al país sobre lo negociado.
Sin embargo, este razonamiento pasa por alto un detalle: justificar el espionaje irregular en un caso implica aceptar, sin cuestionamientos, todos los demás. ¿Qué dirían los opositores al gobierno de Juan Manuel Santos si se comprobara que también ellos han sido víctimas?
Este espionaje demuestra una de las razones por las cuales el proceso de paz con las FARC — en caso de ser exitoso — puede ser una buena noticia para el país. Sin la constante amenaza de la guerrilla, las fuerzas militares, y el sector seguridad y defensa en general, no podrán seguir justificando sus excesos en las labores que adelantan para enfrentar al enemigo; y por lo tanto, tendrán que reconocer y aceptar su subordinación al poder civil.
Cualquiera que sea la conclusión de estas investigaciones — en caso de que éstas llegaran a efectuarse — o las razones del cambio en las declaraciones del presidente, el hecho es que éste es un ejemplo más de cómo los Estados han pretendido controlar de manera creciente las vidas privadas de los ciudadanos que dicen proteger.
A su vez, esto es resultado de la actitud permisiva con la que las diversas sociedades han abordado su relación con el Estado y las funciones que explican su existencia. Esta organización se ha considerado como la más importante en la sociedad; de hecho, algunas sociedades no la consideran como una organización más, sino como el origen de la sociedad misma. Por ello, se ha evitado limitar su accionar, otorgándole cada vez más funciones de todo tipo sin pensar en los efectos que esto conlleva para la libertad individual.
La seguridad cada vez se entiende menos como una función del Estado para preservar la vida, la propiedad y la libertad de los individuos. En su lugar, se han creado expresiones artificiales que sólo han justificado e incluso incrementado el campo de actuación del Estado. Términos como los de seguridad humana o seguridad alimentaria solo oscurecen el objetivo buscado y eliminan el establecimiento de límites en las labores estatales.
De hecho, con ésos y otros conceptos, la seguridad en la actualidad ha cambiado tanto que en esta función se pueden incluir cualquier tipo de “amenazas” (económicas, tecnológicas, culturales), así como cualquier clase de “enemigo” (los extranjeros, los opositores, los que expresan pensamientos que están en contra de lo que piensan las mayorías).
El Estado debe garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Esta es la única función primordial en su existencia. Sin embargo, no se debe olvidar que, incluso en esta función, deben mantenerse unos límites muy estrictos que no pongan en peligro los derechos y, en particular, la libertad de los individuos. Si esto no es así, ¿para quién es entonces la seguridad?
