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Nadie quiere decirlo, pero sí. El régimen de Nicolás Maduro estaría en condiciones de resistir los próximos cuatro meses en Miraflores hasta juramentarse en enero para atornillarse al poder con un nuevo mandato a pesar del anuncio de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones por el fraude electoral cometido el 28 de julio, ya que serían meramente simbólicas. Todo esto con el fin aparente de evitar otra ola migratoria de venezolanos y el aumento en los precios del petróleo antes de las elecciones presidenciales de 5 de noviembre, en los que la primera potencia mundial decidirá entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.
Aunque la imagen de Maduro está debilitada dentro y fuera del país, tiene a su favor la resistencia de Estados Unidos para “golpearlo donde más le duele”: la revocación de licencias a las compañías energéticas que operan en Venezuela, explica la agencia de noticias Bloomberg.
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Y es que, en efecto, la Administración de Joe Biden está reacia a suspender la Licencia General 41, que autoriza las operaciones de petróleo y gas de Chevron con Venezuela, la licencia a la petrolera francesa Maurel & Prom (M&P) para garantizar las operaciones de Petroregional del Lago, su empresa mixta con PDVSA, y a limitar de nuevo el retorno de los bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA al Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JPMorgan.
Sanciones puntuales e individuales
Esta vez, la estrategia de la Casa Blanca apunta a sancionar de forma puntual a los miembros del aparato electoral del chavismo con castigos individuales a los 15 funcionarios que contribuyeron con la ejecución del fraude del 28 de julio.
El panorama parece milimétricamente pensado por Caracas. Ya no resulta ninguna sorpresa que las elecciones en Venezuela se hayan adelantado de diciembre –como ha sido habitual– para julio, cuando Estados Unidos también está en un año electoral con la migración como epicentro del debate.
Para la analista de Eurasia Group, Risa Grace- Targow, el nuevo enfoque de EE. UU. con las sanciones a Maduro impide una negociación con mayor presión para inducirlo a abandonar el poder. El próximo 10 de enero es la fecha clave para la situación política de Venezuela. Ese día subirá al estrado de la Asamblea Nacional quien ejercerá el Ejecutivo hasta 2030. ¿Será Nicolás Maduro o Edmundo González? La respuesta es aún incierta, pero hay claridad sobre lo que representarían seis años más del chavismo en el poder, pero ahora bajo un mandato más abiertamente dictatorial tras haber quedado evidenciado que se robó las elecciones de manera descarada y sin que la comunidad internacional lograra hacer nada para frenarlo.
Estadía con consecuencias
La estadía ilegítima de Nicolás Maduro, sin duda, desatará la imposición de nuevas sanciones en contra de la dictadura. Para Estados Unidos será prioridad dejar atrás el acercamiento que propició Joe Biden desde su llegada a la Casa Blanca. Cualquiera que gane las elecciones en noviembre en EE. UU. y arribe al poder el 20 de enero en Washington, se encontrará con una brutal represión a manifestantes pacíficos en Venezuela, al menos 2400 detenidos después de los comicios presidenciales, una sentencia judicial írrita para ratificar el fraude electoral, un éxodo desbordado ante la desesperanza de los venezolanos y una comunidad internacional dividida frente el temor de que tolerar en el poder a un supuesto presidente que se robó sin disimulo unas elecciones se convierta en un efecto dominó que se replique por la región.
Lidiar con todo ello requerirá de una campaña de presión máxima para aislar aún más a Nicolás Maduro, al quedar claro que la indulgencia con el chavismo no solo fue ingenuidad, torpeza o buena fe, sino una evidente complicidad política frente a una tiranía que desconoce los escrúpulos.
Apretar la diplomacia es el camino más nítido si se tiene en cuenta que ni la liberación de Álex Saab –acusado por EE. UU. de ser el testaferro de Maduro– , ni la excarcelación de los sobrinos de Cilia Flores (la esposa de Maduro) condenados por narcotráfico, redujo la corrupción ni mejoró las condiciones en el país para permitir unas elecciones libres y transparentes como era había sido el trato para estos canjes, establecido así de manera más formal en el Acuerdo de Barbados, que el régimen no tardó también en incumplir.
