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Sólo falta la publicación en la Gaceta Oficial, pero es un hecho: Rosario Murillo, esposa del dictador sandinista Daniel Ortega, asumirá el control de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, tras la aprobación en la Asamblea Nacional de una reforma del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, la cual le permitirá fungir como “jefa suprema” del Ejército y los cuerpos policiales del país centroamericano.
¿Ya Daniel Ortega no tiene capacidades de dirigir a la cúpula castrense?, ¿es el comienzo de un posible retiro a corto plazo? La designación dispara las interrogantes sobre su salud, ya que arribó a 79 años en noviembre con insuficiencia renal crónica, un ataque cardíaco y lupus eritematoso en su historial médico. Esta última enfermedad suele acecharle aún, pues es una afección crónica autoinmune que afecta a las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos provocando inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.
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Juntos en todos
Daniel Ortega y Rosario Murillo fraguaron un piso normativo así, con el fin de mantenerse al frente de la Casa Naranja. Desde allí emanan todas las instrucciones que se ejecutan en la nación. En febrero, Ortega elevó al rango de “copresidente” a su esposa mediante otra reforma constitucional que disolvió la figura de vicepresidencia, para instaurar una presidencia compartida con ella.
De esa forma, aumentó el peso de Murillo en la dictadura, considerando que los “copresidentes” coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que la Constitución vigente reconocía como independientes.
La designación de la esposa de Ortega al frente del Ejército implicará también el control de la “policía voluntaria”, el cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional que opera en el país como un cuerpo parapolicial, para reprimir cualquier señal de descontento hacia el régimen.
Todos estarán en una misma línea, porque el Ejército deberá “coadyuvar con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y sus actividades conexas”, con el supuesto fin de “avanzar en la integración de las instituciones armadas”. Sin embargo, la oposición insiste en que la orden consolida la creación de aparato de represión política que el régimen sandinista usa contra la disidencia.
Además, se establece el arraigo de componentes simbólico e ideológicos por parte de todos los uniformados de los entes, quienes que deberán jurar el compromiso con el servicio de seguridad de la patria, no solo ante la bandera azul y blanca de Nicaragua, sino también a la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que representa el partido de Ortega. La medida es la oficialización de la derogación del principio constitucional de neutralidad política de las Fuerzas Armadas.
Represión sin freno
Murillo es radical. A ella se le atribuye la arremetida contra 3000 organizaciones civiles en Nicaragua, la desarticulación de partidos opositores, el cierre de medios de comunicación independientes y el retiro de la nacionalidad a más de 450 críticos, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos.
Incluso, se le acusa de disponer el uso de armas en las protestas de abril de 2018 en contra del régimen de Ortega que dejaron más de 300 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un intento de burlar su responsabilidad en el uso de la fuerza y represión ejercida, decidió retirar al país del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional en febrero, para esquivar el Examen Periódico Universal (EPU).
