English Version
Arranca un nuevo año en Argentina y el debate que ocupa los principales medios de comunicación es el salarial.
Obviamente, la madre de todas las batallas es la pugna que tiene la Provincia de Buenos Aires con los gremios docentes, lo que deriva siempre, casi sin excepción, en una demora de varios días en el comienzo del dictado de clases.
Ahora bien, el tema que está siendo más intensamente conversado en este último tiempo es el de la llamada “cláusula gatillo”. Es decir, una cláusula en el acuerdo salarial que indexe los salarios a la inflación esperada por el gobierno pero que, en caso que ésta no se cumpla, active un alza aún mayor.
Así, un acuerdo salarial con cláusula gatillo se firmaría con un aumento anual del 15 % (la meta de inflación del Banco Central para este año), pero si la inflación terminara siendo del 18 %, entonces se pagaría un plus por la diferencia.
De haber cláusula gatillo, los salarios de la economía argentina seguirían perfectamente a la inflación.
Para los líderes sindicales y dirigentes de otras fuerzas políticas, esta es la mejor forma de “defender el poder de compra de los trabajadores”. El gobierno, sin embargo, dejó ver que sin esta cláusula especial, el proceso de desinflación sería “más fácil”.
Gobierno y sindicatos están de acuerdo
Algo curioso de este aparente enfrentamiento entre quienes quieren que haya cláusula gatillo y quienes no, es que, en el fondo, ambos están de acuerdo.
¿Por qué? Porque lo que desean ambos bandos es que los salarios de la economía argentina se ajusten a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
La diferencia, entonces, estriba en que el gobierno dice que la inflación va a ser 15 % y los sindicalistas sostienen que ésta va a ser superior.
En este marco de proyecciones dispares, la cláusula gatillo parece una buena forma de resolver la cuestión. Si la inflación es 15 % o menos, la cláusula no se activa; si es más de 15 %, los salarios no pierden contra la inflación.
Todo muy lindo, pero…
Los salarios no generan inflación…
Una de las formas en que se interpretó lo que dijo el gobierno fue que indexar salarios generaba (o perpetuaba la) inflación.
De acuerdo con un comunicado de los economistas del “Frente Renovador”, como el gobierno ya no sabe qué hacer para controlar la escalada de precios, “la idea es intentar con la vieja receta de retrasar los sueldos”.
El trasfondo de esta teoría sería así: si los sueldos suben menos que la inflación, los trabajadores tienen menos poder de compra y, por tanto, demandan menos. Dado que hay menos demanda, los precios dejan de subir a tasas tan aceleradas. Controlar salarios, entonces, baja la inflación.
Pero el argumento es por lo menos inconsistente: es que si los salarios fueran la causa de la inflación, no habría nunca una ganancia o pérdida en términos reales. Si salarios suben 10 %, lo mismo hará la inflación. Si caen 1 %, habrá 1 % de deflación.
Sin embargo, es perfectamente posible que existan aumentos (o descensos) salariales, sin que esto impulse al alza (o a la baja) el IPC.
Por ejemplo, en una economía con perfecta estabilidad, si el día de mañana todos los salarios aumentan 10 %, no hay motivos para que aumente la inflación.
Sin un incremento en la cantidad de dinero, el mayor consumo de los trabajadores habrá sido consecuencia de su mayor productividad (mayor cantidad de bienes), o consecuencia de un menor consumo por parte de los empresarios que decidieron aumentar la compensación de sus empleados.
En cualquiera de los dos casos, no hay mayor inflación.
Es que, como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y si bien “los sindicatos producen múltiples daños a la economía… uno de los crímenes por los que son totalmente inocentes es el de provocar inflación”.
… pero destruyen empleo
Ahora bien, aun cuando es cierto que los sindicatos que piden cláusula gatillo no generan inflación, también es cierto que no están exentos de generar otros efectos indeseados.
Es que incluso cuando la inflación terminara siendo del 15 % anual y la cláusula gatillo no se activara, la indexación salarial, combinada con un mercado laboral rígido como el argentino, es candidata a generar desempleo.
He aquí el verdadero problema. Es que en nuestro país los sindicatos acuerdan ajustes salariales por “rama de actividad”.
Así, si una megaempresa automotriz firma un acuerdo con el sindicato de mecánicos por un aumento salarial igual a lo que varía el IPC, éste mismo acuerdo rige también para un taller PYME que podría perfectamente no estar en condiciones de pagar dicho aumento.
Lo mismo pasa en toda la economía. Si los acuerdos salariales cierran todos con ajuste al IPC, habrá empresas que no estén en condición de hacer frente a dichos aumentos en sus costos. Si éste es el caso, entonces les quedarán tres alternativas:
• bien despiden personal,
• o bien cierran el negocio,
• o bien se vuelcan a la economía informal.
Las primeras dos alternativas son infinitamente peores para los trabajadores que un acuerdo donde pierdan poder de compra frente a la inflación. Es que, en dichos casos, el salario cae un 100%, porque el trabajador se queda sin empleo.
En la tercera alternativa, si bien se pierde poder de compra, al menos se preservan las fuentes de trabajo.
Pasando en limpio, ni la cláusula gatillo ni la indexación salarial tradicional generan o perpetúan la inflación. Los precios suben como reflejo de la caída del poder de compra del dinero, cuyo responsable es únicamente el gobierno a través del Banco Central.
Sin embargo, la indexación sí puede generar desempleo, porque hay empresas que sencillamente no están en condiciones de pagar esos aumentos.
La solución a este tema no es eliminar la cláusula gatillo. Ni siquiera lo es bajar la inflación. La verdadera solución es tener un mercado de trabajo mucho más flexible, donde los salarios se fijen libremente entre empresarios y trabajadores, pero atendiendo a cada situación particular.
En pocas palabras, la mejor solución es liberar el mercado laboral.
