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EnglishEl tema de la calidad de la educación está actualmente en el tapete por estos lares. En Chile, la entonces aspirante presidencial Michelle Bachelet, tuvo como eje central de su campaña la promesa de una “educación gratuita y de calidad”. En Uruguay, el ex presidente Tabaré Vázquez —candidato oficialista para las próximas elecciones nacionales— ha mencionado que de ser reelecto, una de sus prioridades será mejorar sustancialmente la educación pública. Según las encuestas, es muy probable que vuelva a conquistar la primera magistratura.
Tanto Bachelet como Vázquez consideran que para perfeccionar la educación lo que se requiere son toneladas de dinero. Fondos que obviamente provendrán del bolsillo de los propios habitantes vía aumento de impuestos. Además, ambos comparten la premisa de que el Estado es el mejor medio para alcanzar el objetivo deseado. Lo también implica creer que los políticos y las burocracias son los que mejor saben cómo educar, y cómo gastar eficientemente el dinero.
En función de esas creencias, Bachelet envió al parlamento un proyecto de reforma tributaria con el fin de recaudar un 3% del PIB anualmente para financiar la educación. Por su parte, Vázquez ha declarado que en una eventual futura administración suya, le otorgaría un presupuesto equivalente al 6% del PIB a la educación pública.
Frente a estas propuestas, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la base para creer que el problema de la educación se soluciona con más dinero? ¿Qué estudios avalan tal hipótesis? ¿Qué dice la evidencia empírica?
Tabaré Vázquez fue presidente de Uruguay desde el año 2005 hasta el 2010. Durante su gobierno, el presupuesto de educación creció 84%. Sin embargo, el puntaje obtenido por los estudiantes uruguayos en las pruebas PISA empeoró año tras año en el lapso referido. Es más, el nivel de aprendizaje de los adolescentes de 15 años estuvo por debajo del mínimo aceptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que realiza las mencionadas pruebas.
El actual presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015), también incrementó sustancialmente el dinero que le otorgó a la enseñanza pública, obteniendo los mismos pésimos resultados que su antecesor. En la prueba PISA 2012, nuestro país obtuvo el peor desempeño de los cuatro años en que ha participado en las pruebas. En ese año, es posible apreciar un marcado deterioro en todas las áreas investigadas, al compararlo con las pruebas de 2003, 2006 y 2009.
También en Estados Unidos primó la tesis de que la calidad en la enseñanza es un tema monetario y estatal. Es decir, cuanto más dinero vuelque y más directrices dicte el Estado en la enseñanza, mejor serán los resultados obtenidos. Esa línea de pensamiento fue la base de la ley promulgada por el presidente George W. Bush en 2002, denominada No Child Left Behind Act (NCLB). Desde esa fecha se han volcado miles de millones de dólares en el programa, sin lograr mejorar en forma sustancial la enseñanza. El fracaso es tan evidente, que desde todas las tendencias políticas se está hablando de desmantelarlo.
Las experiencias mencionadas —que con se repiten por doquier con ciertas variantes— nos permiten sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que al aumentar los impuestos arbitrariamente en proyectos que se han demostrado ineficaces, se debilita la capacidad de cada familia o persona para escoger la forma de educación que considere más idónea. Es obvio que cuanto más dinero los políticos extraen de los bolsillos de los ciudadanos, éstos dispondrán de menores recursos para tomar decisiones propias. Por lo tanto, se acrecienta el poder de la élite gobernante, de los grupos de presión organizados, y correlativamente, se disminuye el de la persona común. Ergo, se debilita la democracia.
Otro efecto pernicioso es que la injerencia estatal trae consigo una politización de la enseñanza, que se convierte en un campo de batalla ideológico. O sea, que con la excusa de “controlar la calidad”, se determinará centralmente qué autores o enfoques se deben usar en las aulas, y cuáles estarán implícitamente vetados. La experiencia prueba de sobra esta aseveración.
Con respecto al punto anterior, un campo especialmente sensible a la manipulación ideológica, es el histórico. Todos los que aspiran a formas de gobierno autoritarias tienen muy presente la sentencia de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado”.
La realidad es que en esencia, la educación es un servicio como cualquier otro. Por lo tanto, la única forma de bajar costos y elevar la calidad, es mediante un proceso de ensayo y error competitivo, libre y descentralizado. Un proceso en el que los actores, por orden de importancia, sean los estudiantes, sus padres, los centros educativos y los profesores. Un proceso que asegure la creación de espacios donde puedan expresarse libremente todas las opiniones, visiones y métodos de aprendizaje, y se le dé cabida al estudio de una amplia variedad de autores. La educación debe caracterizarse por la diversidad en el sentido más amplio.
Por lo tanto, con autonomía y descentralización no sólo se mejorará la educación, sino también la calidad democrática.
