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Las cifras de las violaciones en País Vasco son críticas. Según el Balance de Criminalidad 2024 emitido por el ministerio de Interior, los cuerpos de seguridad de Euskadi contabilizaron 302 expedientes por agresión sexual con penetración. El número representa un alza de 28 % en comparación con el año anterior y un 77 % más si se contrasta con la data de 2019. La tendencia se disparó. Los números desvelan que los casos se multiplicaron por cinco desde 2014.
De los tres territorios que conforman la comunidad autónoma vasca (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) el mayor número de casos en la medición más reciente lo registra Bizkaia con 160 denuncias, después sigue Gipuzkoa con 90 y Álava cierra con 45. Según la Fiscalía, el 64 % de los detenidos por delitos contra la libertad sexual en Bizkaia, es decir, los autores de al menos 40 casos, son de origen extranjero.
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El dato del origen de los agresores de las violaciones en el País Vasco, divulgado por primera vez por el Ministerio Público, expone el impacto de la inmigración, cuyo crecimiento en la comunidad en el último año alcanza el 13,5 %, en comparación con 2023. Actualmente, se sitúa en alrededor de 300.000 la cifra total de residentes extranjeros.
Los requisitos para obtener la nacionalidad española por residencia los condujo hasta la comunidad vasca, donde sólo necesitan haber vivido dos años en España, frente a los diez años exigidos a inmigrantes de otras procedencias.
Expedientes cada vez peores
El problema de las violaciones en País Vasco es grave, porque además suma el alza de los casos de agresiones sexuales cometidas al interior de los centros de menores tutelados, en los cuales los ataques perpetrados por adolescentes menores de 18 años acumulan 56 en 2023, una cifra que supone un aumento del 93 % respecto al año anterior. De acuerdo con La Gaceta de la Iberosfera, a estos datos se suman 24 casos de abusos sexuales en 2024 y un incremento del 40 % en las denuncias relacionadas con este tipo de delitos en menores.
Aunque el Ministerio Público en este contexto no precisa el origen de las víctimas ni victimarios, se sabe que en España hay unos 5300 menores no acompañados, cuyos países de origen más común son Argelia y Marruecos. Todos permanecen bajo la tutela del Estado hasta cumplir 18 años.
Separarlos por sexos para evitar que se produzcan nuevas agresiones es una de las primeras opciones que plantea Carmen Adán, fiscal superior de País Vasco, para revertir las cifras.
«Esta es una situación muy grave, no solo en la medida en que estamos hablando de víctimas, sino de nuevos patrones de autorías delictivas”, indicó tras alertar la participación de adolescentes vascos en delitos contra el patrimonio, la seguridad vial y la salud pública.
“Los expedientes son cada vez de mayor gravedad y los delitos tienen mucha repercusión social». De esa forma resumió la cadena que provoca la crisis en los centros de menores no acompañados.
Segregación por seguridad
Para la máxima funcionaria la derogación de los establecimientos mixtos es una necesidad con el objetivo contener la propagación de estos delitos de índole sexual en País Vasco. En esa misma línea, reclamó al Parlamento la designación de un grupo especializado para asumir los casos de conductas más graves en los tres territorios vascos (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava), considerando que existe uno en Zumárraga, el municipio guipuzcoano situado en la parte central de la comarca del Alto Urola.
Recordó que la entrada en vigencia hace dos años de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia establece que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con un grupo de investigación, detección y prevención en materia de actuación sobre los menores víctimas de violencia.
Su petición se basa en que “la sexualización de la sociedad, los problemas de afectividad que sufren los menores como consecuencia de sus contextos familiares disfuncionales y la explosión hormonal que se produce a determinadas edades” también inciden en el alza de las violaciones.
“Es rara la guardia en la que no hay una llamada por delito contra la libertad sexual en el ámbito de menores”, revela, tras señalar que “en muchos de los casos son menores de 14 años, que es el límite sobre el cual no podemos actuar con la ley del menor”.
