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El 21 de febrero de 2016 se realizó el referéndum que consultaba a la población si aceptaban cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado ―que establece que solo puede existir la reelección presidencial por una única vez―. Los resultados no fueron los que esperaba el régimen, pues 2.682.517 de bolivianos (51.3% de los votos) le dijeron No a la modificación de la CPE.
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Evo Morales estuvo ausente en la noche de ese domingo. Álvaro García Linera, entonces vicepresidente, fue el único que se refirió al tema. Obviamente, rechazó haber sido vencido, y hasta se atrevió a hablar de un «empate técnico». El 24 de febrero del 2016, Morales, en una conferencia de prensa ―aparte de aceptar su derrota―, promete respetar los resultados del 21F.
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Como era de esperarse, la franquicia castrochavista no podía darse el lujo de aceptar semejante revés. Por eso, el 17 de diciembre del 2016, el IX Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo aprueba la aplicación de cuatro vías para habilitar una nueva candidatura de Evo Morales. Finalmente, se pidió que el tribunal constitucional realice una interpretación de la reelección amparada en el pacto de San José.
28 de noviembre de 2017, los magistrados Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores, Mirtha Camacho, Osvaldo Valencia y Zenón Bacarreza, decidieron que la reelección indefinida era un «derecho humano» de Evo Morales. A partir de ese momento, al grito de: «Bolivia dijo no», el país vivió una serie de protestas. Sin embargo, el MAS le había metido el primer golpe mortal al 21F.
El 4 de diciembre del 2018, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo conocer que el binomio presidencial Evo Morales – Álvaro García Linera, junto con siete de la oposición, fueron habilitados para participar de las elecciones primarias y generales del año 2019. El MAS le pegaba el segundo golpe al 21F.
En el proceso electoral de octubre 2019 sucedió lo que todos conocemos: las elecciones fraudulentas, un pueblo que salió a las calles, una policía que se puso del lado correcto de la historia, y la renuncia de Morales y García Linera. En ese momento, pese a la violencia que desató el masismo, Bolivia se había convertido en un ejemplo para el mundo.
Es en esas circunstancias que asume el poder Jeanine Añez. Una mujer que se proyectaba a restaurar la republica y rescatar la democracia boliviana. Pero le pasó lo peor que le puede pasar a un presidente: se rodeó de gente cuya calidad moral deja mucho que desear.
En una reciente entrevista con el diario digital Página Siete, Roxana Lizárraga, exministra de comunicaciones durante el gobierno de Añez, sostuvo lo siguiente:
En 2019 Arturo Murillo, Yerko Núñez y el entonces senador Óscar Ortiz pactaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS) la inamovilidad del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. También ordenaron el salvoconducto para que Luis Arce salga a México. Hay una oposición de mentira. Murillo fue uno de los escogidos por el masismo. Tiene un medio hermano, Vladimir Sánchez, exministro de Morales, que fue un nexo importante con el régimen. El MAS escoge a sus opositores, les hace favores, les dan privilegios e impunidad. Lo mejor que tiene Evo y el actual presidente es la «oposición».
Por su parte, Milena Soto, activista y presa política de la dictadura boliviana, en un contacto con el periodista mexicano, Raúl Tortolero, contó detalles del accionar de Arturo Murillo en el año 2020:
Durante su gestión Arturo Murillo se apartó por completo de las plataformas ciudadanas de Cochabamba. Muchos activistas le pedíamos reunirnos en persona, pero siempre respondía estar ocupado. En agosto, varios lideres cochabambinos empezaron a exigir la anulación de la sigla del MAS. Fue en ese momento que Murillo cortó cualquier contacto con plataformas y activistas. Luego se hicieron públicas las reuniones que el ministro tenía con gente del MAS, aunque siempre argumentó que eran cosas de trabajo. Aquellos que arriesgamos la vida por defender la democracia en Bolivia nos sentimos abandonados y traicionados.
Es triste, pero el golpe final al 21F se lo daba quien, en teoría, debía defenderlo.
En lo personal, nunca creí en el 21F. La razón es muy sencilla: en dictadura cualquier proceso electoral es una farsa donde el ciudadano vota, pero no elige.
Sin embargo, a pesar de mi pesimismo, debo admitir que el referéndum sirvió para que la ciudadanía se una en contra del régimen. Por esa misma razón, me duele que esa esperanza haya sido pisoteada por los viejos dinosaurios de la política nacional. Esa gente, que lleva induciendo a la población boliviana a cometer el mismo error una y otra vez, debería jubilarse. Pero sé que eso no va a suceder.
¡Sangras, Bolivia!
