El Ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, tachó de “lapsus” las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, quien en una rueda de prensa oficial y leída, aseguró que uno de sus cometidos era y sigue siendo “controlar las críticas al Gobierno de España y minorar su intensidad y efectos”. En otras palabras, la Guardia Civil tiene por objetivo controlar a los que somos críticos con Sánchez e Iglesias y actuar como una verdadera Policía política.
Esto no es nadas nuevo en la historia, múltiples dictadores, algunos de ellos de ideología comunista, ya han aplicado la censura y la persecución de los disidentes en sus sanguinarios regímenes. Lo que Sánchez está haciendo, ni más ni menos, es amoldar España para que la única verdad y moral legítima sea la socialista-comunista. Y todos los que no comulguemos con tal ideología que aspira al totalitarismo estatista y bajo la que se sustentaron las más genocidas tiranías, seremos penalmente castigados y acusados de decir lo que el propio Gobierno tilda de “bulo” o tachados de querer subvertir el régimen por ir en contra de la verdad oficial. Lo que el régimen de Sánchez busca, con el apoyo de su extenso aparato mediático, es provocar la muerte civil de periodistas, economistas y demás personas críticas con su Gobierno.
Y no. No son lapsus, señor Marlaska. Es una verdadera operación encubierta en la que se está poniendo en jaque nuestra libertad de expresión y de opinión. Y es verdaderamente importante que toda la comunidad internacional esté al tanto de esta operación y que, nosotros, los nacionales, alcemos la voz para impedir que nuestras libertades fundamentales se vean coartadas por este Gobierno. En este sentido, la oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, y el propio Centro Criptológico Nacional (CNN), que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), están embarcados en una verdadera misión de perseguir lo que el Gobierno de Sánchez e Iglesias deciden catalogar como “fake news”. Es evidente que una cosa es luchar contra las fake news y otra muy distinta calificar de fake news la mayor parte de críticas contra el Gobierno y legitimar, bajo esa forma, su persecución.
Lo primero es criticable, si permitiésemos difundir libremente las fakes news, la gente pasaría a no dar una veracidad innata a un contenido publicado en internet y, por tanto, acabaríamos con el efecto desinformador de las fake news, y lo segundo es claramente querer instaurar una verdadera dictadura en la que la única información permitida sea la oficial y la que beneficie al Gobierno. Y esto último es lo que precisamente buscan Sánchez e Iglesias.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Gobierno de España, incluyó en una encuesta que conocimos el pasado miércoles 15 de abril una pregunta mal redactada, mal formulada y con la clara intención de legitimar que la única fuente de información y de verdad sea el Gobierno. Juzguen ustedes mismos. La pregunta se formuló en estos términos: “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.
Como se puede claramente comprobar, esta pregunta, reitero, formulada en una encuesta oficial de un organismo dependiente del Gobierno, atenta contra el derecho fundamental de libertad de información recogido en el artículo 20 de nuestra Ley Fundamental. Para poder ejecutar y poner en marcha la censura informativa, el Gobierno ha encargado una importante tarea al Ministerio de Interior que finalmente ha derivado a la Oficina de Coordinación Cibernética (un grupo formado por Policía Nacional y Guardia Civil); el objetivo es claro: rastrear las redes para localizar lo que el Gobierno determina como bulos o como una información con capacidad potencial para causar daño al Estado. En otras palabras, al Gobierno.
Los test defectuosos de Sánchez
Más allá de la aplicación de la censura a la información y a periodistas (hace un par de días conocíamos que el PSOE denunció a la periodista Cristina Seguí, una de las más críticas), el Gobierno de España también está destacando por su increíblemente nefasta gestión de la crisis sanitaria. Una gestión que, a estas horas, ya ha dejado a más de 33 000 muertos y ha convertido a España en el país con más muertes por millón de habitantes y en un ejemplo internacional de lo que no hay que hacer.
El propio informe en donde se justifica la compra por un valor de 17,1 millones de euros y sorteando los requisitos generales de concurrencia y transparencia de los famosos tests inservibles por estar en una “emergencia de salud pública”, es la más pura muestra de que el Gobierno quiso supeditar su interés ideológico y partidista permitiendo la convocación de las multitudinarias manifestaciones del 8M para obtener rédito electoral. Pues, paradójicamente, en ese informe se expone como justificación de la compra de esos test, sin, reitero, haber pasado concurso público, el que el pasado 30 de enero se había activado ya la alerta de la OMS de una pandemia mundial por coronavirus. Entonces, si tenían constancia de esa alerta mundial y, así, justifican su fraudulenta compra de tests inservibles, ¿cómo tuvieron las narices de permitir el 8M? Hay solo una única respuesta: Gobierno criminal.
Otro problema más: la gestión económica
Nadie pensaba que alguien pudiera superar al expresidente Zapatero como el peor gestor económico. Pero Sánchez sí lo ha conseguido, y con creces. El actual presidente de España ha conseguido incumplir todos y cada uno de los objetivos económicos fijados. Y no viene de ahora. En 2019 aumentó nuestro déficit. Su gasto público desbordado ha generado un estado de desconfianza a nivel internacional. Los países desconfían de España.
Cuando Sánchez llegó al Gobierno nuestra prima de riesgo se situaba en los 106 puntos, ahora, está en 140 puntos básicos. Asimismo, tal y como ya hemos avanzado, Sánchez ha elevado el objetivo de déficit todos los años; algo que no contribuye, en absoluto, a que inversores, mercados e instituciones confíen en España.
El Gobierno bicéfalo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos va a llevar a la ruina. Mejor dicho, ya nos está llevando. Aunque, realmente, ante la posibilidad de que instaure una dictadura encubierta, la ruina será nuestro mal menor. Por desgracia.