Las turbulencias políticas en España, originadas en el enfrentamiento entre Cataluña y Madrid, merecen un sereno análisis. ¿Por qué? Porque, en esencia, la discusión gira en torno a relevantes conceptos de filosofía política que deben ser señalados, ya que ellos repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Concretamente, esa controversia permitió conocer la idea de “nación”, “democracia”, “patria” y “soberanía” que defiende cada una de las partes en pugna. Asimismo, reveló el carácter tanto de Mariano Rajoy como de Carles Puigdemont.
A mi entender, ninguno de los principales actores de este conflicto quedó bien parado. Es decir, ni Rajoy ni las exautoridades catalanas independentistas.
Por otra parte, lo sucedido sacó a relucir que la Constitución española de 1978, al referirse a “nacionalidad”, es contradictoria. Asimismo, sus primeros artículos traslucen una confusión acerca de lo que es un “Estado” y una “nación”, asimilando ambos términos. Eso es llamativo dado que desde el siglo XIX existe una sólida y profusa literatura que clarifican bien ambos conceptos.
Uno de sus artículos contradictorios de la Constitución es el núm. 2, donde se expresa que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades”.
Si hay solamente una “Nación”, entonces, es imposible hablar simultáneamente de “nacionalidades”. Por lo menos, es lo que indica el principio lógico de no contradicción, fundamento de todo ordenamiento jurídico. Daría la impresión que aquí en realidad se estaría haciendo referencia al “Estado” español.
Recordemos que una nación es una comunidad espiritual donde el elemento voluntad de permanecer unidos es su rasgo primordial. Es un grupo humano cuyo principal elemento de unión es el idioma, pero también su pasado, tradiciones y costumbres. En cambio, el Estado es algo material; básicamente, significa el uso de la fuerza de las autoridades sobre la población en un territorio determinado.
Por tanto —y eso es lo que ha quedado de manifiesto en este conflicto entre catalanes y el Gobierno central—, es el Estado el que exige autoritariamente (como opuesto a voluntario) la “indisoluble unidad” del territorio de España.
Otro concepto constitucional que hace estridencia es el de patria. En forma análoga al de nación, la “patria” es un sentimiento personal, donde cada uno le da su propio contenido. Tal como se expresa en Don Quijote, la patria es un patrimonio individual circunscripto a un lugar y personas determinadas —que son o han sido— significativos para nosotros. Hace referencia a vivencias pasadas, aromas y paisajes entrañables. A raíz de ello, es que auténticamente sentimos “amor” hacia ella. Y es por eso que Cervantes afirma que la patria de Don Quijote es “un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”.
Por consiguiente, ninguna autoridad o Constitución —por muy legítima que sea— puede determinar a priori cuál es la de cada uno y, muchos menos, que exista una “patria común e indivisible”.
La noción de patria nace de uno de los sentimientos más puros del ser humano. Por eso indigna que los políticos lo hayan expropiado para servir a sus propios intereses. Actualmente, el bastardeado concepto de “patria” está ligado a banderas, escudos, música marcial y juramentos de lealtad. Es decir, a su antítesis: el espíritu bélico.
Por tanto, conforme a lo analizado anteriormente, es indiscutible que los catalanes son una nación. Asimismo, que ninguna Constitución puede determinar a qué hace referencia el término patria para cada uno. Pero lo más grave es que, si analizamos el tema desde el punto de vista legal —como insiste Rajoy—, encontramos que en el Preámbulo del Estatuto de autonomía de Cataluña —aprobado por el Congreso español en marzo de 2006 y por el Tribunal Constitucional en una sentencia hecha pública en 2010— se define a Cataluña como nación, y se subraya que “la Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce [la realidad nacional de Cataluña] como nacionalidad”. El mismo concepto se reitera en el artículo primero.
En consecuencia, si Cataluña es una nación, entonces es en los catalanes donde reside su soberanía. Sin embargo, en la Constitución española volvemos a encontrar otra incongruencia porque expresa que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”.
¿A qué denomina “pueblo” ? Obviamente que no a la nación porque ya hemos demostrado que no hay una, sino varias. Por consiguiente, hay que deducir —postura sostenida por Rajoy— que hace referencia a la suma de todas las nacionalidades que allí conviven. Pero de ser así, esa democracia no es liberal, sino una dictadura de las mayorías, porque no se respetan los derechos de las minorías. En este caso, de los catalanes.
A mi entender, lo “justo” y conforme al derecho es que los catalanes libremente, y con todas las garantías electorales, definan su futuro.
Rajoy hizo mal al impedir el referéndum independentista. Al hacerlo, exhibió su sentido de la democracia, que, por cierto, es bastante autoritario. Si lo hubiera permitido, además de haber actuado bien, posiblemente se hubiera evitado este penoso lío, porque, de acuerdo con las encuestas, hubiera ganado el “No” a la independencia.
Por su parte, tanto Puigdemont como demás exautoridades catalanas independentistas se equivocaron feo al pretender darle validez a este referéndum que notoriamente no lo eran. No solo por la falta de garantías electorales, también porque al haber sido declarado ilegal por el Gobierno central, muchos de los que estaban en contra no fueron a votar.
Pero el colmo y lo demostrativo de su carácter es que hayan declarado unilateralmente la independencia —a pesar de conocer de antemano las consecuencias— y luego, en vez de afrontar con dignidad las consecuencias de tal proceder, hayan huido cobardemente. Una prueba de su falta de convicción y espíritu heroico.
Finalmente, Rajoy tomó la medida que consideramos más acertada: decretó que el 21 de diciembre se realizarán elecciones regionales en Cataluña. Afirmó que podrán presentarse todos los partidos, incluso los independentistas.
Sin embargo, quedan ciertas preguntas en el aire: ¿serán auténticas estas elecciones? Es decir, ¿realmente se permitirá que los catalanes expresen libremente su voluntad? Si el resultado llegara a ser desfavorable a la postura que Rajoy ha mantenido inflexiblemente hasta ahora, ¿acatará la decisión soberana de los catalanes?, ¿permitirá que se realice un referéndum para decidir una eventual independencia? Por ser esto un asunto tan sensible, para ser aprobado debería requerir el voto afirmativo de una mayoría especial de los ciudadanos catalanes.
A juzgar por la conducta que ha mantenido Rajoy hasta ahora, se diría que trata de blanquear una posición que en el fondo es autoritaria. En otras palabras, apuesta a que los independentistas pierdan (lo cual probablemente ocurra).
Pero, ¿y si no es así? Si la mayoría de los escaños la volvieran a ganar los partidos independentistas, ¿comenzaría todo de nuevo?
Tras todo lo ocurrido, queda la interrogante: ¿qué entiende por democracia Rajoy?
En definitiva, y más allá de la conducta personal del presidente del Gobierno, la raíz del conflicto está en las flagrantes contradicciones que contiene la Constitución de España. Mientras no se corrijan, se seguirán produciendo situaciones parecidas a las actuales.