El precio de la evasión de la justicia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata de personas lo está pagando el departamento de Cochabamba. Su resistencia a la orden de detención emitida en su contra por la Fiscalía de Tarija, tras incumplir con una comparecencia hace dos semanas, detonó un Estado de Emergencia en la zona central del país, debido los bloqueos que mantienen sus simpatizantes en las vías terrestres, las cuales son indispensables para la conectividad comercial en el territorio.
El caos es absoluto. De los 21 puntos de bloqueos que se registran en la nación cocalera, 16 se ejecutan en las carreteras de Cochabamba que unen al occidente, oriente y sur del país.
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La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) está harta de la clandestinidad de Morales, quien desde el 10 de octubre ha optado por mantenerse prófugo, ante las dos acusaciones por presunta violación que pesan sobre él.
Comunicado del desastre
La organización emitió un comunicado donde declara Estado de Emergencia en todos los sectores que componen a la Federación, debido al daño irreversible que generan los bloqueos provocados por los seguidores de Morales con la interrupción al libre tránsito en el departamento. En la misiva divulgada por El Deber, revelan que la afectación económica al aparato productivo y de servicios de la región asciende a 832,6 millones de pesos bolivianos.
Insisten en que “el respeto a los derechos de una persona termina cuando afectan los derechos de los demás y en este caso, está siendo afectada toda la población en general”, luego de conocerse que la directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció el 7 de octubre dos presuntos hechos de violación de Morales que datan de 2014, cuando era presidente del país y las víctimas menores de edad.
Socialistas del conflicto
La fuga y los bloqueos impulsados por los seguidores de Evo Morales indignan. En ese sentido, la FEPC condena la falta de acciones concretas por parte del gobierno de Luis Arce para liberar las carreteras en Cochabamba, así como también la intransigencia de quienes atentan contra la libertad de circulación.
Cochabamba, sin duda, es hoy rehén del dirigente cocalero y sus seguidores, considerando que en el transcurso del año acumulan 61 días de bloqueo, que ya suman 4.286,1 millones de bolivianos en pérdidas, es decir, más de 620 millones de dólares.
Para los empresarios, las disputas entre Arce y Morales con una escalada de violencia “desangra la economía boliviana”, señala el comunicado al generar desabastecimiento de productos de primera necesidad, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos, la escasez de combustible, afectando las fuentes de empleo y también la continuidad de las empresas.
Protesta sin salida
Durante este viernes 25, Cochabamba se reunirá, a las 18:00, en un cabildo en la Plaza 14 de Septiembre en protesta por los bloqueos de Morales. Sin embargo, el problema persistirá. Ese es el único pronóstico cuando las organizaciones indígenas aliadas de Morales exigen la salida de Arce de la presidencia para abandonar las carreteras.
“Mientras más nos enfrente el Gobierno, más nos vamos a levantar, el bloqueo de caminos se mantiene hasta lograr las elecciones adelantadas” vocifera el dirigente campesino, Vicente Choque. Es, en esencia, la misma condición que plantea Morales, quien además exige una cumbre económica, la convocatoria a elecciones primarias y la elaboración de una agenda legislativa “que permita atender las demandas económicas, sociales e institucionales del país”.
¿Qué hará Arce? Por ahora, propone un “diálogo” pero su disposición para concretarlo parece poca al viajar a Rusia para la reunión de la XVI Cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, que se celebra en la ciudad de Kazán. Sobre el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, dejó el problema.
Al alto funcionario le tocó en ausencia de Arce, juramentar al nuevo fiscal General del Estado. Róger Mariaca, como la nueva autoridad del Ministerio Público en reemplazo de Juan Lanchipa, cercano al dirigente cocalero, quien antes de despedirse de su caso se opuso a la orden de aprehensión de Morales. ¿Habrá imparcialidad, objetividad, equilibrio y celeridad de la justicia? El caso de Evo lo demostrará.