El presidente de Chile, Gabriel Boric, no es el funcionario público con el salario más alto en el país austral, pese a su jerarquía de jefe de Estado. En el Congreso hay 35 trabajadores contratados por el Senado, cuyos salarios rondan los 17 millones de pesos, monto equivalente a uno 18170 dólares, que supera el sueldo de 7.634.385 pesos del mandatario.
Van desde un prosecretario hasta un tesorero titular con asignaciones especiales y contrato indefinido, quienes reciben en sus cuentas las altas remuneraciones. El escándalo publicado por La Segunda surge en medio de los pocos avances para la creación de una comisión autónoma y técnica que fijaría los topes de ingresos en la administración pública. Al senador socialista José Miguel Insulza lo espantan los montos. “¿Qué ha pasado con los trámites y las gestiones que se iban a hacer para intentar regularizar de alguna manera las remuneraciones?”, se pregunta.
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La respuesta es sencilla: nada. Ello, considerando que la comisión de cinco miembros (un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor o exsubcontralor de la Contraloría General de la República, un expresidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional y un exdirector nacional del Servicio Civil), que serían designados por el presidente con el acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio, no se ha concretado.
Desorden sin información
El presidente del Senado, José García Ruminot, quien pertenece al partido Renovación Nacional, insiste en que las remuneraciones que se perciben con fondos públicos deben ser acordes con la responsabilidad de la función que se realiza, tener una contraprestación efectiva y comprobable y estar debidamente publicadas, tal como lo ordena la ley.
¿Hay certeza de que esos tres requerimientos se cumplieron? “Se investigará”, responde la presidente comunista de la Cámara, Karol Cariola, tras admitir que desconoce la información en detalle sobre quiénes son los beneficiados con los jugosos pagos.
La revelación de los millonarios sueldos de un grupo de trabajadores del Congreso trasciende a tres meses de entrar en vigor el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que reajustó el salario mínimo hasta alcanzar, con gradualidad, los 500.000 pesos, un monto equivalente a 573 dólares.
Cámara irónica
Al interior del hemiciclo, la votación a favor de la iniciativa presentada por el Gobierno, contó con el respaldo unánime de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la misma que hoy descubre que los parlamentarios ganan veinticinco veces más que sus agremiados.
La cifra que beneficiaría en el país al menos a 940.000 trabajadores se autorizó elevarla de 410.000 a 440.000 pesos el 1 de mayo de 2023; luego, a 460.000 desde el 1 de septiembre de 2023; y posteriormente a 500.000 el 1 de julio de 2024.
Además, el revuelo por las sumas que perciben mensualmente los trabajadores del Congreso coincide con el escándalo que protagoniza la exministra de Educación y candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, por recibir durante cuatro años un sueldo de también 17 millones de pesos chilenos como académica en la Universidad San Sebastián, pese a su ausencia por largos períodos en España.
Si bien la institución es privada, 45,5 % de sus ingresos corresponde a pagos estatales por concepto de becas. Nadie espera una crítica o condena a la situación desde el gobierno del presidente Gabriel Boric cuando su promesa de una “administración con austeridad” hecha en campaña quedó solo en palabras.
De hecho, de los 24 ministerios que conforman el Ejecutivo, sin contar la Presidencia, diez remitieron solicitudes que incumplen el instructivo “sobre el buen uso de los recursos fiscales”. Todo ello salió a la luz en 2022, un año después de que el líder izquierdista tomara el poder.