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Una llamada del presidente chileno, Gabriel Boric, a su antigua psiquiatra, Josefina Huneeus, lo tiene en problemas. El mandatario marcó a uno de los 26 teléfonos que mantiene pinchados la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar el presunto fraude al fisco y tráfico de influencias cometido por la fundación ProCultura junto a otras 60 organizaciones afines al Ejecutivo.
“Yo estoy bien, estoy bien”, le confiesa Boric a Huneeus, justo antes de comentarle que tenía dos motivos para el contacto: el primero era conocer cómo se encontraba en líneas generales y el segundo era comprender una serie de certezas con respecto al proceso de la Fiscalía contra la fundación ProCultura, liderada por su exesposo, Alberto Larraín.
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El mandatario quería saber si Josefina Huneeus estaba implicada en las irregularidades que se indagan contra la organización, al figurar como receptora de transferencias de fondos públicos destinados, al parecer, a la campaña de candidatos que postulaban a alcaldías y curules en la primera Convención Constitucional.
Dudas con irregularidades
Ocho páginas componen la transcripción de la llamada que recoge el diálogo sostenido por ambos el 14 de octubre del año pasado, a las 19:26:
Gabriel Boric: “¿ProCultura existía? ¿Hacía cosas? ¿Era de verdad?”.
Josefina Huneeus: “Doy fe con fuego que los proyectos se ejecutaron a totalidad. El problema se genera cuando en junio sale este cagazo y les cortan todas las platas. Vivían en una precariedad y en un equilibrio muy, muy delgado y no tenían holgura. No tenían respaldo de nada, que era parte de la responsabilidad de manejo financiero”.
Estas fueron las palabras de la psiquiatra antes de señalar que “a fines de junio ocurren faltas, porque gasta platas de otros proyectos, echa mano a otros proyectos y ahí ocurre la apropiación indebida”.
Esta conversación filtrada por The Clinic habla sobre el caso que corresponde a una de la pesquisas que ejecuta el Ministerio Público en el marco de la causa Convenios. Allí se investiga el posible desvío de 90 millones de dólares por medio de contratos del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y gobiernos regionales a través de fundaciones aliadas de La Moneda.
Trapos sucios al aire
La llamada de Boric expone detalles ocultos del funcionamiento de ProCultura. Uno de ellos es la muerte reciente de un funcionario de la fundación, quien se desempeñaba como encargado de trámites y enviar mensajes entre personas o entidades y sería un testigo clave en la indagatoria, pero falleció esperando el pago de sus cotizaciones previsionales para acceder al sistema de salud.
Tras filtrarse estos detalles, Huneeus salió al paso y señaló esto como un espionaje. La psiquiatra denunció “intromisión ilegal” con este “pinchazo” en un recurso de amparo interpuesto en las últimas horas, donde alega “grave vulneración de la intimidad y la libertad individual”. En el documento presentado indica que la interceptación fue un “error”, bajo la suposición de que “le pertenecía a otra persona”, en este caso, a Alberto Larraín. Incluso, cuestiona a la Fiscalía Regional de Coquimbo al optar por mantener la escucha, a pesar de saberlo.
Sin embargo, la medida ya no podrá ocultar que aprovechó el ring de Boric para pedirle ingresar a Mejor Niñez o a la cartera de Salud: “Me da lo mismo, donde sea. Me importa un huevo”, dijo en la llamada interceptada por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el Ministerio Público solicitara intervenir tres líneas telefónicas a nombre de Larraín, una de las cuales usa la psiquiatra.
Escuchas bajo presión
Hasta ahora el monto de los aportes triangulados de ProCultura para impulsar a dos aspirantes a cargos de poder público ronda los cuatro millones de dólares. Al respecto, un reporte de BioBío precisa que la Fiscalía investiga el financiamiento de las campañas de Sebastián Balbontín, quien postulaba a la Alcadía de Limache como abanerado de Revolución Democrática y el Frente Amplio, y de Elizabeth Aguilera, quien postuló a la Convención Constituyente por Independientes No Neutrales.
Estos hallazgos impulsan al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. El persecutor ya solicitó dos veces interceptar las llamadas del celular del presidente y acceder a sus mensajes de texto desde 2021 a la fecha y la ubicación georeferenciada de su equipo basándose en conversaciones interceptadas donde una tercera persona habría mencionado que Larraín gastó dinero en la campaña electoral del actual mandatario.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó por falta de antecedentes las peticiones. Mientras, la Corte de Apelaciones de la ciudad, estableció un plazo de 24 horas a la magistrada, Sissi Bertoglio, para que entregue un informe donde sustente la resolución en la que autorizó a mantener interceptado el teléfono de Huneeus.
Para el exsecretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de Tarapacá, Carlos Navarrete, el caso es simplemente escandaloso. Cree que “si lo hubiera hecho un presidente de derecha, la izquierda estaría incendiando Plaza Italia. La inmoralidad de este gobierno es brutal” sostuvo en su cuenta de X.
