Las últimas estimaciones de consenso para las principales economías latinoamericanas muestran un continente que se enfrenta a una década perdida. El crecimiento del PIB de la región se ha vuelto a rebajar a un modesto 1,1 % para 2023, con un aumento de la inflación y un debilitamiento de la inversión fija bruta. Teniendo en cuenta que la región ya se estaba recuperando a un ritmo más lento que otros mercados emergentes, el panorama es sumamente preocupante.
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El escaso crecimiento y las elevadas expectativas de inflación son aún peores si tenemos en cuenta que las estimaciones de consenso siguen considerando un viento de cola procedente de la subida de los precios de las materias primas y el aumento de las exportaciones debido a la reapertura de China.
¿Cómo es posible que una región con tanto potencial como América Latina esté condenada a la estanflación? La respuesta es sencilla. El ascenso de gobiernos populistas en Colombia, Chile y Brasil ha aumentado la preocupación por la seguridad de los inversores, los derechos de propiedad y la disciplina monetaria.
Se espera que Argentina registre un modesto crecimiento del PIB del 0,2 % en 2023, con una inflación del 95% y una deuda en relación con el PIB del 72 %. Años de excesos monetarios y fiscales han destruido el poder adquisitivo de la moneda local y dilapidado las perspectivas de crecimiento real. En Argentina, la pobreza ha escalado hasta el 36,5 % de la población y las políticas gubernamentales redoblan el intervencionismo, los controles de precios y la subida de impuestos con el previsible resultado negativo. A pesar del viento de cola de la elevada demanda de soja y cereales a escala mundial, Argentina se sumerge en territorio venezolano, donde el consenso espera otro año de débil rebote del 3 % tras destruir el 80 % de la producción en una década, con una enorme inflación, del 132 %.
¿Cuál es el problema? Los nuevos gobiernos de Chile y Colombia anuncian políticas que se parecen a las de la «izquierda peronista» argentina y el gobierno de Fernández en Argentina cada día se parece más a la Venezuela de Maduro.
Se espera que Chile no registre crecimiento en 2023, a pesar de un precio del cobre estimado más alto, y una inflación del 15 %. Se teme que Colombia, que fue el país que más se recuperó de la crisis del covid-19 hasta 2022, en que el consenso esperaba un crecimiento del 7 %, se detenga en seco y registre un pobre crecimiento del PIB del 1,6 % con una inflación elevada, cercana al 7 %.
En Brasil, el consenso espera un pobre crecimiento del 0,9 % con una inflación del 5 %. No parece tan malo como Argentina, pero el primer anuncio importante del recién elegido presidente Lula ya ha hecho saltar todas las alarmas. Lula declaró que quería cambiar la constitución para levantar el límite de gasto y aumentar aún más el gasto público. La divisa brasileña y el bono a 10 años reaccionaron con agresividad ante este riesgo porque todo el mundo recuerda que el «milagro económico» de Lula hace una década se produjo gracias a los altísimos precios del petróleo y, cuando terminó la bonanza de las materias primas, su sucesora Rousseff envió al país a una profunda crisis en la que el gasto se disparó y el crecimiento se estancó.
Se puede decir que el auge del populismo en América Latina es consecuencia del fracaso de las políticas liberales clásicas aplicadas anteriormente, pero eso sería un grave error. En la mayoría de estos países no ha habido economías abiertas y liberales, sino Estados de amiguetes. El estatismo fracasó y más estatismo fracasa aún más rápido.
Los inversores mundiales ven el enorme potencial de América Latina. Sin embargo, cuando los gobiernos empiezan a imponer políticas intervencionistas, ponen en peligro los derechos de propiedad con amenazas de expropiación y, al mismo tiempo, aumentan masivamente los desequilibrios monetarios imprimiendo monedas sin valor real global y disminuyendo la demanda local, la combinación es destructiva.
¿Por qué los ciudadanos votan a políticos que aplican políticas confiscatorias y extractivas? En muchos debates económicos en los medios de comunicación latinoamericanos se oye repetir incesantemente la palabra «redistribución». Muchos creen que la riqueza es como un pied que se puede cortar y repartir a voluntad, pero ignoran que la riqueza se crea o se destruye, no se queda plana.
Las políticas intervencionistas destruyen riqueza de tres maneras: Primero, atacando a las instituciones independientes e introduciendo decisiones políticas aleatorias en la seguridad jurídica y de los inversores, lo que erosiona el potencial de crecimiento, la inversión y el empleo. En segundo lugar, aumentando los impuestos sobre el sector productivo para pagar subvenciones masivas pagadas en una moneda constantemente depreciada, lo que crea un doble negativo de menor crecimiento, empresas locales más débiles y una subclase dependiente que rara vez emerge. El sector productivo acaba obligado a operar en la economía sumergida para evitar los impuestos confiscatorios. En tercer lugar, el intervencionismo destruye el poder adquisitivo de la moneda local rompiendo todas las reglas de una política monetaria prudente y financiando un gobierno cada vez más grande que imprime una moneda constantemente devaluada. La combinación de estos tres factores significa pobreza y estancamiento.
¿Por qué lo hacen los gobiernos intervencionistas cuando saben —y lo saben— que no funciona?
La destrucción monetaria es la forma más fácil y eficaz de nacionalizar una economía. Imprimir moneda es una forma de expropiación de la riqueza, ya que la creación de dinero nunca es neutral, beneficia al gobierno y perjudica a los salarios reales y a los ahorradores.
¿Por qué los gobiernos «populistas» imponen políticas que perpetúan la pobreza y perjudican a la población? El intervencionismo no pretende aumentar la prosperidad, sino hacerse con el control total de una nación. Las tres políticas mencionadas pretenden hacerse con el control total de un país y hacer dependiente a la población, no generar crecimiento y mejorar las condiciones sociales.
Las políticas extractivas y confiscatorias no son medidas sociales, son profundamente antisociales. Lo peor es que, una vez aplicadas, resultan difíciles de deshacer. Deberíamos aprender la lección en todas partes porque pronto llegará a su país.
Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org
Daniel Lacalle, PhD, economista y administrador de fondos, es autor de los libros más vendidos Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) y Life in the Financial Markets ( 2014) .