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EnglishDurante años, los agentes de la Patrulla Fronteriza han actuado con absoluta impunidad en la frontera sur de los Estados Unidos, disparándole a cualquiera – incluyendo ciudadanos mexicanos en el otro lado de la frontera – que ose amenazarlos con lanzarles una piedra.
Según las estadísticas de la propia Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos, sus agentes han disparado en 43 ocasiones desde el 2010 sobre personas que supuestamente les lanzaron piedras, matando a diez de ellas―algunas de 15 y 16 años―y sin que ningún agente haya sido identificado públicamente o sometido a acción disciplinaria alguna. Tal como ya lo he señalado en otras ocasiones, la evidencia disponible en los casos de José Antonio Elena Rodríguez y Sergio Adrián Hernández indica que ninguno de los dos niños representaba una amenaza, y que ni siquiera habían lanzado una piedra a nadie. Más bien, puede que Rodríguez haya estado acostado sumisamente boca abajo en suelo cuando fue ejecutado.
La Patrulla Fronteriza respondió a principios de este mes, provocando un efusivo elogio de los medios de comunicación, haciendo pública una nota interna que aborda la cuestión, junto con una copia redactada de su Manual Sobre Políticas de Uso de la Fuerza del 2010. Varios medios anunciaron un gran cambio en la política de la CBP, supuestamente restringiendo, incluso “prohibiendo” a partir de ahora, la práctica de disparar a matar sobre el terreno, y ordenando a los agentes a “comportarse con moderación“.
Los informes se basan en una cita de Michael Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza, que escribió la nota interna y declaró que la “fuerza letal sólo puede utilizarse si un agente tiene una creencia razonable, basada en la totalidad de las circunstancias, de que el sujeto de tal fuerza representa un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves al agente u otra persona”.
¿Será que los medios están sugiriendo que antes de la nota de Fisher la política de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. era disparar y matar a la gente a lo largo de la frontera que no suponía un “peligro inminente”?
Para maquillar aún más la situación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, lanzó el manual redactado de uso de la fuerza el mismo día que Fisher publicó su nota interna. Sin embargo, trascendió que una copia sin editar del mismo manual del 2010 ya había sido publicada en línea en enero, a raíz de una petición acorde a la Ley de Libertad de Información por parte del Centro para el Periodismo de Investigación.
Además, el lenguaje utilizado por Fisher en su nota es textualmente idéntico al utilizado en la política oficial sobre uso de la fuerza bajo la cual la agencia ha estado operando desde al menos el 2010, y probablemente desde mucho antes. En otras palabras, el lanzamiento del manual redactado de Johnson y del memo de Fisher, no son más que gestos políticos vacíos que no hacen absolutamente nada para cambiar la política real bajo la que la Patrulla Fronteriza ha estado actuando durante años.
Estimado ciudadano, puede descansar tranquilo, lo protegeremos con más vigilancia
De la misma manera, Jeh Johnson ahora está supuestamente “considerando” una propuesta para dotar a los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno con cámaras de vídeo similares las que usan los oficiales de policía locales en algunas ciudades de del país.
El uso policial de cámaras corporales se ha disparado en los últimos años, a medida que la tecnología avanza para hacer el equipo más fácil de usar, más barato, y menos engorroso de llevar puesto. De hecho, se han hecho tan populares que algunos departamentos de policía están incluso cancelando sus contratos de sistemas de cámaras empotradas en el tablero de los automóviles policiales, enfocándose exclusivamente en las nuevas cámaras corporales, que tienen el tamaño de un lápiz labial.
Supuestamente, el propósito de que los policías trabajen con cámaras corporales es proporcionar un registro audiovisual de todas las interacciones con la policía que pueda ser usado como evidencia (al igual que todo lo que uno diga “puede y será usado en su contra”), así como para controlar el comportamiento tanto de civiles como policías y reducir al mínimo el uso de la fuerza. Respecto a la eficacia de las cámaras corporales para “mejorar las prácticas policiales”, el argumento se basa casi exclusivamente en un solo estudio llevado a cabo por el jefe de policía Tony Ferrar y el Dr. Ariel Barak en Rialto, California, y ha sido ampliamente difundido y comentado en los medios desde su lanzamiento el año pasado.
La idea de que la “vigilancia pasiva” puede tener un efecto “socialmente beneficioso” en general no es nueva en absoluto. Lo hemos sabido durante los últimos 80 años. El estudio Rialto llega esencialmente a la misma conclusión que el experimento de Hawthorne concluido en 1932, que dio nombre al “efecto Hawthorne”―en general, la gente cambia su comportamiento cuando sabe que está siendo observada.
