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Las faenas de la central hidroeléctrica que la Corporación de Agua y Electricidad de China (CWE, por sus siglas en inglés) construye en la región del BíoBío en Chile no volverán a ser las mismas. La rutina del proyecto Rucalhue está en crisis, luego de que un grupo de mapuches ejecutara el peor ataque incendiario en los terrenos de la obra, ubicados en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, en reclamo de sus tierras y la libertad de sus dirigentes apresados por terrorismo.
El ataque se planificó con detalle. En menos de veinte minutos, botellas de 330 mililitros cargadas con un acelerante cayeron entre las maquinarias, provocando las llamas que consumieron 47 camiones, dos excavadoras y una moto niveladora.
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Las pesquisas indican que 20 sujetos vinculados a la organización WAM (Weichán Auka Mapu) concretaron la operación y escaparon por los senderos rurales adyacentes a la zona del siniestro. Tras huir dejaron un mensaje claro con sus demandas: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche). Yordan Llempi, Matías Catrileo, presente en el Weichan (lucha). Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.
Sin culpables
Los autores del siniestro, hasta ahora sin identificación, esperaron hasta el fin de la ronda de control de Carabineros en el acceso de control de la obra, ubicado a 80 metros de la ruta Q-61 que conecta Santa Bárbara con Alto BioBío, para actuar. Según El Mercurio, una vez que la patrulla terminó la revisión “sin ninguna novedad”, comenzó el atentado por una zona lateral. Los camiones estacionados aproximadamente a un kilómetro de la puerta principal fueron el blanco principal.
De esa forma, los perpetradores de este delito exigen que vuelvan a las calles los comuneros que cumplen condenas entre 17 y 32 años de cárcel, por homicidios cometidos contra uniformados policiales.
Si se tiene en cuenta que en la cosmovisión mapuche, el Wallmapu abarca las regiones del Biobío y la Araucanía —Gulumapu, en mapudungún—, y las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa, significa que sus acciones se ampliarán.
A la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), le corresponde anticiparse a otro desmán y colectar antecedentes sobre el registrado en la sede de Rucalhue Energía SpA. Los operativos se realizan a una semana del aniversario institucional de Carabineros de Chile, el cual ya se enlutó el año pasado con el asesinato de tres uniformados en medio de otro ataque armado en la zona, justo en la víspera de la celebración.
China presiona por un negocio seguro
La presión por encontrar a quienes participaron en esta arremetida de los mapuches crece desde la Embajada de China en Chile, ante las pérdidas de cuatro millones de dólares contabilizadas debido a la quema de la maquinaria. Mediante un comunicado, la sede diplomática a cargo de Niu Qingbao, aboga por una investigación para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile.
El régimen de Xi Jinping sabe que arriesga una inversión de 350 millones de dólares en el proyecto que adquirió en 2021, luego de concretar una negociación con la empresa chilena Atiaia Energía, vinculada al holding brasileño Cornélio Brennand. Esta última compañía fue la que ingresó originalmente la central hidroeléctrica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013 y obtuvo tres años después una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Sin embargo, la transacción de Pekín arrastra protestas en su contra desde hace tres años. La última de ellas, enfocada en exigir su retiro de la zona, se anticipó por las redes sociales de Werkén Noticias.
Crisis detrás del atentado
Este último ataque incendiario de los mapuches, que ahora tuvo como objetivo una obra del conglomerado chino, expone la crisis de gobernabilidad en la zona, al superar los daños ocasionados a los tres atentados ocurridos en la provincia de Arauco (dos en 2022 y uno en 2021). En aquella oportunidad se reportaron 19 camiones perdidos. También se superpone al registrado en Valdivia en 2021, donde dos maquinarias y una bodega quedaron en cenizas.
Para la diputada Marlene Pérez, representante de la Unión Demócrata Independiente, la administración de Gabriel Boric sólo ha prorrogado el estado de excepción que rige en la región durante los últimos tres años, pero no ha tomado las medidas necesarias para “desbaratar estas bandas narcoterroristas”.
Además, el hecho ocurre a tres semanas de la creación del ministerio de Seguridad, cartera a cargo del exministro de Justicia, Luis Cordero. Al respecto, Pérez enfatiza que “un cargo tan importante no puede tomarse un tiempo en instalarse, debe actuar ahora”. Según el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, el próximo 30 de abril, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregará un informe sobre el conflicto en la zona.
