EnglishHonduras empieza el año 2014 estrenando nuevo gobierno. Aunque, en realidad, el “nuevo” gobierno es una continuación de la pasada administración, que gobernó ya por cuatro años: el Partido Nacional de Honduras ha ganado, por primera vez en la historia democrática de Honduras, dos mandatos presidenciales consecutivos.
A pesar de esta “continuación”, nos queda la esperanza (o duda) de que el nuevo presidente – Juan Orlando Hernández – y su gabinete, tomen esta oportunidad y este año que se inicia, como una página en blanco en el libro de este país, libro que aún aguarda que se escriban sus páginas de libertad, generación de empleo, crecimiento económico, libertad empresarial, mayor inversión y desarrollo.
Sin ánimos de parecer pesimista, lo anterior se avizora como difícil de cumplir, ya que sin haber siquiera tomado posesión, el nuevo gobierno ya impulsó y aprobó un nuevo “paquetazo fiscal”. El mismo, contiene una serie de medidas que incrementan los impuestos de manera catastrófica. Es lamentable que Hernández no haya optado por la vía de incrementar el ingreso estatal sin aumentar impuestos, sino propiciando la inversión privada y reduciendo el gasto gubernamental como porcentaje del PIB, como lo han hecho países como Perú o Colombia.
Dentro de estas disposiciones tributarias, se aumentó la tasa del Impuesto sobre Ventas de 12% a 15%, así como un aumento de Lps 5,30 ó US$0,25 a los combustibles y otra serie de incrementos en varios productos, incluidos alimentos de la canasta básica. A la par de esas medidas, es muy probable que ocurra también un mayor y más rápido deslizamiento de la moneda y por ende un proceso inflacionario.
Se esperaría que de igual forma, el Estado controle también el gasto corriente y se implementen políticas que atraigan y garanticen la seguridad a las inversiones, como medio para la generación de empleo e ingresos.
Los indicadores de la economía hondureña en los años 2012 y 2013, presentaron una severa crisis, especialmente en el déficit fiscal, que alcanzó el 6% del Producto Interno Bruto, equivalente a más de Lps 25,000 millones (más de US$ 1.000 millones), debido a la caída de los ingresos y el aumento de los gastos, al incremento desmedido del endeudamiento, tanto interno como externo y a la pérdida de Reservas Internacionales y reducción de la inversión pública. La inflación llegó a un 5,4% y el crecimiento alcanzó un 3,3%.
Sumado a lo anterior, predomina en el país la tradición de una persistente corrupción (es el país más corrupto de Centroamérica según Transparency International) y una desmesurada burocracia, que hasta el mismo presidente Porfirio Lobo ha condenado. Estas son prácticas que se han perfeccionado con el tiempo y que han ido socavando el gran potencial que el país posee. Las tasas de subempleo y desempleo así como el porcentaje de pobreza, son otros aspectos negativos.
Las pasadas elecciones de noviembre del 2013, tuvieron un resultado desconcertante: en medio de una dura campaña, el candidato ganador obtuvo la victoria con apenas el 36,89%, marcando el colapso del histórico sistema bipartidista hondureño. El segundo lugar lo ocupó el partido LIBRE, una fuerza política emergente nacida tras la crisis política que enfrentó Honduras en el año 2009, liderada por el ex Presidente Manuel Zelaya, y que llevó como candidata a la presidencia a su esposa, Xiomara Castro.
El país enfrenta, entonces, un serio desafío de gobernabilidad debido a la persistencia de una alta polarización política y del fraccionamiento parlamentario que obstaculizaría la posibilidad de llegar a acuerdos y aprobación de leyes, dado que el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández no alcanzó la mayoría en el Congreso Nacional.
No obstante y a pesar de todo, el futuro puede ser prometedor, ya que los políticos hondureños podrían estar ante la posibilidad de finalmente aprobar necesarias reformas y legislaciones que representarían el tan anhelado desarrollo para el país: las Zonas Exclusivas de Desarrollo Económico (ZEDE) y la privatización de varias oficinas públicas a través del mecanismo de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que tienen como propósito atraer inversión privada, en especial extranjera para la ejecución de obras públicas.
La legislación ZEDE autoriza la creación de “Start Up Cities“, que operarán bajo la supervisión pero no el control directo de la administración central y que se pueden crear a través de dos procesos: mediante un referéndum entre los electores que aprueben la creación de su ZEDE local o declarando regiones con menos población como sujetas al régimen actual.
Su objetivo es atraer a inversionistas extranjeros con el incentivo de bajos impuestos, libre comercio, salvaguardias institucionales contra la interferencia política y gobiernos transparentes, con barreras de entrada bajas para que la competencia sea alta. Esto conllevaría a la creación de empleos, motivando a los hondureños a quedarse en su país y no a querer huir en busca de mejores oportunidades.
En las ZEDE, se pueden desarrollar centros financieros, centros internacionales de logística, distritos de energía renovable, zonas o áreas agro-industriales, áreas especiales de turismo, zonas mineras y zonas forestales.
Desafortunadamente, la creación de estas Zonas todavía provoca una gran oposición dentro del país, incluyendo duras críticas, sobre todo de sectores de la izquierda y diversos grupos étnicos que acusan de traición a los promotores del proyecto (en sus propias palabras, los acusan de “vender el territorio hondureño al mejor postor”). Estas reformas y la creación de las ZEDEs requerirán de la conformación de alianzas en el Congreso Nacional.
Para alcanzar la prosperidad, los países en vías de desarrollo deben demostrar con acciones cuanto la anhelan. Sin embargo, Honduras todavía no ha hecho este compromiso con la libertad y el crecimiento. Tanto gobernantes como ciudadanos, que son quienes eligen a dichos mandatarios, no terminan de comprender que es únicamente la empresa privada (pequeños, medianos y grandes empresarios) la que tiene la capacidad de generar empleo, y que es la única fuente de progreso y bienestar.
Démosle el beneficio de la duda a las nuevas autoridades y digamos que en Honduras, el vaso está medio lleno, y que hay una clara oportunidad para desarrollar la democracia y vivir en libertad, dentro de un Estado de Derecho, con mayor seguridad ciudadana, más transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, servicios públicos de mejor calidad en materia de educación, salud y transporte.
El reto ahora es lograr un pacto para alcanzar la efectiva y exitosa implementación de las reformas, generando riqueza, reduciendo la interferencia gubernamental en la actividad económica y fomentado el espacio para el desarrollo y crecimiento de la libre empresa.