EnglishLa semana pasada, tuvimos conocimiento de dos incidentes, no relacionados entre sí, que involucraban al Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, en Deming, Nuevo México, y los esfuerzos extraordinarios que los agentes realizan cuando llevan a cabo búsquedas de droga de “rutina” .
Luego de ser testigos de una violación menor de tránsito, los oficiales Bobby Orosco y Robert Chavez sospechaban del delincuente, David Eckert. Sus “glúteos apretados” llamaron la atención de los agentes, quienes obligaron a Eckert a someterse a una serie de exámenes médicos invasivos y humillantes.
Los oficiales ordenaron a los doctores realizar radiografías, examinar el recto del detenido con los dedos y penetrarlo repetidamente con un enema, además de obligarlo a defecar reiteradas veces lo observaban. Luego de que esta búsqueda no arrojara ningún resultado, la policía ordenó entonces que se realizara una colonoscopia, penetrando en su cavidad anal por cuarta vez, nuevamente sin encontrar ningún vestigio de drogas.
Si no fuera por la insignia que indica que los agresores son agentes debidamente autorizados por el Estado y, por lo tanto, inmunes a las reglas bajo las que usted y yo vivimos, este acto de violencia física se consideraría, mínimamente, violación en primer grado.
Después de que se conociera la noticia del tratamiento que David Eckert recibió por parte de la Policía de Deming y la consiguiente acción legal contra ese Departamento, otro hombre, Timothy Young, se dio a conocer para denunciar un hecho similar.
Más recientemente, otra víctima de esta insana “guerra contra las drogas”, una mujer no identificada de Nuevo México, denunció su caso en el ACLU y compartió su historia, en la que fue sometida a un abuso casi idéntico por otra rama demasiado entusiasta de la policía.
A través de su abogado, Laura Schaur Ives, Directora Legal del Departamento de ACLU en Nuevo México, la mujer declaró que se considera a una víctima del abuso sexual perpetrado por la Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection – CBP) en El Paso, Texas.
Mientras cruzaba la frontera en Ciudad Juárez, México, la Patrulla Fronteriza llevó a la mujer al área de inspecciones, luego de ser alertados por un perro detector de drogas. Los agentes realizaron entonces un registro corporal que incluyó insertar por la fuerza sus dedos en la vagina de la mujer, buscando las drogas. Al igual que en los casos de David Eckert, Timothy Young y el Departamento de Policía de Deming, el registro no contentó a los agentes federales, que realizaron un examen aún más invasivo.
Después de evacuaciones forzadas, radiografías, exámenes “bimanuales” (dos manos) anal y vaginal, e incluso una tomografía computarizada, no se encontró rastro de droga. Y todo se realizó sin el consentimiento de la mujer.
En respuesta a las acusaciones, Doug Mosier, vocero de CBP, emitió una declaración en la que se lee: “Nosotros [CBP] no toleramos la corrupción y el abuso dentro de la fuerza, y cooperaremos plenamente con investigaciones administrativas o penales que se basen en la supuesta mala conducta de nuestro personal, en servicio o fuera de él.”
Si investigaciones anteriores sobre abusos cometidos por la Patrulla Fronteriza son un ejemplo, las palabras de Mosier deben significar que la CBP mantendrá un férreo control sobre la situación, sus agentes involucrados no recibirán ningún tipo de pena y la agencia estará a la espera de que el denunciante, eventualmente, olvide la situación.
Una vez más, tenemos ejemplos claros de abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad, desde la Policía local hasta los agentes federales de la frontera, derivada de una premisa totalmente errónea y cada vez más extraña. El Estado tiene tanta voluntad de protegernos de los “daños” que causan los narcóticos ilegales, que nos causará mucho daño psicológico y físico para prevenir que nos dañemos nosotros mismos.
En cada uno de los casos mencionados antes, ningún droga fue encontrada en la víctima, y sus historias son conocidas solo porque ellos son “inocentes”. Si David Eckert, Timothy Young o la mujer en El Paso se hubiesen encontrado en posesión de sustancias ilegales descubiertas como resultado de una violación legalmente aprobada, la reacción del público – si es que la había – hubiese sido muy diferente.
De alguna manera, las acciones de la policía se consideraran menos ofensivas si se demuestra que fueron llevadas a cabo efectivamente en pos de un “bien mayor”.
Si el Estado no solo nos impide tomar decisiones acerca de las sustancias que introducimos en nuestros cuerpos, sino que también utiliza esta prohibición para violar nuestros cuerpos, entonces ¿qué somos? Sea lo que sea, no somos libres.
Traducido por Sofía Ramirez Fionda.