English Version
EnglishLos residentes de Arivaca, zona rural del estado de Arizona, Estados Unidos, le informaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que su puesto interno de control de inmigración debe ser retirado. El pasado miércoles 27 de mayo, aproximadamente 100 ciudadanos interesados y personas afines a la causa llegaron al puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Arivaca Road con la esperanza de enviar un mensaje a su representante electo en el Congreso.
“Legislador Grijalva: ¿Cuándo es nuestra audiencia?”, decía una gran pancarta desplegada por miembros de la comunidad. Ha pasado casi un año desde que el congresista Raúl Grijalva (Demócrata-Arizona) prometiera a los habitantes de Arivaca una audiencia ah hoc en el Congreso para que este examine el impacto negativo de los puestos internos de control en las comunidades fronterizas. “Fue inspirador tener el apoyo de Grijalva”, dijo Jack Driscoll, residente de la zona. “Ahora necesitamos que mantenga su palabra y nos dé nuestra audiencia”.
Los manifestantes protagonizaron una “sentada” pacífica en el puesto de control y celebraron una audiencia pública en la que los residentes expresaron sus preocupaciones sobre lo que ellos consideran como un “abuso generalizado y hostigamiento, violaciones de los derechos, discriminación racial, y deterioro económico” a manos de la Patrulla Fronteriza.
El evento fue organizado por un grupo llamado Gente Ayudando a Gente en la Zona Fronteriza (People Helping People in the Border Zone, PHP), como parte de un gran día de acción a través de siete comunidades de la frontera de Arizona, que pidieron la desmilitarización de la frontera entre Estados Unidos y México.
“Es como una zona de guerra todo el tiempo”, dijo Patty Miller, otra residente de la zona, con respecto a la presencia de la Patrulla Fronteriza en su comunidad.
Representantes de PHP dicen que su “plantón” duró varias horas, a pesar de una fuerte presencia de agentes armados que “utilizaron la fuerza física, tratando de mover a los residentes de regreso”. El Arizona Republic informó que solo cuatro o cinco agentes normalmente patrullan el puesto interno de control en Arivaca Road, pero que esos números se cuadruplicaron el miércoles, a la espera de la manifestación.
“Estamos aquí para escuchar los verdaderos problemas”, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Tucson, Manuel Padilla, al diario Los Angeles Times. Según Padilla, los manifestantes del punto de control “no entienden” el rol de la Patrulla Fronteriza para mantener segura a la comunidad.
La agencia sostiene que los puestos internos de control operan dentro de la ley, y que son necesarios para el evitar el flujo de inmigrantes no autorizados y de drogas ilegales.
Sin embargo, un número creciente de residentes de la zona fronteriza no están de acuerdo. Manifestantes en el puesto de control de Arivaca dijeron que se sienten amenazados por agentes federales armados que les impiden viajar, y que quieren que todos los puntos de control internos desaparezcan de las regiones cercanas a la frontera.
“Ustedes no tienen derechos aquí”
Han pasado ocho años desde que la Patrulla Fronteriza estableció el puesto de control “temporal” en Arivaca Road. Desde entonces, PHP ha ganado el apoyo de la comunidad en su oposición al punto, y representantes de la organización aseguran que 60% de las empresas locales apoyan ahora su cierre. En la protesta del miércoles, Maggie Milinovich, propietaria de un negocio local de Arivaca, aseguró que “una comunidad cerrada por todos lados es una barrera para los turistas … este punto de control está asfixiando a nuestra comunidad”.
PHP ha luchado por la eliminación del puesto de control durante los últimos dos años. En febrero del 2014, los organizadores comenzaron a monitorear la actividad de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control, registrando con fotografías y vídeos lo que ellos consideraban como un “ejército de ocupación”.
En abril del 2014, la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU) respondió a las llamadas de residentes, quienes aseguraron que agentes del cuerpo de control estaban impidiendo su derecho a filmar y perjudicando a sus monitores. James Lyall, abogado de ACLU, sostuvo que los miembros de la Patrulla Fronteriza dijeron a los residentes: “ustedes no tienen derechos aquí … son sospechosos solo por vivir aquí”.
Lyall mencionó que agentes en estos puestos de control se involucran de manera rutinaria en la vulneración de los derechos civiles, entre ellos “detenciones prolongadas, extensos interrogatorios totalmente ajenos a la verificación de la ciudadanía, perros antinarcóticos que alertan falsamente el contrabando inexistente para justificar búsquedas invasivas, insultos verbales, uso excesivo de la fuerza y la caracterización racial de los residentes latinos”.
“Zona libre de Constitución”
Las garantías de la Cuarta Enmienda contra “incautaciones y cateos arbitrarios” no se aplican cerca de la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con el DHS. La Patrulla Fronteriza dice que recibe su autoridad para detener, cuestionar y revisar a los viajeros de la “excepción de revisión en la frontera” establecida en la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) de 1952, y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.
No obstante, el aumento del activismo contra los puestos de control a través del suroeste de Estados Unidos en los últimos años ha obligado a las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a admitir que los viajeros mantienen el derecho a resistirse a los interrogatorios.
En respuesta a un incidente en un control cerca de Brownsville, Texas, el supervisor de operaciones en el sector del Valle del Rio Grande, Enrique Mendiola, dijo: “mientras una persona no está legalmente obligada a responder a las preguntas: ‘¿es usted ciudadano de Estados Unidos y/o hacia dónde se dirige[?]’, no se les permitirá continuar hasta que el agente de inspección esté convencido de que la persona que está siendo cuestionado está legalmente en Estados Unidos”.
Una “zona libre de Constitución“, es como la ACLU describe la zona de 100 millas aéreas a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos, donde la CBP ejerce su autoridad. Si bien estos puntos internos de control se encuentran principalmente en la región suroeste del país, el “área libre de Constitución” es tan grande que dos terceras partes de toda la población (aproximadamente 200 millones de personas) podrían enfrentar potencialmente el tipo de acoso que los residentes de Arivaca sufren hoy en día.
Hora de cerrarlo
Kristen Randall, quien alguna vez fuera relativamente neutral en cuanto al puesto de control, le dijo al Arizona Republic que se necesita más trabajo para lograr que este sea cerrado para siempre.
“Probablemente es ingenuo pensar que por nuestras acciones de hoy se va a cerrar el puesto de control. Pero tenemos que causar una ola de conciencia, para que la gente pueda ver que esto está sucediendo aquí, en Estados Unidos”.
Organizadores de PHP dicen que su “plantón” del miércoles terminó en un enfrentamiento con agentes de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Policía del Condado de Pima. Si bien nadie fue detenido, dicen que los agentes empujaron a los manifestantes fuera del área mientras la policía estaba presente “con armas de dispersión de multitudes”.
“Esta es una metáfora de la amenaza de violencia a la que nos enfrentamos todos los días los residentes que vivimos cerca de la frontera, a manos de la Patrulla Fronteriza”, dijo Sophie Smith, residente de Arivaca. “Es por eso que queremos que el puesto de control se vaya”.
