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EnglishLuego de los recientes escándalos de corrupción que han involucrado a altos representantes de los Gobiernos de Latinoamérica, la confianza en los líderes de la región se ha desplomado. La corrupción es un vicio del que la región parece no poder escapar: su efecto paralizante en la gobernabilidad ha estado presente desde los días de la Independencia de España.
Una y otra vez, los ciudadanos han depositado su confianza en el Estado para que este solucione los problemas sociales y políticos, y solo para desilusionarse luego por el fracaso de soluciones políticas “tipo parche”. Las implicaciones de largo aliento son palpables: una enraizada actividad criminal, y un bloqueo de la productividad, que contribuyen a perpetuar el estancamiento económico.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el crecimiento económico de la región en 2015 será inferior a 2%. Colombia, Chile y Perú son los únicos puntos brillantes que mantendrán en negro la tasa de crecimiento económico de la región. Pero aún el éxito económico es precario. Es esencial proteger las instituciones democráticas de los Gobiernos para continuar en el camino del crecimiento y la estabilidad, y mantener alejada la plaga de la corrupción.
Consistentemente, Latinoamérica tiene un pobre desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Venezuela es percibido como el país más corrupto del continente, por debajo de otros 130 países en 2014; Chile y Uruguay están significativamente por encima del resto, en el puesto 21 entre 174 naciones. Pero la posición de Chile está amenazada, dado que la administración de Michelle Bachelet está siendo criticada por su presunto nepotismo.
Con políticos corruptos en posiciones claves de poder a lo largo de toda la región, el crimen campea; y, en su mayoría, no será castigado
Los ya previamente mal evaluados Gobiernos de Argentina y Brasil están también enfrentando acusaciones: la presidente Dilma Rousseff está supuestamente involucrada en las actividades ilegales de la petrolera estatal Petrobras; y, a pesar de una reciente decisión jurídica a su favor, la mandataria argentina, Cristina Kirchner, está bajo la lupa por su supuesta complicidad en la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien iba a acusarla por el encubrimiento a agentes iraníes en el caso AMIA.
Con políticos corruptos en posiciones claves de poder a lo largo de toda la región el crimen campea; y, en su mayoría, no será castigado. Los vínculos de los Gobiernos con el crimen organizado exacerban la inseguridad. Por ello, no es una sorpresa que las naciones latinoamericanas estén entre las más peligrosas del mundo.
El continente ha superado a África en el número de homicidios a partir de 2012, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Venezuela y Honduras son, con distancia, los peores casos, con 54 y 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2012, respectivamente; sistemas judiciales ineficientes y cuerpos policiales corrompidos han resultado en altas tasas de impunidad, y tasas de criminalidad crecientes.
La mayoría de los países con altas tasas de homicidios son los que están más preocupados de su agenda ideológica y política que de la seguridad de sus ciudadanos. El chavismo —sistema desarrollado por el expresidente Hugo Chávez para perpetuar a su partido en el poder, a través del populismo y de rigurosos controles políticos y sociales— ha infectado a varios países de la región y debilitado sus economías.
Los Gobiernos actuales de Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua están entre los que apoyan la agenda del Socialismo del Siglo XXI y han recibido significativo apoyo financiero del Gobierno venezolano para sus campañas presidenciales. La piedra angular del crecimiento exitoso para las pocas economías que permanecen sanas en el continente ha sido priorizar la seguridad (es difícil hacer negocios y generar crecimiento en un entorno asediado por la criminalidad).
Chile tiene menos homicidios por cada 100 mil habitantes que Estados Unidos, mientras la cifra de Perú está por debajo de los 10 por cada 100 mil ciudadanos. Y Colombia es la “niña prodigio” de la reducción de la criminalidad: Desde 2002, este país ha reducido su tasa de homicidios en más de 50%, ubicándose hoy en 31 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Aún así, el Gobierno colombiano se encuentra en una encrucijada, mientras da nuevos pasos hacia un tratado de paz con la guerrilla de las FARC. Si estas conversaciones y un eventual referendo llegan a una conclusión pacífica, el Gobierno tendrá que asegurarse de que los miembros de la guerrilla, ahora pacificados, no debiliten las instituciones democráticas cuando sean absorbidos por el sistema. Tendrá que ser arrancado desde sus retoños cualquier posible lazo con el crimen organizado de estos recién llegados a la arena política, a través de los adecuados controles y balances. Si los exguerrilleros logran cualquier avance en el cambio de las prioridades del Gobierno colombiano, la consecuencia será el estancamiento económico.
Chile y Perú necesitan regresar a las políticas económicas de libre mercado que impulsaron sus explosivos crecimientos
Adhiriéndose a valores similares de gobernabilidad e intercambio económico, Chile, Colombia, Perú y México constituyeron la Alianza del Pacífico. Los tres primeros países se han beneficiado de varias décadas de crecimiento económico y la estabilidad económica inherente a este.
Los escándalos más recientes de corrupción amenazan la continuidad de este crecimiento, además de tentar a los políticos a adoptar medidas populistas que provean soluciones de corto plazo y aseguren votos. Chile y Perú necesitan regresar a las políticas económicas de libre mercado que impulsaron sus explosivos crecimientos, mientras Colombia tiene que fortalecer sus instituciones para ser capaz de manejar su base expandida de actores políticos, mientras intenta cerrar el capítulo de la Guerra Civil.
La confianza en las instituciones del Estado tiene que ser reestablecida con avances significativos en transparencia y rendición de cuentas. Los latinoamericanos han tomado las calles para rechazar las actividades corruptas de sus líderes, y la comunidad internacional puede ayudar, presionando e incentivando a las élites gobernantes a adherirse al Estado de Derecho y al castigo a las actividades ilegales. Asegurar el éxito a largo plazo de los países latinoamericanos que miran a la costa del Océano Pacífico puede traer un cambio al resto de un continente en el que los ciudadanos claman por un regreso al crecimiento económico.
Traducido por Pedro García Otero.
