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La libertad depende de la seguridad. Eliminar o controlar amenazas que pongan en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas es condición necesaria para el ejercicio de la libertad. Y es obligación de los gobiernos resolver dicha ecuación.
La seguridad siempre tiene costos. Estudios empíricos confirman que una sociedad amenazada está dispuesta a reducir una parte de su libertad a cambio de seguridad. Una amenaza que puede originar en diversas crisis: una guerra, la propagación de violencia interna, un aumento de la criminalidad o el accionar del terrorismo.
Al igual que una pandemia, crisis global que atenta contra la vida, la salud, el ingreso y el empleo de las personas. Crisis sin precedentes frente a la que no existe manual, experiencia anterior, ni respuesta certera. Crisis sistémica en la que los gobiernos aprenden haciendo, por medio de ensayo-error.
Que se trata de ensayo-error lo prueba el caso de Suecia. El gobierno adoptó una estrategia sin confinamiento, o sea, dando prioridad a la libertad a costa de la seguridad. Ello resultó inicialmente aceptable para la sociedad, un humor social que está cambiando a la luz del alto número de muertes recientes.
Trump y Bolsonaro son considerados “negacionistas”—similar al caso del gobierno sueco—siendo criticados por intentar mantener la economía abierta. Pero también son criticados Fernández en Argentina y Bukele en El Salvador por sus estrictas medidas de confinamiento. Este último se ha convertido en un caso relevante.
El Salvador es el país más pequeño y con la mayor densidad de población de todo el continente, 322 habitantes por kilómetro cuadrado. En virtud de ello, el presidente dispuso un confinamiento draconiano e impuso penas de encarcelamiento a quienes violen la cuarentena obligatoria. Se reporta que 149 personas se encuentran detenidas en centros de cuarentena.
Ante ello la Corte Suprema emitió varias resoluciones ordenando la interrupción de dichas medidas en virtud de la inexistencia de una ley adoptada por el Poder Legislativo. Dichas órdenes fueron ignoradas por el Presidente con el argumento que sus acciones son “en defensa del derecho a la vida y la salud pública”, normando la cuarentena y sus penas por incumplimiento a través de decretos Ejecutivos.
La controversia motivó una comunicación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Allí expresa su “seria preocupación porque el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador” y llama a investigar “las presuntas violaciones de derechos humanos”, pues incumplir la orden del tribunal “equivale a una violación de las obligaciones internacionales en la materia”.
Sorprende la rápida intervención de la Alta Comisionada, no siempre ha sido así. En el caso de Venezuela, por ejemplo, recién en 2019 reconoció la gravedad de las torturas, arrestos de opositores y ejecuciones extrajudiciales. Aun así, todavía hoy rehúsa referirse al régimen de Maduro como una dictadura. Nótese que la OEA ya había emitido una resolución denunciando la ruptura del orden democrático en Venezuela en junio de 2017.
En el caso de Cuba van 60 años sin derechos civiles ni políticos y todavía hoy la Alta Comisionada no ha expresado preocupación alguna. Mas bien ha procedido de manera opuesta: en noviembre de 2016 expresó sus condolencias por la muerte de Fidel Castro llamándolo “un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina”.
Bachelet no puede ocultar su doble standard. En Argentina, por ejemplo, el Congreso está cerrado y el Poder Judicial no está en operación. Es decir, la suma del poder público está en manos del Ejecutivo que ha impuesto la cuarentena a punta de decretos presidenciales, incluyendo un tácito toque de queda en Buenos Aires para los mayores de 70 años. No se escuchó la preocupación de Bachelet sobre la supuesta alteración al orden constitucional en dicho país.
En España, por su parte, la justicia castiga con multa y detención a quienes violan el confinamiento decretado por el gobierno. En los tribunales aumentan también las condenas de cárcel y algunos acusados han sido enviados a prisión preventiva tras resistirse al arresto o intentar huir. La Alta Comisionada no ha pedido investigación alguna de las violaciones de derecho en ese país.
Es que no son tales, son dos ejemplos que ilustran lo absurdo de los argumentos de Bachelet. Se puede estar es desacuerdo con las medidas de Nayib Bukele, Alberto Fernández y Pedro Sánchez, pero la concentración de autoridad en el Ejecutivo no constituye, en sí misma, una alteración o ruptura del orden constitucional, ni tampoco implica, per se, una violación de derechos humanos.
En tiempos de crisis el Ejecutivo necesita actuar con rapidez, aumentando su autonomía. Es que en esta pandemia, la inseguridad y el temor del presente avasallan; la incertidumbre del futuro se hace insoportable; la sociedad exige respuestas y soluciones. Quienes se ocupan de derechos humanos deben mostrar ecuanimidad, sensibilidad con lo que se vive y neutralidad política.
No es el caso de la Alta Comisionada, quien debería imitar los principios de la salud pública: ante recursos escasos, darle prioridad a lo urgente. En Venezuela, Nicaragua y Cuba solo se conoce de manera parcial el nivel de contagio, pero se sabe fehacientemente que esas dictaduras han intensificado la persecución y las violaciones de derechos humanos con esta crisis.
Allí no hay conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, pues este último es un instrumento del gobierno. Allí sí, la concentración de poder en el Ejecutivo se mide en muertes. Bachelet lo sabe pero prefiere ocuparse de una controversia rutinaria entre los poderes del Estado, habitual en democracia, y mientras tanto pasar por alto las dictaduras en las que abundan los crímenes.
El problema es que en el cargo de Bachelet, lo que se omite es tan importante como lo que se dice. Tantas incongruencias y dobles estándares solo tienen una explicación: su ideología y sus decisiones eminentemente políticas. Con lo cual termina banalizando los propios derechos humanos que su responsabilidad institucional le obliga a promover y defender. En la pandemia y más allá.
