El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien funge como una de las principales figuras del Partido Comunista, no pisará la calle a corto plazo. El mandatario seguirá detenido en el anexo Capitán Yaber, tras el fracaso de la apelación presentada por su defensa ante el tercer juzgado de garantía de Santiago.
Ningún alegato del edil investigado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa, durante su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), revirtió la medida cautelar dictada el pasado 3 de junio.
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De acuerdo con La Tercera, la presentación de más de 30 levantamientos de secreto bancario, alrededor de 200 declaraciones e incluso, unos 50 informes periciales y policiales e incluso, contables, hundió la apelación de Jadue.
La evidencia llevó a la presidente de la Cuarta Sala, Jessica González, junto al ministro Tomás Gray y la ministra Lillian Leyton a mantener al alcalde detenido. En la nueva resolución de seis páginas emitida luego de la apelación de Jadue, los funcionarios señalan que “los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia y los elementos de juicio descritos por los intervinientes son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden de que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas”.
Incluso, el documento precisa que existen “indicios suficientes del concierto entre los diversos partícipes del actuar delictual y antecedentes, que llevan a presumir fundadamente que intervino desde su posición predominante, tanto como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, como de la presidencia de la Achifarp”.
Defensa en crisis
Daniel Jadue escuchó cada uno de los argumentos de la Corte de Apelaciones en compañía de su abogado, Ramón Sepúlveda, a quien le resultó inútil tildar de “injustificada y desproporcionada” la prisión preventiva. Insistir en que los antecedentes expuestos en la formalización por el Ministerio Público y de los querellantes impedían acreditar la existencia de los delitos imputados no sirvió de nada en el estrado.
Tampoco favoreció a la defensa desestimar en la apelación de Jadue que su posición de poder en la Archifarp configurara el delito de administración desleal. El discurso, simplemente, postró el plan de lograr otra medida cautelar como el arraigo nacional, la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta o el arresto domiciliario total o parcial.
La posibilidad de Jadue reincorporarse en su cargo también naufragó. La privación de libertad durante 120 días le impedirá volver a la municipalidad en los próximo 45 días, tiempo máximo que permite la ley a una autoridad ausentarse de su puesto.
Al mandatario le toca asumir que no se despedirá en diciembre de su tercer mandato, ni entregará el ente que dirigió más de una década a quien gane los comicios de octubre.
Amargo trago judicial
El proceso judicial se vuelve cada vez más complicado para Jadue. La fiscal Giovanna Herrera, del Ministerio Público, detalló junto con el abogado Mario Vargas, representante de la empresa Best Quality, las irregularidades que llevaron a una deuda impaga de más de 1,7 millones de dólares por parte de la Achifarp.
La intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) también complicó aún más la situación. El CDE, representado por el consejero Daniel Martorell como querellante, añadió más tensión al caso.
Frente a todo ello, el dirigente del Partido Comunista escuchó que “no se puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue reviste aún mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objetos de persecución penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión tanto en la Achifarp como en la entidad edilicia más si este fue creador y principal dirigente de la asociación”.
Jadue apela ahora a la lástima divulgando una tercera carta a la opinión pública. Allí en el texto, el funcionario aboga “por un Chile más justo, donde nadie se quede atrás”.