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El escándalo sobre la acusación de una presunta adicción a las drogas que tendría el presidente, Gustavo Petro, insinuada por su excanciller Álvaro Leyva en una carta divulgada a través de sus redes sociales, estalló en paralelo a la aprobación de un proyecto de ley en Chile que obligará a su homólogo, Gabriel Boric, a realizarse un test antinarcóticos.
Con 99 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados de la nación austral aprobó la normativa que también deberán cumplir ministros, jefes superiores de servicios, directivos de la administración del Estado, delegados presidenciales regionales, provinciales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
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Todos, al menos una vez al año durante el ejercicio de sus cargos deben someterse al test de drogas, cuyo resultado será público e implicará la toma de muestra de cabello en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud.
Candidaturas sin consumo
Según el documento del proyecto de ley del test de drogas, en Chile no podrá ser candidato a presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien registre dependencia a estupefacientes o sicotrópicos ilegales. La excepción a la medida estará permitida ante la justificación del consumo por un tratamiento médico.
Al Servicio Electoral le corresponderá ejecutar las filtraciones de los aspirantes. A partir de la entrada en vigencia del marco legal, el ente estará facultado para solicitar una declaración jurada a quienes postularán a los comicios regionales o municipales en donde acrediten no estar afecto a esta causal de inhabilidad. Además, esta declaración deberá contar con un examen médico que respalde el juramento hecho ante una notaría pública.
La celeridad para la entrada en vigencia está en manos de Boric tras la Cámara de Diputados aprobar una resolución que solicita la tramitación con urgencia del proyecto desde el Ejecutivo, ello significa, su rúbrica para la publicación oficial.
Antes de las presidenciales
La salida al Palacio de La Moneda del proyecto del test de drogas depende de la adaptación de las indicaciones que debe realizar la comisión de Gobierno del hemiciclo, liderada por el diputado Rubén Oyarzo. Sin embargo, el diputado aseguró que la tramitación será exprés para lograr su aplicación antes de las elecciones del próximo 16 noviembre.
Si el plazo se logra, los aspirantes a la presidencia junto a quienes postulan a alguno de los 155 curules de la Cámara de Diputados y a los 23 de los 50 escaños del Senado que serán escogidos, deberán acatar las disposiciones del test de drogas.
De esa manera, la diputada Paula Labra, quien presentó el proyecto, estima demostrar que “el consumo de drogas es incompatible con la administración pública”. Su visión coincide con la del excanciller colombiano, quien en su misiva vincula la ingobernabilidad de Petro, la corrupción y polarización política a su “problema de la drogadicción”.
La carta es dinamita. Petro la esquiva asegurando que es “adicto al amor” pero su defensa a la legalización de la cocaína para supuestamente frenar el narcotráfico, lo contradice, especialmente, porque este negocio ilícito afecta a comunidades vulnerables en regiones como el Cauca, el Putumayo o el Catatumbo.