Es el mismo argumento para el uso de CCTV, cámaras de luz roja, y otras formas “pasivas” de vigilancia pública. De hecho, ahora que todos sabemos que nuestros datos electrónicos están siendo filtrados por la NSA, se podría argumentar que esto también califica como una nueva forma de “vigilancia pasiva”. Sabemos que está ahí, no “se interpone en nuestro camino”, y frecuentemente le quitamos importancia porque “no tenemos nada que ocultar”.
En todos los casos opera el mismo principio. La cuestión que se plantea es si estamos dispuestos a aceptar un extenso sistema de vigilancia panóptica en nombre del bien común.
Cuando se trata de cámaras corporales en la policía, y ahora puede que también en la Patrulla Fronteriza, algunos libertarios civiles parecen pensar que sí lo estamos. La Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU), por ejemplo, se ha pronunciado a favor de esta tecnología. Jay Stanley, un analista senior de políticas en la ACLU, fue citado en el New York Times diciendo: “No nos gustan las redes de cámaras de vídeo gestionadas por la policía que se están instalando en un número creciente de ciudades. No creemos que el gobierno deba vigilar masivamente a la población. [Sin embargo] cuando se trata de la ciudadanía vigilando al gobierno, eso nos gusta”.
Aunque simpatizo con el argumento de que el gobierno en general, y la policía en particular, merecen un mayor control sobre su autoridad, hay una serie de errores en la declaración de Stanley.
Para empezar, el material audiovisual capturado por las cámaras corporales queda totalmente bajo el control de la policía, dentro de una red muy bien protegida por cada departamento policial, similar a lo que sucede con las cámaras de tablero automotriz o cualquier otra forma de vigilancia policial. No nos equivoquemos, la policía sigue filmándonos a nosotros, no al revés.
Pensemos por un momento por qué tantos departamentos de policía de todo el país se han apresurado a subirse al carro de la cámara corporal, mientras que al mismo tiempo se han opuesto firmemente al derecho de los ciudadanos de grabar sus encuentros con la policía en sus teléfonos inteligentes o cámaras de vídeo personales. ¿Podría ser que además del monopolio de la fuerza del que disfrutan, también querrán monopolizar el registro histórico del uso de esa fuerza? ¿Por qué será?
Los teléfonos con cámara de vídeo son tan omnipresentes hoy en día, que prácticamente cualquier persona que quisiera dejar constancia de su encuentro con un policía tiene la capacidad técnica para hacerlo. Es mucho más beneficioso proteger rigurosamente el derecho individual de los ciudadanos de grabar de manera voluntaria y activa el comportamiento de los funcionarios públicos, que confiar pasivamente “la vigilancia” a “los vigilantes” en sí mismos.
En segundo lugar, y quizás más importante, el uso judicial de cámaras corporales como solución final del uso excesivo de la fuerza es un ejemplo más de las muchas formas en las que a menudo buscamos el “camino de menor resistencia” como sociedad, e intentamos tratar el síntoma en lugar de la enfermedad.
El hecho es que los agentes de policía, y más aun los agentes de la Patrulla Fronteriza, actúan con impunidad porque se les ha otorgado impunidad.
En un caso tras otro, incluso cuando existe evidencia audiovisual que establece claramente su culpabilidad, los agentes de policía rara vez son condenados. Los agentes de la Patrulla Fronteriza no sólo nunca ven el interior de una sala de audiencias, sino que el público ni siquiera se entera de sus identidades.
Esa es la variable inconveniente que el estudio de Rialto no consideró, y que los libertarios civiles no deberían ignorar. Es importante tener en cuenta que el estudio de Rialto se llevó a cabo en el transcurso de un solo año, y justo después de que las cámaras corporales se implementaron por primera vez. Lo que tenemos que entender es que cualquier posible efecto Hawthorne observado en el ámbito policial como resultado de la instalación inicial de la tecnología de grabación de vídeo, tenderá a desaparecer con el tiempo, especialmente cuando el oficial de policía que se “observa” no tiene ninguna expectativa razonable de que su comportamiento será alguna vez cuestionado.
Una vez que se toma en cuenta el efecto del observador y éste deja de ser un factor, todo el programa se basa completamente en la premisa de que la policía se dedicará honestamente a auto-reportar su mala conducta, y se inclinará a investigar adecuadamente las fechorías internas. Este es un acto de fe increíble, teniendo en cuenta la historia de la “delgada línea azul”―o la de la verde y bastante más gruesa, como en el caso de la Patrulla Fronteriza.
Hay, sin embargo, una solución real a este problema―una solución mucho más eficaz, pero que requiere un mayor grado de responsabilidad y participación activa por parte del público: Exigir justicia. Curar la enfermedad. Enjuiciar y condenar a los agentes infractores del estado.
