English Version
Los presidentes que Uruguay tuvo en las últimas décadas fueron personas de edad avanzada. Jorge Batlle (2000-2005) tenía 73 años al asumir; Tabaré Vázquez (2005-2010) tenía 65 años; la edad de José Mujica (2010-2015) era de 75 años; y Vázquez al asumir por segunda vez (2015-2020) también tenía 75 años.
Por esa razón, el triunfo de Luis Lacalle Pou de tan solo 47 años se sintió como una bocanada de aire fresco. En un sistema político en gran medida avejentado, se pensaba que una cabeza más moderna era necesaria para sacudir la modorra del país. Se daba por descontado que era una persona que tenía claro hacia dónde se está moviendo el mundo y que actualmente el desarrollo es en base a industrias sin chimeneas. Incluso, el signo asociado al mundo digital que escogió para identificarse políticamente, reforzaba esa creencia.
Sin embargo, está empezando a desilusionar en esa área. Si bien es cierto que a poco de asumir debió lidiar con la pandemia del coronavirus contando con muy pocos recursos materiales debido al brutal déficit fiscal que le legó Tabaré —y lo viene haciendo bastante bien— también lo es que ha tomado una serie de medidas llamativas.
Por ejemplo, se queja del estado de las cuentas públicas que recibió, pero… ¡creó un nuevo ministerio! (el de Ambiente). Capaz que fue para estar a la moda y ser políticamente correcto, en cualquier caso, una contradicción difícil de justificar.
No se observa que Lacalle Pou tenga real conciencia de la importancia del área digital, ni que sea una de sus prioridades. En los rankings mundiales Uruguay suele estar a mitad de la tabla, somos mediocres. Pero en el mundo digital estamos entre los mejores de la clase:
- En el Ranking 2018 de Desarrollo de la Ciberseguridad, ITU/ONU, Uruguay ocupa el tercer puesto en América (el primer lugar lo ocupa Estados Unidos y el segundo Canadá). A nivel mundial, Uruguay es considerado “desarrollado”.
- El Índice Global de Gobierno Digital de las Naciones Unidas 2020 ubica a Uruguay en segundo lugar en las Américas, por debajo de Estados Unidos, superando incluso a Canadá. A nivel mundial, Uruguay salta de la posición 34 a la 26 y mejora su propio puntaje, que asciende de 0,7858 en 2018 a 0,85 en el presente año.
Sin embargo, parecería que Lacalle Pou —a pesar de su juventud relativa— no valora adecuadamente lo que eso significa, más aún, en estos tiempos de teletrabajo forzado y aulas virtuales. Del valor de no tener que ir en forma presencial a las oficinas públicas sino poder realizar los trámites vía web.
El catedrático Bruno Gilli afirma que “no hay estructurado a nivel de política pública un mensaje claro para ciudadanos y empresas de cuál es la estrategia de transformación digital. ¿Es continuar las líneas que venían en los últimos cinco o seis años con los mismos instrumentos? ¿Con menos recursos o más recursos? O, ¿hay una nueva visión de transformar digitalmente el Estado? No hay una lectura clara de los agentes privados, de cuál es la visión que tiene hoy el gobierno sobre el rol que debería tener el Estado en el uso de las tecnologías para cumplir sus fines y misiones, y por otro lado, el rol del Estado a través de su sistema de uso, incentivos, normativo e información que posee es ayudar mucho a que se potencie la transformación digital en el sector privado.
Y como a tantos otros, a Gilli le asombra la creación del Ministerio de Ambiente. Pero si la intención era realizarlo de cualquier modo, “¿por qué no se creó 100 % digital? […] El Estado tiene todas las tecnologías desarrolladas para haberlo hecho: de contabilidad, de trámites para hacer, de gestión documental, de data. Se podría haber hecho”, aseguró.
En vez de eso, Lacalle Pou trasladó funcionarios de otras áreas públicas al nuevo ministerio, gente que con seguridad sigue aferrado a los viejos paradigmas del trabajo burocrático. Lo que demuestra con su proceder, es que a pesar de que tiene un espíritu mucho más liberal que otros políticos, de cualquier modo, en él hay anidada una cultura estatal y burocrática, poco moderna por cierto.
También las empresas periodísticas acogotadas económicamente por la transformación digital, esperaban otra actitud por parte del nuevo gobierno. Desde esa perspectiva, Martín Aguirre —director y redactor responsable del diario El País— expresa que “las penurias económicas de los medios uruguayos, agravadas por la pandemia, sin duda están afectando la calidad informativa. Esto ante una alarmante pasividad del gobierno que luego de 9 meses no ha encontrado un mecanismo para con cuatro migajas, (no se precisa más), ponerle las muletas que precisa la transición digital de la prensa nacional”.
Hay preocupación de que la “tijera” del Estado corte por donde no debe y malogre los avances que ha tenido el país en el área digital. Por ejemplo, Gilli menciona que se “crearon instituciones como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para definir políticas y normas de cómo encarar la transformación digital en el Estado uruguayo, está el Plan Ceibal, la historia clínica electrónica en salud, las políticas de inclusión financiera para impulsar las nuevas tecnologías, la fibra óptica”. La continuidad de estos programas ahora está en la cuerda floja.
Agesic es uno de los organismos del Estado que realmente está enfocado hacia el ciudadano, pero lamentablemente, le están quitando potencia. Por eso Gilli señala que es necesario definir “lo que quiero de la política pública, del Estado y su accionar, en proveer al ciudadano cercanía, mejor calidad de servicio, condiciones adecuadas, eficiencia, transparencia, es el impacto del Estado en la competitividad del país. El Estado va a intentar incentivar que la gente use el canal digital y no el presencial. Son decisiones que hay que tomar. Hay que diferenciar precios, servicios para que la gente opte. Uruguay tiene las instituciones para discutir eso. Hay que ponerle contenido. Hay muchos ejemplos en los que el Estado uruguayo podría reducir costos transaccionales utilizando tecnología”.
Lacalle Pou surgió como una promesa de cambiar muchas cosas que estaban mal. Y hasta ahora, su manera de conducir al país es bien valorada. No obstante, sería prudente que tanga claro que no se trata tan solo de corregir lo que estaba mal sino también de preservar y mejorar aquellas cosas que se hicieron bien en el pasado.
Ser desarrollados en materia digital es una buena base para seguir avanzando hacia el progreso sostenido. Pero sobre todo, porque demuestra que el centro del accionar de las autoridades es el bienestar del ciudadano.
