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La Fiscalía de Chile ejecuta bajo reserva una investigación contra empresas propiedad de libaneses que operan en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), al norte del país, por mantener sospechosos movimientos bancarios que servirían para financiar a la organización terrorista Hezbolá.
Las investigaciones se centran en Hatem Ahmad Barakat y sus dos hijos, Alí y Maysaa, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a la familia en la “lista de personas bloqueadas”, por realizar negocios que supuestamente apoyan a la organización armada musulmana y al narcotráfico internacional.
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El Servicio de Impuestos Internos de la nación austral detectó las irregularidades de las compañías de Barakat y, por lo tanto, las tipificó con alertas de categoría “alta”, por posible lavado de activos, según información recabada por ExAnte.
De acuerdo con la instancia, el comerciante libanés registra frecuentes movimientos vía terrestre. También señala que su empresa usuaria de la zona franca emite facturas por las ventas de sus mercancías a nombre de adquirientes que no tienen la capacidad económica para adquirirlas, considerando su perfil socioeconómico y los elevados montos facturados.
Además, este medio revela que la compañía de Barakat arroja una incapacidad logística para almacenar las mercancías que figuran en sus inventarios e incluso, destaca que comercializa productos de procedencia extranjera a precios inferiores a los del mercado, cuyos canales de distribución se concentran en el sector informal.
Un asunto grave
Las autoridades fiscales de Chile sospechan que las operaciones comerciales de Barakat tienen como objetivo encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de fondos y bienes obtenidos de manera ilegal. Para ello, introducen activos ilícitos en la economía, otorgándoles una apariencia de legitimidad a través del uso de actividades legales.
La Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía chilena recopiló las pruebas necesarias, pero “cuando se trata de una investigación confidencial o de naturaleza grave, el Ministerio Público no puede confirmar ni desmentir su existencia, especialmente en casos de esta envergadura”, declaró el fiscal nacional, Ángel Valencia.
“Este tipo de asuntos siempre se mantienen en reserva hasta que por conveniencia o utilidad de la investigación, ellos se hacen públicos”, dijo.
Sin embargo, el resultado de la averiguación parece predecible, debido a que el Ministerio Público de Paraguay condenó por estafa y falsificación de instrumento público a cuatro funcionarios del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en un caso que involucraba a Ali Hatem Barakat, quien aparecía el supuesto beneficiario de los antiguos terrenos del Aeropuerto de Capitán Bado.
Gobierno en alerta
En el gobierno de Gabriel Boric descartan la presencia de Hezbolá en Chile. Desde el Ministerio del Interior insisten en que “la potencial presencia de grupos internacionales de carácter terrorista, el gobierno y los organismos de seguridad e inteligencia hacen monitoreo constante e intercambian información con países amigos es una materia de permanente preocupación, que no surgió ahora”.
De hecho, en la comisión de Seguridad de la Cámara, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó que “no hay ninguna amenaza detectada de Hezbolá en Chile”, aunque tiene en sus manos desde finales de abril un informe de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que señala lo contrario.
Más allá del discurso, La Moneda admite que ha solicitado información a los organismos que corresponde a nivel nacional e internacional para profundizar sobre el caso.
Hay hechos que levantan las dudas, entre ellos, la detención de los iraníes Ali Bagheri y Abolfazl Delkhan, cuando ambos pretendían salir de Chile con pasaportes falsos. Ninguno de los dos logró abordar el vuelo de British Airways BA251 que los llevaría a Londres usurpando la identidad de los ingleses Jack Joseph Holliday y Frasr James Alisson. El equipo de migraciones los descubrió y ordenó arrestarlos.
Las medidas impuestas a ambos son cumplir con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de mantener comunicación entre sí. Sin embargo, estas medidas resultan poco contundentes cuando el domicilio declarado Bagheri, calle El Olimpo en la comuna de Maipú, corresponde a la ubicación que aparece vinculada a movimientos de Hezbolá desde 2017 en los informes de los Carabineros.
La justicia argentina, en cambio, ya responsabilizó a Hezbolá y al Estado de Irán del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos.
