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La corrupción es un gran problema a nivel mundial. Sin embargo, ella no está presente en todas las regiones de manera uniforme, sino que algunos países parecen ser inmunes a esa “enfermedad”. Por cierto, no es el caso de gran parte de América Latina. Incluso, varias naciones de este continente ocupan los últimos lugares del ranking de Transparencia Internacional, como por ejemplo Haití y Venezuela.
El mapa que reproducimos a continuación, es una muestra visual elocuente de lo que acabamos de afirmar:
La corrupción no es inocua sino que tiene consecuencias perniciosas –tanto económicas como políticas- sobre la calidad de vida de los habitantes. Ella no sólo enriquece a algunos injustamente, sino que también empobrece a la nación en su conjunto. Además, hay una estrecha relación entre la violación de los derechos humanos, atropellos y maltratos a la gente común por parte de las autoridades, con la propagación de este maligno “cáncer”.
En otras palabras, la existencia de corrupción generalizada hace retroceder a la democracia, haciendo emerger a regímenes despóticos. Venezuela es un ejemplo paradigmático al respecto.
El propio informe de Transparencia Internacional sostiene, que “en países con líderes populistas o autocráticos, a menudo vemos democracias que retroceden y un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del poder judicial. En vez de combatir el ‘capitalismo clientelista’, estos líderes por lo general instalan sistemas corruptos incluso peores” que los que existían anteriormente.
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Dado que esta podredumbre es un problema que arrastra consigo efectos tan nefastos, urge dilucidar cuál es el sustrato que la nutre y vigoriza.
Son muchos los que han analizado este tema. No obstante, creemos que hay un aspecto que se menciona poco: la estrecha relación que existe entre el grado de libertad económica que existe en una nación y la extensión de la corrupción en esa región.
Al comparar el mapa de libertad económica con el de corrupción, salta a la vista que existe una gran coincidencia entre ambos: aquellos lugares donde hay menor interferencia del Estado (ergo, de los políticos y las burocracias) en los mercados, coinciden –y no por azar- con aquellos donde hay mayor moral pública. O sea, hay una relación directa entre ambos factores.
México es un buen ejemplo de lo que acabamos de señalar: la disminución de su libertad económica, ha ido de la mano del aumento de la percepción de corrupción en esa nación.
En efecto, según Transparencia Internacional, en 2015 el país azteca ocupaba el No. 95 entre 168 naciones evaluadas, (donde el primer lugar le corresponde al más honesto). En el 2016, descendió al 123. Algo análogo ocurrió en el campo económico. Según el ranking elaborado por The Heritage Foundation, en 2015 se situaba en el puesto No. 62 entre 178 países analizados; en 2016, cayó al No. 70 (el primer lugar corresponde a mayor libertad económica).
¿Por qué ocurre eso? Por diferentes razones
Antes de mencionar las principales causas, nos interesa subrayar que la corrupción, va mucho más allá del simple hecho de recibir coimas. En rigor, ella significa aprovecharse de los recursos públicos para beneficio propio y/o para favorecer arbitrariamente a familiares, amigos y correligionarios. En consecuencia desde esa perspectiva, el nepotismo, el clientelismo, poner a ineptos en cargos públicos relevantes, inventar nuevos que son innecesarios y para colmo, impúdicamente bien remunerados, realizar profusa publicidad estatal para favorecer la propia reelección o las candidaturas del partido gobernante, son actos de corrupción.
Este tipo de degeneración de la moral pública no suele ser percibida como tal, y por tanto, no es registrada en los ranking internacionales. Sin embargo, tiene los mismos efectos funestos sobre la calidad de vida e institucional de las sociedades. Por consiguiente, es relevante exponerla y denunciarla.
Pasemos ahora a mencionar los principales nexos entre corrupción y mercados interferidos por las autoridades:
1) La existencia de empresas de propiedad estatal -principalmente si son monopólicas- otorgan infinitas oportunidades de utilizar los recursos públicos en forma indebida. Lo peor de todo son las petroleras. El reciente escándalo en Brasil relacionado con Petrobras, constituye prueba de ello.
2) Ídem ocurre con la existencia de bancos estatales. Ellos no solo se utilizan para “impulsar” a ciertos empresarios amigos, sino también para mantenerse en el poder mediante la reelección (con todos los privilegios, prebendas, suculentos sueldos y demás emolumentos que ese cargo apareja).
La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, fue uno de los tantos gobernantes que pululan por ahí, que hizo un uso incorrecto de los bancos estatales. Precisamente, esa fue la causa de su destitución.
Como se recordará, la exmandataria fue acusada de realizar “pedaladas fiscales”, que significa la utilización de fondos de bancos públicos para cubrir sus obligaciones. La clara intención -con miras a obtener su reelección en las elecciones de 2014- fue exhibir de modo fraudulento un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, de lo que correspondía a la realidad. Esa práctica está expresamente vedada por la ley de Responsabilidad Fiscal brasilera, justamente, por ser una forma de engaño a la ciudadanía.
3) Cada vez que las autoridades exigen una licencia o permiso para operar en determinadas áreas, cuando los trámites son muy engorrosos e insumen mucho tiempo, aumenta la tentación de realizar prácticas ilícitas. Si a eso le agregamos poca transparencia en el accionar de las diferentes reparticiones estatales, correlativamente, mayor es el grado de corrupción.
4) La existencia de mercados “protegidos”, también son campo orégano para la descomposición de la ética pública. ¿Por qué? Porque ellos se convertirán en “cotos de caza” para empresarios inescrupulosos, que buscarán que los gobernantes les otorguen a su favor monopolios u oligopolios.
Dentro de mercados libres no hay lugar para la corrupción, por el simple hecho de que no hay modo de que las autoridades puedan beneficiar arbitrariamente –“retribución” mediante- a ningún grupo económico o persona individual.
5) Un Estado hipertrofiado, con muchos ministerios, empresas y reparticiones estatales, es caldo de cultivo para un amplio rango de corruptelas: dilapidación de los dineros públicos, robos o despilfarro en el uso de los materiales de trabajo, contratar gente innecesaria y / o poco competente, etc.
En casi toda nuestra América, en estos momentos se están conociendo casos de brutal corrupción. En consecuencia, la población está cada vez más indignada y lo manifiesta de diferentes modos.
Lo paradójico es, que al mismo tiempo que repudian ese tipo de conducta, aplauden la intervención estatal en la economía. Por tanto, el problema continuará sin visos de solución, mientras la gente no comprenda cabalmente cuál es el sustrato que alimenta la inmoralidad de nuestras autoridades y algunos empresarios.
Lord Acton señala que “el poder corrompe”. La conjunción del poder político con el económico, incrementa exponencialmente el de las autoridades. Por consiguiente, en el mismo grado aumentará la corrupción.
Si los latinoamericanos desean ser efectivos en el combate a la corrupción, en sus respectivos países deberían abogar por una menor intervención del Estado en la economía.
