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El escándalo en torno a Petrobras —la petrolera semiestatal brasilera— da pie para analizar el papel que cumplen las empresas públicas en nuestro continente.
En el caso concreto de Petrobras, la “Operación Lava Jato”, llevada a cabo por la policía y fiscales, sacó a la luz un colosal esquema de corrupción que involucra a exejecutivos de la petrolera, empresas de construcción y políticos de la coalición gobernante encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT).
Según los datos preliminares, los integrantes de ese selecto “club” se quedaron con miles de millones de dólares de contratos de Petrobras.
La gran mayoría prefiere que la economía esté regida por el “dios” Estado y no por las leyes del mercado.
Hasta el momento han sido detenidos 23 de los empresarios más ricos y poderosos del país. Entre los arrestados se encuentran presidentes y ex presidentes de las mayores constructoras brasileñas. Son acusados de haber organizado junto a directivos de Petrobras una red de sobornos, corrupción y lavado de dinero. Se calcula que en el período 2004-2012 desviaron más de US$ 3.000 millones. Sólo dos de las grandes compañías de construcción (Odebrecht y Andrade Gutierrez) han salido por ahora “limpias” de la investigación que se está llevando a cabo.
Según denunció Augusto Ribeiro de Mendonça Neto —ejecutivo de la constructora Toyo Setal— el esquema funcionaba desde 1990. Desde esa fecha, los pagos de sobornos a los directivos de Petrobras han sido rutinarios para aquellos que firmaban contratos con esa empresa. El encargado de hacer funcionar este engranaje era Renato Duque, quien ocupaba el cargo de director de Servicios de la petrolera estatal.
Su estrategia consistía en invitar a los candidatos favoritos a postularse para los contratos millonarios. Las empresas favorecidas recibían instrucciones directas de Duque para que hicieran donaciones, principalmente al PT pero también al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y al Partido Progresista (PP).
En las recientes elecciones nacionales donde Dilma Rousseff buscaba ser reelecta, el PT y los partidos aliados del gobierno (PMDB y PP) recibieron $ 48 millones de dólares de los $78 que recibieron en forma de donación (62%), de las constructoras a las que se investiga por esta supuesta trama de corrupción.
En consecuencia, no hay que ser muy astutos para darse cuenta a quienes benefician principalmente las empresas públicas en este caso.
Pero algo similar ocurre en toda América Latina. Y, a pesar de la evidencia abrumadora de lo nefastas que suelen ser para el nivel de vida de la población las empresas públicas, los latinoamericanos siguen “amándolas”. Miran con desconfianza todo lo que proviene del sector privado y con ingenuidad al sector público. La gran mayoría prefiere que la economía esté regida por el “dios” Estado y no por las leyes del mercado.
Cuando salta un escándalo de corrupción como el de Petrobras, la gente suele clamar por dirigencia más “honesta”. No parecen percibir que las raíces del mal no están en esas personas concretas sino en el sistema. Como expresa Albert Einstein, “locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar que los resultados sean diferentes”.
El esquema de corrupción de Petrobras quedó expuesto porque se trata de una empresa de capital mixto. Es de propiedad mayoritariamente estatal pero cuenta con participación extranjera privada. Y fue precisamente esa pequeña área de propiedad privada la que permitió investigar y castigar a los presuntos culpables. Es que, durante años, el gobierno brasileño hizo un uso incorrecto de la petrolera, ya que aparte de lo anteriormente expuesto, la utilizó como un instrumento de política industrial y monetaria a costa de los accionistas minoritarios. Y estos, obviamente, no iban a seguir tolerando eternamente ese estado de cosas.
Por otra parte, lo que afirmamos queda demostrado porque la actual dirección de Petrobras, a cargo de Graça Foster, tuvo conocimiento desde años antes de que se realizaran las investigaciones policiales de las irregularidades que se estaban cometiendo en la empresa. En 2008 una gerente le había avisado a Foster sobre las irregularidades que iba detectando. El resultado fue que a esa gerente primero la trasladaron a Asia y finalmente la despidieron.
El hecho de cotizar en bolsa y tener que dar cuenta a los accionistas, será lo que probablemente permitirá enderezar la situación. Además, da esperanzas de que los culpables —por muy poderosos que sean— finalmente serán castigados como merecen.
En ese sentido, las acciones más destacadas son las realizadas por la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos que emprendió una investigación propia, que indujo a la empresa de auditoría PwC a negarse a firmar los estados contables de la compañía brasilera hasta que no lleve a cabo su propia investigación. Si Petrobras no satisface las inquietudes de PwC y emite resultados financieros auditados para el 30 de abril, podría caer en un default técnico para su deuda. La calificadora Moody’s la estima en $ 170.000 millones.
Muy diferentes son las situaciones de las empresas públicas totalmente estatales. Por ejemplo en Venezuela, el difunto Hugo Chávez y su delfín Nicolás Maduro hicieron uso y abuso de Pdvsa para beneficio económico y político propio y de sus amigos (tanto nacionales como extranjeros).
Chávez, que llegó al poder con el discurso de combatir la corrupción de los partidos tradicionales, la disparó a niveles nunca vistos. Según el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina. A nivel mundial está entre los peores: ocupa el puesto 161 entre 175 países analizados. Pero nadie en su país investiga…
En Uruguay, la petrolera estatal ANCAP, bajo la presidencia de Raúl Sendic (2008-2013), tuvo pérdidas de alrededor de $276 millones y deudas financieras por $1.551 millones. Además, hubo una polémica con la consultora KPMG debido a diferencia de criterios para considerar el endeudamiento.
A raíz de ello y de que a pesar de los altos precios del petróleo de esos años, 2013 fue el cuarto año consecutivo en que ANCAP tuvo un balance deficitario, la oposición pidió una investigación parlamentaria. No fue hecha debido a la cerrada negativa del oficialismo, que tiene la mayoría…
En las últimas elecciones nacionales, Sendic fue la gran sorpresa electoral. La alta votación recibida en la interna de su partido lo posicionó como candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial oficialista. Con la victoria del gobernante Frente Amplio, es el nuevo vicepresidente de la República. En consecuencia, para el país fue un nefasto negocio su actuación en ANCAP, pero no para él. Pésima gestión y “premiado” en las urnas.
En conclusión, no hay que ser muy sagaz para saber a quiénes benefician realmente las empresas públicas estatales.
