English Version
Es un gran éxito de la neolengua socialista que quienes critiquen los ataques a la propiedad privada en Venezuela hablen de “expropiaciones” me explicaba esta semana Andrea Rondón, quien es doctora en Derecho, profesora de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello e investigadora del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico CEDICE Libertad. Expropiación, me recordaba, sería únicamente dentro de los límites que para resguardar el derecho de propiedad se establecen al gobernante para la adquisición por causas forzosas. Lo que ocurre con la propiedad en Venezuela, resumía ella, no es un problema de discrecionalidad, sino de arbitrariedad en que la creciente historia de abusos y expoliaciones es una política de Estado.
Aquí los ataques a la propiedad privada por el socialismo en el poder no violan las leyes vigentes. Son de hecho una obligación de los funcionarios bajo tales leyes. Y no podía ser de otra forma si, como afirma la Profesora Rondón, es una política de Estado. Tenemos “leyes” que prohíben y sancionan conductas sociales, inofensivas y morales, mientras propugnan y defienden conductas antisociales, inmorales e incluso criminales. Por desgracia es muy fácil convencer a las masas del que vicios antisociales serían “virtudes” y viceversa. Ya en el siglo XVIII advertía Benjamín Franklin que únicamente pueblos virtuosos pueden vivir en libertad ya que en la medida que “las naciones se hacen corruptas y viciosas crece su necesidad de amos”.
No es detalle menor que Venezuela se rija desde 1999 por una confusa y contradictoria constitución redactada por una asamblea constituyente convocada violando la constitución de 1961. El asunto es que aquél parlamento carecía el recién electo presidente Chávez de una mayoría abrumadora para imponer la reforma constitucional que le exigía la Constitución vigente para adelantar su proyecto constituyente. Que el máximo tribunal de entonces decidiera que podía hacer lo que la Constitución no permitía y no era necesario lo que exigía, prefiguró muy tempranamente al máximo tribunal de hoy. Pero tanto la Constitución de 1961 como la de 1999 señalan que las leyes serían producto del poder legislativo. Únicamente por excepción permiten al ejecutivo legislar temporalmente por decretos.
Aunque para destruir la propiedad privada, la excepción se hizo norma y viceversa. Decretos del ejecutivo crean y/o reforman “leyes” claves para el proyecto totalitario:
- Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
- Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y de la Trabajadora
- Ley Orgánica de la Seguridad Agroalimentaria
- Ley de Orgánica de Precios Justos
No son los únicos decretos leyes a tal efecto, pero sí los principales. Esas cuatro “leyes” resultan ser los cuatro jinetes del apocalipsis venezolano. Y no carecen de antecedentes. Durante el socialismo moderado del pasado, garantías constitucionales protectoras de la propiedad privada estuvieron suspendidas por “excepción” ininterrumpida de 1961 a 1989. Al amparo de aquella prolongadísima excepcionalidad se crearon infinidad de controles y privilegios que una vez restablecida la garantía constitucional eran contrarios a la Constitución. Pero el máximo tribunal decidiría que permaneciera en vigor todo aquello, o dicho de otra forma, que en cuanto a propiedad privada y libertad económica la constitución podía ser y sería letra muerta.
De aquellos polvos provienen estos lodos. Y lo que tenemos ya no es un polvoriento entramado de controles burocráticos que entorpecen la actividad económica creando barreras artificiales y privilegios que enriquecen a los cercanos al poder y empobrecen a la sociedad en su conjunto. Es eso y mucho más. Es un lodazal de “leyes” que toleran y amplifican vicios del pasado como marco a una política de Estado cuyo objeto es la destrucción de la propiedad privada para establecer un totalitarismo socialista. Es el terror que impone la miseria material y moral.
Aparte del ser producto de mecanismos de “excepción” con que el ejecutivo decretó casi todos los instrumentos legales más o menos recientes en Venezuela, tienen en común los decretos leyes citados, tres claves de la destrucción progresiva de la propiedad privada.
- Criminalizan acciones y funciones normales y necesarias para el funcionamiento de una economía de mercando y su proceso de precios libres.
- Establecen obligaciones de imposible cumplimiento tanto porque fuerzan la destrucción patrimonial como por contradicciones internas de las propias regulaciones.
- Establecen la confiscación de la propiedad como medida preventiva y/o sancionatoria, principalmente por vía administrativa.
Los efectos de las confiscaciones son notables. El 2009 es Estado se apodera de las dos principales torrefactores del país pasando a controlar totalmente la producción de café. Para abril de 2014 el índice de escasez de café en Venezuela había llegado al 84 %. La Siderúrgica del Orinoco SIDOR, privatizada en 1997 fue retomada por el gobierno en 2008. Comparando 2006 con 2016, su producción de acero cayó 93 %, la de cabillas cayó 92 % y la de tubos y hojalata se redujo en 100 %. Mientras la producción desaparecía el número de empleados se incrementó en 281 %. En 2008 el Estado se apropia de la totalidad de las cementeras de Venezuela. Y mientras el ahora difunto supremo caudillo prometía aumentos de producción que garantizarían la oferta de cemento en todo el territorio, o cierto fue que la producción cayó entre 41 y 67 % en los años para los que es posible obtener información y la escasez de cemento es permanente. Venezuela está destruida. La economía se ha contraído más de dos tercios desde 1998. Sufrimos la peor hiperinflación vigente hoy en el planeta. Hay un desabastecimiento crónico de medicinas. La escasez y carestía de alimentos arroja un cuadro de desnutrición creciente que amenaza con la sombra de la hambruna. Es eso y no otra cosa lo que se logra cuando el poder político se empeña en destruir la propiedad privada.
Discusión sobre post