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Recientemente pasé unos días en Nueva York y Boston. A raíz de mi estadía allí, cobré cabal conciencia de la estrecha relación que existe entre la cultura e ideas predominantes en una nación y la calidad de vida de sus habitantes.
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Pese a que en Estados Unidos hay delincuencia uno se siente a salvo en la calle. Algo a destacar es que esa seguridad emana de una autoridad que ejerce su función sin hacer alarde de ello. Al Estado prácticamente no se lo ve físicamente aunque se deduce su presencia porque las cosas funcionan correctamente.
La seguridad pública es un tema fundamental para cualquier país. Ese factor es tan esencial para la calidad de vida de las personas, que constituye uno de los fines primarios del Estado. Es decir, que si no cumple correctamente con esa función, su existencia no tiene razón de ser. Los ciudadanos pagamos impuestos en el entendido de que ese dinero será usado por los gobernantes para brindarnos ciertos bienes públicos; la seguridad personal es uno de los más relevantes.
En Uruguay el auge de la delincuencia vino de la mano de los gobiernos izquierdistas que nos gobiernan desde el 2005. Anteriormente uno de los activos que nuestra nación ofrecía al mundo era precisamente la tranquilidad que reinaba en estas tierras. Era una realidad que nos enorgullecía y que tornaba placentera la vida aquí, a pesar que económicamente no era el lugar más recomendable para progresar.
Ya no es así. Los delitos han aumentado en cantidad y ferocidad. La violencia se nota en todas partes, hasta en el tráfico. Es usual que asalten a alguien cuando detiene su auto en un semáforo o cuando baja para entrar a su casa. A pesar de que la prensa no informa mucho sobre ese asunto, los copamientos de viviendas son frecuentes. Lo que los medios ocultan, se sabe por el boca a boca.
Esta situación no es una “tendencia mundial” como esgrimen excusándose nuestros gobernantes. La prueba es que en la mayoría de los países desarrollados ese tema está bajo control. La delincuencia se ha exacerbado debido a las ideas, el discurso, las prácticas y leyes aprobadas por los gobernantes izquierdistas.
Por ejemplo, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) su ministro del Interior, José Díaz, sostenía que los delincuentes eran “víctimas de la sociedad”. Afirmaba que la culpa de que cometieran delitos era de la sociedad uruguaya, porque había sido incapaz de ofrecerles oportunidades para que pudieran llevar una existencia honrada. En consecuencia, hizo aprobar la ley No. 17.897, titulada “Régimen Excepcional de libertad provisional y anticipada” que dejó libre a gran parte de los reclusos.
En aquel momento se levantaron voces advirtiendo la irracionalidad de esa norma y que los delitos se iban a disparar, como efectivamente sucedió.
La “doctrina Díaz” tiene sus seguidores. Lo prueba una reciente resolución de un Tribunal de Apelaciones que redujo la pena de un delincuente que en cinco años cometió ocho delitos, con el argumento de que al calibrar el castigo era necesario tener en cuenta “la coculpabilidad social” porque el acusado no terminó primaria y pertenece “a la clase social más desfavorecida”.
Los habitantes de los países desarrollados en general y de Estados Unidos en particular, asumen la responsabilidad personal. Los delitos se reprimen y se ejerce la autoridad. No se difuma la responsabilidad de cada quien con el sofisma de que “la culpa la tienen otros”. La víctima es la que sufre un delito y no a la inversa.
Podría decirse que ese aire de seguridad que se respira en Nueva York se originó en un diagnóstico acertado de las causas de la delincuencia y en la consiguiente repuesta. Fue así que en 1994 su alcalde, Rudolph Giuliani, puso en práctica la doctrina de la tolerancia cero. Según esta postura, el camino a la criminalidad comienza con infracciones menores como por ejemplo pintar graffitis o beber alcohol en la vía pública, que con el correr del tiempo se van agravando. En consecuencia, no se dejan pasar y son sancionadas con severidad.
Actualmente, las autoridades de ciertos países desarrollados están mostrando el mismo ingenio para otorgar seguridad a los ciudadanos sin entrar en autoritarismos. Una de las iniciativas muestra un grado de creatividad increíble, dado que se basa en utilizar a favor la pokemanía.
La puso en práctica la policía de Manchester (New Hampshire, EE.UU.) con el objetivo de capturar a delincuentes prófugos. Se hizo circular por el Facebook de ellos el siguiente mensaje: “Atención a todos los jugadores de Pokémon Go: hemos descubierto recientemente que hay un Charizard en nuestra área de registro. Como el Charizard es un personaje tan excepcional, el número de personas que invitamos es limitado. Si tu nombre aparece en la siguiente lista, eres uno de los afortunados. Date prisa antes de que el Charizard se vaya”.
Por su parte en Bélgica, la policía de Rotterdam planea utilizar a los jugadores de ese videojuego para que sean “ojos adicionales”, los ayuden a “cazar” delincuentes y a prevenir delitos en la ciudad. La idea es utilizar “cebos” especiales hechos con personajes de Pokémon, con el fin de atraer a jugadores a lugares donde se suelen cometer delitos para de ese modo desalentar a los delincuentes.
Fórmulas creativas para combatir la delincuencia que se basan en asumir la realidad tal como es y no sacarle el cuerpo a la propia responsabilidad.
Todo lo contrario de lo que hacen los gobernantes uruguayos que utilizan su ingenio pero para falsear la realidad, para atribuirse triunfos que no son tales. Desde el gobierno de José Mujica (2010-2015) en adelante, se modificó la forma de evaluar los datos de seguridad en el país. Anteriormente, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior realizaba reportes anuales y completos, con todos los datos sobre los delitos cometidos en el país. Ya no hay reportes periódicos ni continuidad preestablecida sino que se van difundiendo datos aislados, en la medida y oportunidad en que sean beneficiosos para el gobierno.
Ese cambio provocó que en 2011 Rafael Paternain –director del Observatorio– renunciara alegando que “hay mucha confusión en la información que se presenta”. El experto cuestionó una práctica que se continúa haciendo hasta el día de hoy: “Hay una mezcla de tiempos, de geografía, de períodos y no se interpreta todo linealmente. El objetivo (del monitoreo) es evaluar el impacto de los operativos” pero de este modo es imposible.
Es obvio que la intención de Mujica y Vázquez ha sido presentar una realidad distorsionada con respecto a la seguridad pública. Ellos dirán que los delitos bajan, pero lo cierto es que los ciudadanos sabemos bien que estamos cada vez peor en ese aspecto. Por consiguiente, perdiendo aceleradamente calidad de vida.
