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Llegar al sillón presidencial de Chile o ganar un curul en el Congreso no es el propósito real detrás del caudal de candidatos que postula a los comicios del próximo 16 de noviembre, sino el acceso al reembolso del dinero por cada voto obtenido y del gasto de campaña declarado ante el Servicio Electoral (Servel).
La cita en la que se elegirá no sólo al jefe de Estado sino también a los 155 miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 escaños que conforman el Senado genera interés económico. Esto debe a que el Estado entrega 1500 pesos chilenos, equivalentes a 1,6 dólares, a candidato por cada voto obtenido en primera vuelta. El monto es atractivo, considerando que quien contabilice al menos 100.000 sufragios ganaría 150 millones de pesos, cifra que ronda los 160.000 dólares.
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Ello explicaría el boom de 387 aspirantes que buscan el patrocinio de 35.000 electores, con el fin de formalizar la inscripción de su candidatura. La mayoría son independientes.
“La política se está convirtiendo en una PYME y en un lucrativo negocio”, señala María Jaraquemada, presidente de la comisión de probidad, en su columna publicada en ExAnte. Allí se pregunta si la política será el nuevo emprendimiento de oro.
Para recibir el reembolso por los votos contabilizados y los gastos de campaña, se deben cumplir ciertas condiciones: la cuenta de ingresos y gastos electorales debe tener el aval del Servel; los gastos presentados no deben estar financiados con aportes propios, de terceros, del partido ni con créditos; y las boletas consignadas deben corresponder al período de campaña.
Oportunidad de fraude
Ese reintegro en dinero de los votos registrados en la contienda, así como también de los gastos de campaña, es un campo fértil para irregularidades. “No es descartable que alguien se pase de listo e intente hacer un fraude al fisco, ya sea inflando gastos o presentando facturas ideológicamente falsas cuando tienen un éxito electoral no esperado”, asegura Jaramaqueda. Ello es posible con la contratación del entorno como “prestadores de servicios”.
Por esta causa ya hay investigaciones hay. Uno de los primeros en figurar en la lista es el excandidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, luego de que la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, lo acusara de fraude al fisco, por la entrega de dos facturas —de 170.000 dólares y 180.000 dólares, respectivamente— emitidas por la compañía de Cono Sur Research SPA, propiedad de su asesor, Cristián Warner, en 2013 con “antecedentes falsos”, buscando obtener una subvención estatal electoral.
Sobre el expediente, la persecutora indicó que “la estimación del perjuicio fiscal dice relación con los montos que fueron aprobados en la devolución por gasto electoral”.
Otra que permanece bajo averiguaciones penales es Karina Oliva, dirigente del Frente Amplio que lidera Boric. En su caso, las investigaciones son por financiamiento irregular durante su campaña a la gobernación metropolitana de Santiago. Desde noviembre de 2021, el Ministerio Público inició averiguaciones luego de que desde el Servel se objetaran por “inconsistencias u omisiones graves en los gastos electorales rendidos” al menos 115.000 dólares en boletas y facturas presentadas como gastos del partido Comunes para su promoción.
Deudas pese a reformas
La aprobación reciente de una reforma legal apunta a evitar engaños con fines de lucro. Esta legislación se estrenó en las elecciones municipales y obliga a los candidatos a reportar al Servel durante la campaña algunos de los gastos electorales. Entre los señalados figuran arriendos de bienes muebles o inmuebles, así como los servicios prestados por terceros que sobrepasen un millón de pesos a los aspirantes políticos.
Sin embargo, más allá de la nueva disposición, aún falta la operatividad de un sistema más competitivo de proveedores estandarizado, por ejemplo, para la impresión de folletos o volantes, un gasto con tendencia a la opacidad.
Caer en la tentación deriva en riesgos, porque el reembolso por votos y gastos electorales, tal como indica su nombre, sólo se entrega para cubrir aquel monto de gastos autorizados y aprobados. “Esta es la razón por la que muchas candidaturas, más que hacer caja, terminan muy endeudadas”.
